La oposición llevará al Constitucional la no revalorización de las pensiones

El Gobierno de Mariano Rajoy provoca unanimidades, aunque sea para rechazar sus decisiones. Por primera vez, todos los grupos parlamentarios de la oposición suscribirán recursos ante el Tribunal Constitucional contra una norma, en concreto contra la decisión del Ejecutivo de no actualizar las pensiones según el IPC final de 2012. No hay precedentes en 34 años de democracia constitucional de un recurso de todos, sin excepción, contra la mayoría parlamentaria.

Derecha, izquierda y centro (salvo el PP) consideran que la decisión vulnera la Constitución y recurrirán el decreto, que se convalidará el jueves solo con los votos de los populares.

La base fundamental del recurso será la vulneración del principio de irretroactividad de las normas. El Gobierno asegura que su decisión es equivalente a la que adoptó José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, cuando decidió congelar las pensiones. Así, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, habló de la “desvergüenza” del PSOE por anunciar que llevará al Constitucional el decreto.

Decisión a futuro

Sin embargo, los socialistas y todos los demás grupos de la oposición (CiU, PNV, UPyD, Izquierda Plural y Grupo Mixto) entienden que aquella era una decisión a futuro, no la eliminación de un derecho adquirido. Es decir, que al iniciar el año los pensionistas sabían que tenían una subida y una actualización comprometida en función del IPC final en noviembre.

Por eso, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, aseguró el miércoles ante Fátima Báñez, ministra de Empleo, que lo que ha hecho el Gobierno es expropiar unos derechos adquiridos. Zapatero anunció la congelación de las pensiones en mayo del 2010 para el año siguiente.

Los socialistas ya habían anunciado su intención de presentar el recurso ante el Constitucional y ayer lo confirmó la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez. “El decreto es una norma ilegal e inconstitucional, porque conlleva la aplicación retroactiva de las leyes, que está prohibida por la Constitución”, aseguró.

El PSOE es el único grupo que por sí solo supera los 50 diputados necesarios para presentar el recurso, pero está dispuesto a hacerlo de manera conjunta. En paralelo, el diputado de ICV Joan Coscubiela inició conversaciones con todos los demás grupos y ha llegado a la cifra de 53 diputados para un recurso propio que, finalmente, podría presentarse de manera conjunta con el de los socialistas.

Fuentes de CiU y del PNV confirmaron ayer a este periódico que se sumarán al recurso de los demás grupos parlamentarios, por entender que la decisión del Gobierno es claramente inconstitucional, porque afecta a derechos devengados desde el 1 de enero de 2012. UPyD participa en las negociaciones y la intervención crítica de Álvaro Anchuelo en la comparecencia de Báñez anticipa que comparte los argumentos para pedir la anulación del decreto.

Quedan fuera los dos diputados de UPN y del Foro Asturias, que formalmente pertenecen al Grupo Mixto, pero que en la práctica votan siempre con el PP, especialmente en los debates sobre asuntos económicos. En todo caso, la ley da un plazo de tres meses desde la aprobación del decreto para interponer el recurso. La resolución del Constitucional se conocerá dentro de varios años, cuando haya pasado ya el plazo legal para la actualización de las pensiones. Los grupos, además, intentarán mañana que el Gobierno acceda a tramitar el decreto como proyecto de ley, de forma que puedan introducirse enmiendas, pero el Ejecutivo ya ha mostrado su oposición. El PP, con su mayoría absoluta, tiene la capacidad de cerrar mañana el debate, tras la convalidación del decreto en el pleno. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que prometió reiteradamente no tocar las pensiones, no estará en el debate y votación porque acudirá a la cumbre europea que se inicia ese día.