El Gobierno movilizará sus recursos para dinamitar el pacto CiU-ERC

El Gobierno había movido políticamente hasta el martes los pocos resortes que tenía para impedir que Artur Mas se lanzara en brazos de ERC. Consumado el acuerdo, con compromiso incluido de elaborar una consulta en 2014, el Ejecutivo cambiará ahora por completo la estrategia. De los buenos tonos de Mariano Rajoy en las últimas semanas se pasará a la línea marcada este miércoles por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría: “La consulta no es legal, y el ordenamiento jurídico da muchos mecanismos para poder frenar cualquier ilegalidad” sentenció en los pasillos del Congreso.

El Gobierno tiene ya muy trabajado el mecanismo jurídico para frenar esa consulta. Aunque el Ejecutivo sigue creyendo que finalmente nunca llegará a producirse —algunos miembros destacaban ayer las excepciones que coloca el propio documento, que abre la posibilidad a retrasarla— también están convencidos de que sería relativamente simple parar la consulta con un recurso ante el Tribunal Constitucional. Primero se recurriría la ley que CiU y ERC prometen aprobar, con la seguridad de que el Constitucional la frenaría, y si no se recurriría la propia consulta.

Por eso, y porque creen que no hay consenso dentro de CiU para celebrar ese referéndum, en este aspecto el Gobierno está tranquilo. Aunque por si acaso tiene todos los mecanismos engrasados. Y además lo va a repetir para dar tranquilidad a la parte más españolista de su propio electorado, muy inquieta con este asunto, y también para lanzar el mensaje a los socios europeos y a los mercados de que la posibilidad de una secesión en España no es real. El Ejecutivo insiste en que los socios europeos no acaban de creerse la posibilidad de la consulta, y menos después del mal resultado de CiU en las elecciones (perdió 12 escaños). De hecho, ya no preguntan por esta cuestión en las reuniones, como hacían hace unas semanas.

El Ejecutivo no se conforma con eso. Desde ahora mismo empieza a presionar al nuevo gobierno para dinamitar cuanto antes el pacto CiU-ERC. El Gobierno está convencido de que es un acuerdo muy inestable, y va a trabajar sin grandes aspavientos pero con varios mecanismos para intentar dinamitarlo. El objetivo es que Mas se quede cada vez más aislado, con la presión de Unió y de los empresarios, y rectifique este acuerdo para buscar pactos con el PP y el PSC.

Nadie descarta una ruptura de CiU, y el Gobierno confía en que Duran presione

Esa tarea de la presión constante le corresponde sobre todo a Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, un hombre muy político que tiene en sus manos las finanzas de la Generalitat, que dependen cada mes de las inyecciones de capital del Estado. Montoro mantuvo ayer en el Congreso una larga conversación con Alicia Sánchez Camacho, líder del PP catalán, en la que ambos debatieron la estrategia a seguir para desbaratar ese pacto. Sus caras de preocupación eran evidentes.

Montoro tiene en sus manos muchos mecanismos para presionar. El Gobierno no se plantea en este momento dejar caer a Cataluña ni a ninguna comunidad, porque eso hundiría a España en los mercados. Pero sí tiene una Ley de Estabilidad aprobada que le permite incluso en último extremo intervenir una comunidad. Antes de eso están los mecanismos de sanciones. Fuentes del Gobierno recordaron ayer que con el fondo de rescate (FLA) se entregó el dinero a Cataluña y a todas las demás con una condición: que cumpliera el objetivo de déficit. Si no lo hace, como ya está apuntando la Generalitat, todo se puede complicar mucho y Montoro tendrá de nuevo la sartén por el mango.

El ministro tiene otros instrumentos. De momento ya está preparado para presentar de forma inminente un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo impuesto de la Generalitat sobre los depósitos bancarios. El Gobierno catalán en funciones se ha adelantado a Montoro y ha aprobado por decreto este nuevo impuesto antes de que él mismo impulse otro similar, pero este a tipo cero —esto es sin ningún coste para los bancos— precisamente para impedir que comunidades como Extremadura, Andalucía o Canarias puedan seguir cobrando ese tributo a las entidades financieras. Montoro está convencido de que esta triquiñuela del decreto de la Generalitat es inconstitucional. Y el recurso está ya en marcha, y se podría aprobar incluso en el Consejo de este viernes.

El Gobierno ya recurrió la semana pasada el euro por receta catalán. Pero, además, Montoro va a estudiar con lupa otros impuestos que ya se están anunciando en el pacto CiU-ERC, como el de las nucleares. El Gobierno asegura que con su reforma energética ya instauró uno, y como no se puede gravar dos veces la misma base imponible, podría ser también inconstitucional ese impuesto y habría un nuevo recurso.

Decepción en el PP con el empresariado catalán, que salvo Lara no se ha mojado

Una estrategia, pues, que tras las buenas palabras de Rajoy de los últimos días esconde un claro enfrentamiento con un objetivo político: lograr que este pacto entre CiU y ERC dure lo mínimo posible.

Jurídicamente, el Gobierno tiene muy claros los pasos a seguir. ¿Y políticamente? Como sucede siempre con Rajoy, no está del todo claro. El presidente siempre prefiere esperar un poco a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero varios miembros del Gobierno insistían ayer en que las dos claves principales son Unió y el empresariado catalán. Josep Antoni Duran, que no es ni nunca ha sido independentista, como no lo es su mano derecha, Josep Sánchez Llibre, queda un tanto descolocado en esta situación. Duran tiene una interlocución fluida con el Ejecutivo, que confía en que su presión sirva para dinamitar poco a poco ese pacto con ERC. La política de subida de impuestos que ha pactado Mas con ERC está en las antípodas de lo que defiende Unió. ERC y Unió de hecho son dos formaciones muy alejadas en casi todo.

En los pasillos del Congreso diversos políticos veteranos de varios partidos, catalanes y de fuera de Cataluña, planteaban ayer la posibilidad de una ruptura a medio plazo de la coalición de Convergència i Unió, que llevan 34 años juntos, si Mas insiste en seguir con ERC hasta el final. La inestabilidad de este Gobierno catalán se da por hecha en La Moncloa, y la propia vicepresidenta lo expresaba así: “Artur Mas va de error tras error pero con esto mucho me temo que no se garantiza la estabilidad, sino que da un paso muy decidido hacia la inestabilidad en Cataluña”.

El otro elemento clave para buscar la desestabilización de ese pacto recién fraguado lo buscará el Ejecutivo en el empresariado catalán. El Gobierno está convencido de que este pacto CiU-ERC no gusta nada en ese ambiente, y trabajará para que presionen a Mas. Aún así, en el PP hay bastante decepción con la actitud de este empresariado catalán, que pese a los intentos del Ejecutivo, y con la excepción de José Manuel Lara, no se ha mojado públicamente, y tampoco demasiado aparentemente en privado, para convencer a Mas de que se aleje de ERC.

La situación es muy complicada y requiere de mucha política, admiten en el Gobierno. Pero insisten: mucho peor habría sido una mayoría absoluta de CiU.