Los recursos ante el Constitucional se convierten en un arma política

Por manido que parezca, recurrir al Tribunal Constitucional para que dirima sobre la legalidad de una acción política no es una decisión simple ni banal. La Constitución marca los límites a todas las leyes y, por encima de los dictámenes del tribunal que la guarda, el Constitucional, apenas quedan instancias a las que recurrir.

Mariano Rajoy ha optado por una forma de gobernar en la que impera la imposición de la mayoría absoluta del PP y la legislación por decreto. Una fórmula en la que el diálogo y la negociación apenas tienen cabida. Tampoco funciona la vía del consenso entre el Gobierno y las autonomías menos sumisas con el mandato del Ejecutivo central.

Así, acudir al Constitucional se ha convertido en un arma política, pese a que sus resoluciones puedan acumular retrasos de hasta 13 años. Pero no siempre fue así. Durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de José María Aznar apenas se presentaron recursos. Fueron sonados los del Estatuto de Cataluña, el matrimonio gay y la educación para la ciudadanía. El PP ha conseguido lo que nadie hasta ahora había logrado: unir a todos los partidos de la oposición contra una de sus decisiones, la de no actualizar las pensiones y hacerlo, además, con carácter retroactivo. Ese ha sido el último anuncio pero, durante el primer año de legislatura, ha habido, al menos, otra docena de recursos ante el Constitucional.

Será el alto tribunal el que tendrá que decidir si la decisión unilateral del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de imponer unas elevadas tasas judiciales (rechazadas por magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados y usuarios) discrimina entre ricos y pobres.

En sanidad dos han sido, fundamentalmente, los asuntos sobre los que tendrá que decidir el Constitucional, ambos referentes a los recortes aprobados por el Gobierno en abril. El primero, el copago farmacéutico, recurrido por El País Vasco, Andalucía y Navarra. El segundo, sobre el que acaba de adelantar su pronunciamiento, ante la restricción del acceso a la sanidad pública para los sin papeles.

La reforma laboral, la amnistía fiscal y los cambios en la legislación para la elección del presidente de RTVE han sido otras cuestiones sobre las que la oposición ha presentado también recursos, al considerar que van más allá de los principios constitucionales.

El Gobierno, de momento, solo ha recurrido acciones de comunidades no gobernadas por el PP, como la del Ejecutivo vasco de pagar la extra de Navidad, suprimida por Rajoy, a sus funcionarios. Y ha advertido a otras comunidades y Ayuntamientos de que volverá a acudir al tribunal si utilizan argucias para burlar la prohibición.

Para presentar un recurso ante el Constitucional, el Gobierno recibe, previamente, el informe del Consejo de Estado, un órgano consultivo que expone su parecer sobre la legalidad de los temas en liza. Favorable al recurso fue el informe del Consejo de Estado contra el pago de un euro por receta impuesto en Cataluña, que ya ha recurrido el Ejecutivo de Rajoy. También recurrió la convocatoria de la subasta de fármacos que puso en marcha Andalucía. El tribunal ya ha destacado el ahorro que supone la medida, pero su legalidad aún no está resuelta.

En el plano autonómico, dos comunidades gobernadas por el PP, Galicia y Extremadura, han recurrido la supresión de las primas para energías renovables que impuso el Gobierno de Rajoy. El tribunal también ha admitido los recursos presentados por Extremadura y Navarra con los peajes de acceso a la red eléctrica. El mismo tribunal habrá de decidir sobre la legalidad de los Presupuestos Generales para 2013, recurridos por el Gobierno de Canarias, y sobre la reforma de la Ley de Función Pública de José Ramón Bauzá.