El juez descubre la red de testaferros que Urdangarin usó para burlar al fisco

Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, montó una red de testaferros para cobrar 375.000 euros en cuentas suizas por los servicios de asesoramiento que prestó entre 2008 y 2009 a la empresa Aguas de Valencia (Agval).

El máximo responsable de esta empresa Eugenio Calabuig declaró al juez que contrató los servicios de Urdangarin tras celebrar varias comidas con el duque de Palma y con Miguel Zorio, el intermediario que se lo presentó.

“Urdangarin me hizo llegar un contrato con la empresa Alternative General Services representada por Robert Cocks. No conocía de nada a Cocks y a la empresa, de que su nombre aparecía en el contrato. No me dieron ninguna explicación ni yo la pedí porque al ser el yerno del Rey, trabajar en Telefónica, tener relación con la Generalitat Valenciana y pertenecer al comité olímpico, yo me fiaba”, declaró el empresario a la policía.

Iñaki Urdangarin declaró al juez que él no había cobrado por asesorar a Agval y que lo único que hizo fue poner en contacto a esta firma con un empresario jordano. Pero Calabuig lo niega: “No conozco a ningún jordano ni Urdangarin me ha presentado a ningún jordano”.

Anticorrupción aún no ha recibido el último informe sobre delito fiscal

La investigación judicial siguió el rastro de la empresa suiza y de Cocks, y descubrió que Urdangarin utilizó a otra persona, José María Treviño, para colaborar con él en el negocio y a través del cual cobraba el dinero, según un informe del fiscal anticorrupción que obra en el sumario, cuyo secreto levantó el juez hace solo unos días,

Desde hace 10 meses, el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach, que impulsan la investigación del caso Nóos, buscan a través de distintas comisiones rogatorias en Suiza, Luxemburgo y Andorra, los documentos que respalden la sospechosa actuación del Duque de Palma.

Entre los documentos que acreditan que Urdangarin utilizó a testaferros para cobrar en Suiza sus servicios de asesoramiento a Aguas de Valencia figuran dos notas manuscritas de Julita Cuquerella, secretaria del Duque de Palma, y Miguel Zorío, el empresario que puso en contacto al yerno del Rey con el empresario Calabuig.

Robert Cockx, José María Trevino y el asesor fiscal de éste, Javier Jiménez Andrade, son las tres personas que permitieron que Urdangarin cobrase por sus servicios a través de cuentas suizas.

La investigación rastrea en Suiza el destino final de 140.000 euros de los 375.000 que pagó Agval y que el fiscal anticorrup-ción, según sostiene en uno de los escritos, sospecha que fue a parar a Urdangarin a través de José María Treviño.

El empresario Calabuig reconoció a la policía que nunca hubiera firmado esos contratos si no hubiera sido porque estaban vinculados a Iñaki Urdangarin.

El yerno del Rey se ofreció a Calabuig para "cualquier negocio que pudiera salir siempre a nivel internacional", inmobiliario, de aguas o bancario. Algunos proyectos fueron rechazados por “excesivos”. Ninguna de las gestiones de Urdangarin por las que se pagó fructificó.

Esta trama suiza, que la investigación judicial ha destapado, implica un fraude de Urdangarin a la hacienda pública española, al no pagar los impuestos correspondientes a los beneficios obtenidos por su relación laboral con Agval. Sin embargo, la cantidad defraudada no superaría el mínimo establecido para los delitos fiscales.

Sin embargo, la investigación judicial espera tener en breve un informe encargado a Hacienda para determinar si otros fondos desviados a Luxemburgo pero obtenidos en España por el entramado del Instituto Nóos, en el que participaban Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, implican directamente al Duque de Palma para poder imputarle el delito fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción no ha recibido aún ese informe en el que debe basar la solicitud de imputación del Duque de Palma por delito fiscal.

La causa abierta hace año y medio contra Urdangarin y su socio por malversación de fondos públicos, fraude a la administración y falsedad documental destapó cómo durante al menos dos años, el Instituto Nóos, bajo la apariencia de una entidad sin ánimo de lucro, logró contratos millonarios con administraciones gobernadas por el PP (Comunidad Valenciana y Baleares) cuyos beneficios desvió a empresas con ánimo de lucro que eran propiedad del Duque de Palma o de Diego Torres.

Por el daño patrimonial causado, el fiscal solicitó al juez que imponga una fianza de responsabilidad civil a Urdangarin y Torres por una cuantía de 8,2 millones de euros.