Vuelta de tuerca de España a Gibraltar

2013 será un año tenso en las relaciones con Gibraltar. Y no solo porque se cumplen 300 años del Tratado de Utrecht, por el que España cedió “a perpetuidad” a la corona británica “la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensa y fortalezas”, ocupadas durante la guerra de sucesión.

En el trasfondo de las actuales fricciones está la firme decisión del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, de deshacer, sin prisa pero sin pausa, las concesiones realizadas durante los ocho años de Gobierno socialista y, en particular, por su antecesor en el cargo Miguel Ángel Moratinos, artífice del llamado Foro Tripartido, por el que los Gobiernos de Madrid, Londres y Gibraltar se sentaron en igualdad de condiciones en torno a la mesa de negociación.

Margallo cree que el Gobierno gibraltareño se ha aprovechado de la buena fe de Madrid para avanzar en sus reivindicaciones independentistas, sin que España obtuviera a cambio ninguno de los beneficios esperados.

La última vuelta de tuerca en esta estrategia de recuperación de posiciones abandonadas sin contrapartidas es la voluntad de excluir al Peñón del llamado cielo único europeo; el paquete de normas y directivas que pretenden avanzar hacia una gestión única del espacio aéreo de la UE; racionalizándolo, acabando con su excesiva fragmentación y permitiendo la expansión del tráfico aéreo comercial, mediante la ampliación de rutas y frecuencias, el abaratamiento de los costes y la reducción de emisiones de efecto invernadero.

Margallo revisa la política sobre el Peñón diseñada por Moratinos

La nueva política se ha traducido en la presentación de una reserva a la directiva que flexibiliza la asignación de franjas horarias a las distintas compañías para operar en los aeropuertos europeos (slots), por la que propone excluir de su ámbito de aplicación al aeródromo del Peñón; construido, por otra parte, sobre el istmo, que los británicos ocuparon ilegalmente en el siglo XIX, ya que España no lo cedió en el Tratado de Utrecht.

La importancia de la reserva no radica en la directiva en sí, de escasas consecuencias prácticas para el Peñón, sino en el hecho de que España recupere así la posición que mantenía antes de 2006, cuando defendía la exclusión de Gibraltar del cielo único europeo, y lo haga aprovechando la primera ocasión que se le ha presentado para ello, según fuentes diplomáticas.

La directiva debía haber sido aprobada bajo presidencia chipriota de la UE en el segundo semestre de 2012, pero distintas desavenencias —y no solo la española a propósito del Peñón— han obligado a dejarla para la actual presidencia irlandesa. Será en la próxima reunión de los ministros de Transporte cuando se vea si la directiva prospera y si se deja fuera a Gibraltar.

Lo que no cabe duda es de que este gesto supone un punto de inflexión en la política mantenida por Madrid en los últimos siete años. ¿Cuál es la causa?

Fuentes diplomáticas aseguran que España levantó el veto al aeropuerto de Gibraltar en virtud del acuerdo alcanzado en septiembre de 2006 en Córdoba por el Foro Tripartito. La declaración de Córdoba preveía la construcción de una única terminal, con salidas directas al norte y sur de la verja (La Línea y Gibraltar), en las que se efectuarían los controles de inmigración, así como la creación de una empresa mixta para la explotación de los servicios aeroportuarios. A cambio, España aceptó el levantamiento de todas las restricciones al tráfico aéreo del Peñón y su exclusión de la normativa aérea de la UE.

La terminal conjunta nunca se construyó y, en su lugar, se ha levantado un nuevo edificio en la zona gibraltareña de la verja que inauguraron los condes de Wessex durante su polémica visita al Peñón en junio del año pasado. La visita del príncipe Eduardo y su esposa a la colonia británica provocó un fuerte malestar en España y llevó a la reina Sofía a cancelar su viaje a Londres para participar en los fastos del 60 aniversario de la coronación de Isabel II.

Las fuentes consultadas admiten que la vuelta de España a las posiciones anteriores a 2006 plantea muchos problemas, pues durante este tiempo se han aprobado un buen número de normas y directivas sobre espacio aéreo cuya aplicación a Gibraltar no ha objetado España —las más recientes hacen referencia al control del ruido en los aeropuertos y a las condiciones de trabajo del personal de tierra— que resulta casi imposible revertir. Pero para el ministro García-Margallo se trata de evitar que se consolide una situación de facto que acabe convirtiéndose en un derecho. Es lo que ocurrió con la ocupación del istmo y podría acabar sucediendo con las aguas que rodean al Peñón.

De hecho, lo primero que hizo Margallo cuando llegó al Palacio de Santa Cruz fue contestar una misiva de su colega británico William Hague en la que este aseguraba que el Reino Unido no entablaría conversaciones sobre la soberanía del Peñón sin el visto bueno de las autoridades de la colonia. Margallo le recordó que ni las resoluciones de la ONU ni el acuerdo alcanzado entre Madrid y Londres en Bruselas en 1984 otorgaban derecho de veto a los habitantes de la Roca sobre el inicio de las negociaciones. Otra cosa es que los británicos quisieran consultar su resultado con los gibraltareños. Parecía una cuestión de matiz, pero aceptarla era admitir a Gibraltar como a una tercera parte en la negociación de la soberanía. Y Margallo quiso dejar claro su rechazo a esta fórmula para que nadie interpretase que quien calla otorga.

El acuerdo sobre uso conjunto del aeropuerto nunca se cumplió

La segunda decisión fue dar por finiquitado el llamado Foro Tripartito, cuya primera reunión ministerial fue la celebrada en Córdoba en 2006 y la última en Gibraltar en 2010. En adelante, según la posición española, solo habría dos tipos de reuniones: las bilaterales, en las que Madrid y Londres abordarían las cuestiones de soberanía; y las cuatripartitas, en las que participarían, además de los dos gobiernos, las autoridades gibraltareñas y las españolas competentes en la materia a tratar (contaminación, salvamento marítimo, lucha contra el contrabando, etc.) para mejorar la cooperación. Lo cierto es que Londres se sigue negando a hablar de soberanía y tampoco existe un foro de cooperación.

El cambio de política en Madrid ha venido acompañado por un endurecimiento de la actitud de las autoridades del Peñón.

El nuevo ministro principal, Fabian Picardo (quien sustituyó en diciembre de 2011 a Peter Caruana) anuló en marzo pasado el acuerdo de 1999 que permitía a unos 70 pesqueros artesanales de La Línea y Algeciras faenar en las aguas que rodean el Peñón, escudándose en que sus artes de pesca vulneraban la legislación gibraltareña.

En los últimos meses se han sucedido los incidentes entre pescadores españoles y patrulleras de la Royal Navy y la Policía gibraltareña, que les expulsan de las aguas adyacentes al Peñón. El Gobierno, que no reconoce aguas territoriales a Gibraltar, ha dado instrucciones a la Guardia Civil para que escolte a los pesqueros, lo que ha propiciado que agentes españoles y británicos jueguen al gato y el ratón. El último acto de hostigamiento se produjo el 21 de diciembre, cuando embarcaciones de la Policía gibraltareña realizaron arriesgadas maniobras de hostigamiento sobre dos pesqueros de La Línea hasta que llegaron en su auxilio patrulleras de la Guardia Civil, informa Cándido Romaguera.

Hasta ahora solo se han producido incidentes menores, pero existe el riesgo de que en cualquier momento se produzca un accidente fatal, lo que elevaría considerablemente la temperatura de un contencioso que no ha dejado de calentarse.