La crisis de los informes anónimos agita a la policía

Desde que el PP gobierna en el Ministerio del Interior se han sucedido los informes policiales sin firma distribuidos a determinados medios de comunicación por agentes anónimos donde se destapan supuestas prácticas corruptas de políticos, en su mayoría adversarios del partido en el poder.

Mariano Rajoy eligió para dirigir la policía a un diputado, Ignacio Cosidó, muy activo en las denuncias contra el que fue ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde su llegada a ese departamento se han sucedido los problemas por la actuación de determinados agentes a los que nadie ha conseguido identificar todavía.

En abril de 2012, agentes de policia difundieron un informe donde relacionaban al entonces vicepresidente madrileño, Ignacio González —enfrentado a Mariano Rajoy en el último congreso nacional del PP— con la trama Gürtel, que supuestamente le habría pagado un ático del que disfrutaba en Marbella. El informe policial mezclaba datos ciertos con otros no contrastados que, además, habían investigado los jueces sin descubrir lo que los agentes consideraban como cierto.

Tras el ruido organizado por el caso, con una sospecha cierta pues González pagaba 2.000 euros de alquiler al mes a una firma domiciliada en Delaware a nombre de un abogado, Rudy Valner, experto en sociedades tapadera, el recién nombrado Comisario General de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, decidió abrir una investigación, que se cerró de inmediato sin resultados. El comisario, que ocupaba uno de los puestos más importantes de la cúpula policial, fue destituido unos días después.

En verano, otros policías airearon la supuesta corrupción del ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba por contratar a dedo a una empresa, Interligare, que espiaba a la sede del PP con un aparato comprado en Israel. La elucubración sin fundamento del informe policial basado en denuncias anónimas quedó en nada. Pero Asuntos Internos de la policia abrió expediente al agente que había impulsado el informe contra Rubalcaba por haber amenazado supuestamente al jefe de gabinete del director general de la Policía con filtrarlo a la prensa si no le promocionaban.

A finales de octubre, en los días previos al comienzo de la campaña electoral catalana con el desafío independentista del Gobierno de CiU como principal protagonista, agentes anónimos airearon un supuesto borrador de informe de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica donde junto a informaciones sacadas directamente del sumario del caso Palau, se deslizaba una acusación mayor contra Artur Mas sobre un cobro de comisiones ilegales a través de cuentas que tendría abiertas en Suiza.

A ese informe con membrete pero sin firma, que el jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, consideró falso y negó ante el juez que se hubiera hecho en su unidad, siguieron otros igualmente anónimos pero ya sin membrete que aireaban casos de grave corrupción con datos sin contrastar y en ocasiones falsos, que afectaban no sólo a políticos de CiU, sino a jueces y fiscales.