Urkullu planteará a Rajoy el final de ETA y le pedirá ayuda ante la crisis

Iñigo Urkullu planteará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la entrevista que mantendrán a primeros de 2013 en La Moncloa, tras su investidura como nuevo lehendakari del Ejecutivo vasco, medidas para afrontar dos asuntos clave para el País Vasco en estos momentos: el reto de la recesión y la consolidación del final de ETA.

Entre esos retos no figura el soberanismo. Urkullu ha descartado absolutamente esa vía y ha decidido rehuir la alianza con EH-Bildu, que le hubiera permitido, por mayoría, lanzar otro reto soberanista, paralelo al de CiU-ERC, al Ejecutivo de Rajoy.

El nuevo lehendakari es muy escéptico respecto al resultado que obtendrá para Cataluña la aventura soberanista de CiU y ERC. Y recuerda bien que a su partido, el PNV, le costó la aventura soberanista y la pretendida y no realizada consulta de Juan José Ibarretxe la pérdida del poder en Ajuria Enea en el mandato de 2009 a 2012.

El Gobierno no ha avanzado sobre su plan de reinserción de presos de mayo

Esa postura propiciará un clima político favorable con Rajoy, que al llegar a La Moncloa ya designó al PNV como interlocutor preferente en las cuestiones vascas, para abordar la crisis económica. Una crisis que en Euskadi, con más retraso que en el resto de España, está tomando cuerpo.

Además, la renovación quinquenal del Cupo, que caduca en 2012, y obras prácticamente paralizadas, como el tren de alta velocidad, serán algunas de las prioridades económicas que Urkullu afrontará con Rajoy, a sabiendas de que el Ministerio de Hacienda no está precisamente boyante.

Además de la prioritaria situación económica, hay otra cuestión que está enterrada ante la gravedad de la recesión económica y el reto soberanista del nacionalismo catalán, pero que Urkullu pondrá sobre la mesa a Rajoy: la consolidación del final de ETA.

El presidente está convencido de que el tiempo corre a su favor

Otros dos factores explican la parálisis de este proceso. Por un lado, el desgaste que sufrió el Gobierno de Rajoy, desde su derecha política y mediática, por la excarcelación del etarra enfermo Uribetxeberria Bolinaga, que le ha forzado a extremar su prudencia. Por otro, el mal resultado electoral del PP vasco, que le ha hecho perder autoridad ante el Gobierno de Rajoy en la defensa de sus planteamientos favorables a la estrategia de activación de las políticas penitenciarias y la reinserción de presos etarras.

El hecho es que desde que, en mayo, el ministro del Interior, Jorge Fernández, presentó su plan de reinserción de presos no se ha dado ningún paso en este terreno. El Gobierno tampoco ha hecho caso a las peticiones del último consejero de Interior del Gobierno vasco, el socialista Rodolfo Ares, de realizar un acercamiento selectivo de presos de ETA a las cárceles vascas.

A su vez, la banda terrorista se ha enrocado en evitar su disolución hasta que el Gobierno se comprometa a ofrecer una solución a sus presos. Y la izquierda abertzale no termina de asumir su autocrítica por su complicidad con la violencia etarra.

Rajoy se siente cómodo en la inacción: cree que el tiempo corre a su favor. Pero no está claro que el debate no aflore a lo largo del próximo año y le abra un nuevo frente. Además del calendario que maneja Urkullu, el reto de la consolidación del final de ETA tiene otro calendario, el de la izquierda abertzale, centrado en los presos, y que abarca las vertientes social, judicial y política.

El próximo 12 de enero, distintas organizaciones de presos de la banda y de la izquierda abertzale han convocado una manifestación para recordar que más de 500 presos siguen en cárceles españolas y otros 150 en prisiones francesas un año después de que ETA anunciara el cese definitivo de la violencia.

La izquierda radical cuenta con que los partidos vascos parten de la base de que no puede cerrarse el final del terrorismo en Euskadi con casi 650 presos de ETA sin posibilidad de reinserción y a mil kilómetros de sus familias, muchos de ellos.

En este sentido, será de importante calado judicial y político la vista sobre la doctrina Parot que en marzo celebrará la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para ratificar o no la decisión del tribunal que ponía en libertad a la etarra Inés del Río, tras tumbar la aplicación de la doctrina Parot, consistente en aplicar los beneficios penitenciarios sobre la totalidad de la pena en vez de hacerlo sobre el máximo de prisión, que son 30 años.

El tercer flanco es el institucional. Urkullu pretende canalizar el debate de las víctimas del terrorismo, de la memoria y de los presos en la ponencia parlamentaria Paz y Convivencia, creada hace un año por el Gobierno del socialista Patxi López. Trata de integrar en ella a EH-Bildu, ahora en el Parlamento, tras su etapa de ilegalización, y al PP vasco, que se autoexcluyó hace un año. Esa ponencia elaborará un dictamen con recomendaciones consensuadas con los partidos vascos, entre las que figurará la activación de la política penitenciaria.

Urkullu tiene la oportunidad de liderar, como lehendakari, el fin de ETA, y la izquierda abertzale cuenta con que aprovechará esa oportunidad. El PSE está predispuesto a contribuir a ese hito siempre que se aborde, además de la cuestión de los presos de la banda, el resarcimiento a las víctimas del terrorismo y la memoria, algo en lo que coincide el PNV.

No obstante, Urkullu, en su encuentro con Rajoy, no va a plantearle a este la consolidación del final de ETA en términos de exigencia, sino de recomendación y prevención, para lo que le ofrecerá su apoyo, señalan en su entorno. Lo que sí hizo, en su último encuentro con Rajoy en julio, fue entregarle un texto con su hoja de ruta, que ahora tratará de aplicar al frente del Gobierno vasco.

Urkullu, en su recién estrenado Gobierno, va a contar con una pieza importante en este terreno: su portavoz y consejero de Presidencia y Justicia, Josu Erkoreka, que mantiene buenos contactos con Rajoy y con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.