Euskadi 2013

El año viejo se despidió en el País Vasco con el acuerdo alcanzado entre el PSE de Guipúzcoa y Bildu para la aprobación del presupuesto de ese territorio, gobernado por la coalición abertzale, para 2013. La portavoz socialista en las Juntas Generales justificó su posición argumentando que no se trataba de un pacto sino de coincidencia sobre algo que había propuesto su partido y aceptado Bildu: un plan de estímulo económico y contra el desempleo que se concretó en la inclusión de una partida de 7,6 millones de euros para esos fines en unos presupuestos de 661 millones.

La decisión causó cierta perplejidad, pero habría quedado en polémica provincial si la portavoz no hubiera añadido que, una vez desaparecido el terrorismo de ETA, el entendimiento entre partidos de izquierda como Bildu y el PSE “es inevitable”; y si el secretario general del PSE de Álava, Txarli Prieto, no hubiera ido más allá al teorizar días después, con vistas al cercano congreso de su partido, la necesidad de un giro radical respecto a la estrategia de centralidad intentada por Patxi López, en favor de una dirigida “a los trabajadores” y que implicase una política de alianzas totalmente diferente que incluiría la posibilidad de pactos “sin prejuicios” con otras formaciones de izquierda, entre las que estaría Bildu.

Esto ya ha provocado algo más que desconcierto en las filas socialistas porque supone considerar que la retirada de ETA convierte automáticamente a su antiguo brazo político en un partido democrático (y además de izquierda), lo que no es algo que pueda considerarse evidente. En primer lugar, porque esa retirada no se ha traducido en disolución de la banda, y tanto Bildu como las otras marcas de la izquierda abertzale se han abstenido de reclamárselo; al revés, pretenden condicionarla a la obtención de contrapartidas políticas, como la retirada de las fuerzas de seguridad de territorio vasco. Y mantienen su negativa a reconocer su complicidad de décadas con el terrorismo.

Todavía hoy, cada vez que se producen detenciones de miembros de ETA armados, sus portavoces advierten que con ello se pone en peligro el “proceso de paz”. Es una advertencia débil, porque la posibilidad de un regreso del terrorismo es casi nula. Pero refleja que hay todavía demasiado del pasado de Batasuna en Bildu, Amaiur y EH-Bildu como para considerarlas formaciones políticas como las demás. Por eso, la actitud de los socialistas guipuzcoanos y los argumentos que simplifican el problema diciendo que lo importante es qué se pacta y no con quién tienen el efecto de que los sucesores de Batasuna se sientan dispensados de dar ese doble paso de reclamar la disolución sin contrapartidas de ETA y reconocer su larga responsabilidad en la legitimación del terrorismo. Reconocimiento que es condición necesaria para poder abordar cuestiones como la situación de los presos de ETA.

La disolución de Batasuna anunciada la semana pasada, ¿podría entenderse como un intento de predicar con el ejemplo, para que ETA haga lo mismo? Más bien parece inscribirse en el proceso de reunificación de todas las piezas del viejo entramado en Sortu, el partido que se constituirá el 23 de febrero y que según la ponencia ideológica a debate “recoge el caudal del MLNV” (siglas del movimiento articulado en torno y bajo la dirección de ETA) y aspira a convertirse en el “referente político de toda la izquierda abertzale”. De la ponencia ha desaparecido la conclusión que en el texto original se sacaba de lo anterior: la “vocación de Sortu debe ser convertirse en la única fuerza política nacional”, que conectaba con el vanguardismo excluyente que en la tradición etarra identificaba vasco con patriota consecuente. También ha desaparecido la mención a la Alianza Bolivariana como posible referencia internacional.

Pero la discusión sobre los límites a la hora de pactar con Bildu no es tanto ideológica como política. La idea según la cual hay que dejar que gobierne las instituciones en que tenga mayoría, para que madure (y se desgaste) frente a las dificultades de la gestión diaria, tiene fundamento; pero también límites. No es lo mismo alcanzar acuerdos en un ayuntamiento —que es sobre todo un organismo de gestión de servicios— que en una instancia política, como una comunidad autónoma. Por ello, lo inquietante no es tanto el acuerdo concreto de Guipúzcoa, discutible en todo caso, como las razones invocadas, que abren paso a pactos políticos “sin prejuicios” con los herederos de Batasuna en otros ámbitos.

La experiencia del Tripartito catalán muestra los riesgos de pactos, más allá del ámbito municipal, con partidos independentistas. La idea de asociar a ERC a responsabilidades de gobierno para favorecer su definitiva integración en la normalidad institucional se tradujo en la práctica en la adaptación de los socialistas a los planteamiento radicales de su socio para evitar la ruptura de la coalición; lo que a su vez provocó la radicalización de CiU en la oposición. Sus efectos para los socialistas catalanes están hoy a la vista.