El indulto de Justicia al kamikaze se tomó en contra de jueces, fiscalía y víctimas

El indulto de un conductor kamikaze por el Gobierno desató este miércoles una cadena de reacciones de rechazo. La concesión de una medida de gracia a un hombre condenado a 13 años de prisión por un delito de conducción grave con desprecio para la vida de los demás —causó la muerte a un joven de 25 años— recibió incluso un toque de atención por parte del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

“Como soy miembro del Gobierno, soy solidario” [con sus decisiones], declaró el ministro en una rueda de prensa posterior a su encuentro con responsables de Interior del PP. Pero, tras pronunciar estas palabras, Fernández recordó que la política del Ejecutivo es no conceder indultos a personas condenadas por delitos contra la seguridad vial, y advirtió. “Tendremos que estar atentos a estas cuestiones”.

El conductor indultado, un directivo de la firma Opel, tan solo pasó diez meses en prisión. El pasado 7 de diciembre, a propuesta del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros le conmutaba la pena de 13 años por dos años de multas de seis euros diarios.

La medida de gracia fue concedida con informes contrarios de la Audiencia Provincial, de la fiscalía y de las víctimas. Tan solo el informe elaborado por la prisión recomendaba la excarcelación del recluso.

Los hechos se remontan al 1 de diciembre de 2003, día en que Ramón Jorge Ríos Salgado, tras realizar una maniobra de cambio de sentido en plena autopista AP-7, condujo durante cinco kilómetros en dirección contraria, a alta velocidad, antes de estrellarse cerca de Polinyà del Xúquer (Valencia) contra el coche de José Alfredo Dolz España, de 25 años, que murió.

La familia de la víctima expresó ayer su indignación ante el indulto. Por su parte, el secretario general del PSOE valenciano, Ximo Puig, fue más allá: instó a la fiscalía a investigar si en la medida de gracia ha habido tráfico de influencias.

En el despacho de Uría y Menéndez que se ocupó la defensa de Ríos Salgado, trabaja un hijo del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Y el abogado que defendió al kamikaze es el letrado Esteban Astarloa Huarte-Mendioca, hermano del diputado del PP Ignacio Astarloa, que fue subsecretario de Justicia en el periodo 2000-2002. De ahí las voces que reclamaron que se estudiara el caso.

EL PAÍS contactó con el despacho del letrado Esteban Astarloa, que declinó hacer declaraciones. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también rehusó contestar a las preguntas de este diario. Sí lo hizo el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, el hombre que tramita los indultos en el ministerio. Bravo enfatizó el resultado de los informes del centro penitenciario en el que el conductor condenado pasó diez meses. “Dio inequívocas muestras de arrepentimiento”, declaró el subsecretario. El tiempo pasado desde el delito (diez años) y las reducidas posibilidades de reincidencia también pesaron.

Asimismo, Bravo adujo que la Audiencia Provincial había “desdeñado” los informes de la defensa, que aludían a un episodio de epilepsia como causante de los hechos. La sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Valencia, ratificada más tarde por el Tribunal Supremo, descartaba que un presunto episodio de epilepsia pudiera justificar “una conducta tan compleja y prolongada” como la del condenado, que realizó una maniobra de cambio de sentido descrita por un testigo como “plenamente consciente y deliberada”, según recoge el fallo judicial.

En cuanto a las acusaciones de posible tráfico de influencias, fuentes del Ministerio de Justicia dijeron que José Ruiz-Gallardón Utrera (hijo del ministro) nada tuvo nada ver con el indulto, puesto que es solo uno de los 538 abogados que trabajan en el bufete y, además, estaba en Brasil durante la tramitación del expediente.