Víctimas de tráfico piden a Justicia que no saque las faltas del Código Penal

La reforma del Código Penal que ha planteado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), ha causado malestar entre las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. Con la nueva normativa, que prevé dejar fuera las faltas, el 80% de los accidentes no tendrían responsable penal, según denuncian desde la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME).

Los directores de distintas asociaciones de víctimas se reunieron ayer con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, para expresarle su posición contraria a la despenalización de determinadas imprudencias en la conducción. Ahora solo se tramitan como imprudencia grave (delito) las conductas con resultado grave. Si la imprudencia es leve o si es leve el resultado, aunque la imprudencia sea grave, se considerará una falta. Desde AESLEME aseguran que ocho de cada 10 víctimas de accidentes de tráfico lo son por conductas que el nuevo Código Penal dejará fuera al no penar las faltas. Desde el Ministerio de Justicia han asegurado que estudiarán las propuestas de las víctimas.

El juez es hoy el encargado de determinar la gravedad de una imprudencia al volante. Es él quien decide si es grave, y por tanto, delito (si el resultado ha sido grave). O si es leve y se queda en una mera falta. No existen referencias ni criterios unificados para su observación. Así, por ejemplo, algunos juzgados interpretan como falta provocar una lesión no permanente (un golpe en el brazo que provoque 10 días de baja) tras saltarse un semáforo en rojo, según denuncia AESLEME.

Las asociaciones de víctimas pretenden, pues, que se incluyan en el Código Penal las conductas imprudentes al volante que ocasionen daños a las personas. Además, proponen que se consideren imprudencias graves (delito cuando el resultado es grave) las infracciones que la ley de Tráfico tacha como "graves o muy graves" (no respetar un ceda el paso, por ejemplo) cuando se hubieran ocasionado víctimas.

También se reclama una mejor definición de los protocolos y procedimiento para la realización obligatoria de pruebas de alcoholemia y de detección de drogas; así como la exención de las tasas judiciales para la reclamación por parte de las victimas y familiares de indemnizaciones por daños personales ocasionados en siniestros de tráfico.