Margallo cree “difícil” recurrir ante el Constitucional la declaración soberanista
El ministro de Exteriores recuerda que el Gobierno no permitirá un referéndum ilegal Arias Cañete sostiene que el texto aprobado ayer es contrario a la Constitución
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha apuntado esta mañana que el deber del Gobierno es "analizar las posibles consecuencias jurídicas y políticas de la declaración de Cataluña". También otro miembro del Gobierno, José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores, reconoció anoche que es difícil presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la declaración de Cataluña como un "sujeto político y jurídico soberano", al tratarse de un "texto retórico" que no es jurídicamente vinculante. Por tanto, no tiene consecuencias prácticas inmediatas.
El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, puntualizó que, si bien no tiene relevancia jurídica, "sí la tiene políticamente y por eso hay que ofrecer cuanto antes una respuesta política de todos los españoles" en defensa de la unidad. García Margallo dejó claro que el Gobierno "no permitirá" un referéndum de independencia que no se ajuste a la legalidad.
El ministro de Exteriores afirmó que la Unión Europea (UE) nunca aceptaría una independencia unilateral de Cataluña y ha instado a los partidos promotores de la declaración –CiU, ERC e ICV-EUiA– a que expliquen a los ciudadanos catalanes que, si se independizan, quedarían automáticamente fuera de la UE. Además, recordó que el derecho internacional solo acepta que la autodeterminación de los pueblos prevalezca sobre el principio de integridad territorial de los Estados en los pueblos colonizados, ocupados militarmente o que tengan negados sus derechos democráticos básicos. "Circunstancias que no se producen en Cataluña".
García Margallo también subrayó que la división en la votación del Parlament sobre este texto –rechazado por el PP, por Ciutadans y por el PSC– refleja la "fractura interna" que una declaración de este tipo produce en Cataluña. El ministro alertó, además, de que el hecho de abrir un periodo tal de incertidumbre favorecería la salida de las inversiones extranjeras del territorio.
García Margallo señaló que el texto que acredita a Cataluña para decidir su autodeterminación es contrario al artículo 1 de la Constitución, que establece que la soberanía reside en el pueblo español en su propio conjunto. En la misma línea ha ido Arias Cañete, quien ha recordado en la cadena SER que el texto también es contrario al artículo 2 de la Constitución. El ministro ha preferido reservarse su opinión respecto a la declaración soberanista: "Que actúen los servicios jurídicos".
Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, afirmó ayer mismo que iniciará "pronto" los contactos con el Gobierno para hablar del contenido del texto a favor del derecho a decidir. "Los contactos con Madrid empezarán relativamente pronto, en los próximos días o semanas, algunos serán públicos y otros privados, y servirán para construir y mantener abiertos los puentes de diálogo y de hablar de lo que se dice en la declaración del Parlamento". Mas recordó su voluntad de que la consulta de autodeterminación tenga "una base legal y acordada con el Estado".
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