El PSOE: “¿Cuántos Bárcenas más hay?”

El PSOE tiró este lunes por elevación: el problema no es solo el caso Bárcenas, vino a decir, sino cuántos casos similares puede haber enmascarado la amnistía fiscal: cuánto dinero de origen ilícito ha podido ser “blanqueado” por el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno el año pasado y que, según los socialistas, se ha ido “adaptando” progresivamente a las exigencias de los defraudadores a medida que estos pedían “más ventajas, más seguridad y más impunidad” para acogerse a la amnistía. “¿Cuántos Bárcenas más hay? ¿Cuántos fondos de origen ilícito, provenientes de delitos, han sido blanqueados en este proceso?”, preguntó la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, tras presentar en el Registro del Congreso varias iniciativas para reclamar una investigación.

El Ministerio de Hacienda niega que el extesorero del PP Luis Bárcenas se haya acogido a la amnistía fiscal —como ha asegurado el abogado de este— pero admite que podría haberlo hecho a través de alguna de sus empresas, porque esa información —quién está detrás de las empresas que se han acogido a la amnistía— es confidencial hasta diciembre de este año. El caso Bárcenas, con sus dos vertientes —los 22 millones acumulados por el extesorero en cuentas en Suiza, dato constatado por la investigación judicial de la trama Gürtel, y la sospecha de que Bárcenas pagó durante años sobresueldos en dinero negro a dirigentes del PP— es, “probablemente, el caso de corrupción más grave de la democracia”, según la portavoz socialista. Aunque ella ayer ni siquiera mencionó los supuestos sobresueldos; se centró en la “penosa, vergonzosa e indecente” amnistía fiscal.

El PSOE ha presentado tres iniciativas: una solicitud para que se cree una comisión de investigación parlamentaria —porque “ya no es momento de auditorías encargadas por el PP, sino de una auditoría en el Congreso”—; una proposición no de ley reclamando a Hacienda que ponga “urgentemente” a disposición de los inspectores del ministerio todos los expedientes de la amnistía fiscal, para que analicen el origen del dinero aflorado; y una proposición de ley pidiendo la modificación del artículo 95 de la Ley General Tributaria, que ahora declara reservados y confidenciales los datos tributarios. Los socialistas quieren cambiar el artículo para quitar esa protección a los datos incluidos en procesos extraordinarios de regularización; y, una vez modificada la ley, que en “15 días” el Gobierno “haga públicos los nombres” de quienes se han acogido a esta amnistía fiscal.

Rodríguez afirmó que su partido tiene “serias sospechas” de que la amnistía ha sido empleada para dar “cobertura” legal a personas que, como Bárcenas, estaban siendo investigadas por corrupción y han logrado así blanquear dinero de procedencia ilícita. Entre otras cosas porque las reglas del proceso, dijo, se han ido “adaptando” a las necesidades de los defraudadores. Puso tres ejemplos: la tasa inicial del 10% que iban a pagar quienes sacaran a la luz dinero negro se ha quedado en la práctica en el “1% o 2%”, porque una nota del ministerio aclaró que, si el declarante alega que atesoró sus bienes hace más de cuatro años, solo tributará el 10% de los rendimientos de esos últimos cuatro años, no del valor de los bienes, que quedan prescritos; después, otra orden estableció que los inspectores no podían tener acceso a los expedientes por tratarse de una regularización especial; y, por último, el artículo 305 del Código Penal ha sido modificado para eliminar el delito fiscal cuando el acusado paga lo adeudado (en realidad, la redacción anterior de ese artículo tenía en la práctica similares efectos).

A preguntas de los periodistas, Rodríguez se refirió también a la información publicada ayer por el diario El Mundo y según la cual en 2010 y 2011 la Fundación Ideas, vinculada al PSOE, adjudicó contratos por valor de “al menos 600.000 euros” a empresas relacionadas con un amigo del gerente del PSOE, con la hermana de la vicesecretaria general, Elena Valenciano, y con la mujer del director de la fundación. Rodríguez subrayó que “no hay absolutamente ninguna ilegalidad en esos contratos” y que tampoco pueden considerarse inmorales. “Es como en los partidos políticos, que, indudablemente, contratan a gente afín y de su ideología”, argumentó.

El presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, propuso este lunes que se prohíba “por ley” que los cargos públicos puedan recibir sobresueldos de sus partidos (aunque no sean en dinero negro), informa Manuel Planelles. Griñán sostiene que el simple hecho de que quienes ya cobran un sueldo de las instituciones reciban un complemento de sus partidos es un “fraude democrático”.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, reclamó que el Congreso celebre un pleno monográfico sobre corrupción “antes del Debate sobre el estado de la Nación de los días 20 y 21 de febrero”. Y que a ese pleno, “ineludiblemente”, asista el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.