La Generalitat Club de Fútbol

El 20 de mayo de 2004, en el aeropuerto sueco de Gotemburgo, había un hombre especialmente feliz. Recibía agasajos y lucía orgulloso una bufanda de su equipo, el Valencia, proclamado la noche anterior campeón de la Copa de la UEFA al vencer al Marsella por 2 a 0. Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, era entonces un gestor modélico, admirado por sus compañeros del PP en el resto de España. Miembro de varias peñas valencianistas, no dudó, en sus ocho años de presidente del Consell, en ayudar financieramente al Valencia y, por extensión, a los demás clubes de fútbol profesionales valencianos. Hasta el final de su mandato. Antes de renunciar, el 28 de julio de 2011, acosado y desprestigiado por su relación con la trama Gürtel, Camps dejó un último servicio: avalar, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), los diferentes préstamos que esos clubes, acuciados por deudas gigantescas, iba pidiendo. Un regalo envenenado para su sucesor, Alberto Fabra. El Valencia, el Hércules y el Elche ya han anunciado que no pagarán esos créditos: 118 millones de euros. Las entidades bancarias ejecutarán el aval de la Generalitat y esta se convertirá en la máxima accionista de tres clubes profesionales, contraviniendo la Ley de las Sociedades Anónimas Deportivas, que prohíbe controlar el 5% de más de una sociedad anónima deportiva en la misma competición.

Los impagos se le apilan a la Generalitat. A las farmacias, a las personas dependientes y a los hospitales de gestión privada, entre otros muchos. Y los recortes masivos disparan contra la educación, la sanidad y la investigación. Pero el Consell debe hacer frente ahora a la deuda de 86 millones con Bankia de la Fundación del Valencia CF, cuyo consejo de administración cobró una remuneración, en la campaña 2011-12, de 1.686.915 euros. Eso incluye el sueldo del presidente, Manuel Llorente, de 340.000 euros, y una indemnización al exvicepresidente Javier Gómez, de unos 700.000 euros, tras dejar Mestalla para fichar como asesor de la Liga de Fútbol Profesional.

De nuevo en 2004, Camps intervino en la lucha por el control del Valencia. Para evitar el regreso de Paco Roig, a quien considera un peligro, Camps invitó a asumir la presidencia a Juan Soler, reputado presidente de los promotores valencianos. Este embarcó a la sociedad en un proyecto faraónico: la construcción de un nuevo estadio y la venta de los terrenos del viejo campo. Coincidiendo con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la deuda se disparó hasta los 550 millones, el nuevo recinto se quedó a medias y el viejo Mestalla no puede venderse. Las pérdidas crecen con Vicente Soriano, heredero de Soler. Y Bancaja, principal acreedor del Valencia, puso a Llorente al frente de la entidad. Este frenó la sangría con dos frentes: la venta de las principales estrellas y una ampliación de capital de 92 millones. Los socios solo suscribieron 18 millones en acciones; del resto se encargó la Fundación con un crédito de 75 que, con los intereses, llegó a 86. Llorente expulsó de paso a unos inversores uruguayos de dudosas intenciones. Pero la Fundación no genera ingresos y no puede devolver el crédito, avalado por el IVF. La actual deuda del Valencia asciende a 387 millones: 200 de ellos a Bankia, a la espera de ser refinanciados, y 25 al Banco de Valencia. Contra su voluntad, el Consell se queda con las acciones de la Fundación, un 70% del total de la entidad.

Hace tres años, el Hércules subió a Primera y pidió un préstamo a la CAM de 18 millones, avalados, cómo no, por el IVF. Con ese dinero, el dueño del conjunto ilicitano, el empresario Enrique Ortiz (imputado por la supuesta financiación ilegal del PP), pagó las primas de los jugadores por ascender y una deuda con Hacienda. Como tampoco pudo devolver el crédito, la CAM, ahora Banco de Sabadell, ya ha ejecutado los avales. Con el 65% de las acciones, el Consell pasa a ser el dueño virtual del Hércules, en concurso de acreedores desde el año pasado. Claro que si no pagaba el Hércules, ¿por qué debería hacerlo el Elche? Los dos préstamos del club ilicitano, por un valor de 14 millones (nueve con la CAM y cinco con el Banco de Valencia), tampoco van a ser devueltos. Tercer club en posesión de la Generalitat: un 40% de los títulos. Pero no acaban ahí los avales del Gobierno autonómico. La Fundación del Levante también disfrutó de uno en el préstamo de 5,6 millones de La Caixa Penedés. Confía en comenzar a pagarlo este año. Ningún club valenciano se ha privado de los beneficios institucionales. El Villarreal, que el mes pasado renunció a cinco millones de ayudas públicas, cobró 20 millones en cinco años por publicitar en sus camisetas el aeropuerto sin aviones de Castellón. Es la otra herencia de Camps: la Generalitat Club de Fútbol.