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PP y PSOE se reúnen en secreto para pactar la Ley de Administración Local

Populares y socialistas trabajan en un frente común contra el plan del Gobierno

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Los alcaldes pararon el primer golpe —Hacienda frenó la nueva Ley de Administración Local ante la presión de regidores del PP y del PSOE— y ahora tratan de convencer al Gobierno de que acepte sus propuestas y olvide definitivamente su plan de fusionar Ayuntamientos, colocar a los municipios de menos de 20.000 habitantes bajo la jurisdicción de las diputaciones provinciales, reducir el número de concejales en un 30% y fijarles el sueldo. Con la intención de negociar esa propuesta alternativa, populares y socialistas se han reunido en secreto.

La noche del pasado martes cenaron para hablar del asunto el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP); el secretario de política local del PP, Manuel Cobo; el responsable de política municipal del PSOE, Gaspar Zarrías; y el alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero, también socialista. Antes, a mediodía se habían reunido Zarrías y el vicesecretario general de política municipal del PP, Javier Arenas.

La delimitación de competencias entre autonomías y municipios es una de las principales reivindicaciones de los alcaldes del PP y del PSOE

Ambas reuniones se producían después de la entrevista en La Moncloa del presidente de la FEMP con el presidente del Gobierno. PP y PSOE rechazan con contundencia el plan del Ejecutivo para los municipios. Rajoy accedió, como le pedía De la Serna, a que los Ayuntamientos, a través de la FEMP, aportaran soluciones a sus problemas de financiación. PP y PSOE, que gobiernan el 70% de los municipios, creen que sí hay posibilidades de acuerdo.

La financiación es su principal problema, en parte porque nadie les paga los servicios que no les son propios pero prestan a los ciudadanos. En este caso las comunidades autónomas serían "las culpables" por no abonar a las corporaciones locales el importe de lo que ellas no hacen. La delimitación de competencias entre autonomías y municipios es una de las principales reivindicaciones de los alcaldes del PP y del PSOE. En el encuentro de Cobo, De la Serna, Caballero y Zarrías, se coincidió en que no se puede inhabilitar a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y que pasen a depender de las Diputaciones. "Las Diputaciones no son órganos preparados para prestar servicios, por lo que detrás de ese medida está la privatización de las prestaciones", señalan fuentes socialistas. En esa cena estuvieron de acuerdo en que los pequeños municipios pasen a ser supervisados por las Diputaciones, pero sin quitarles autonomía. De los 8.116 Ayuntamientos, 7.718 tienen menos de 20.000 habitantes.

PP y PSOE rechazan que se supriman 4.000 Ayuntamientos —como propuso el Gobierno para ahorrar 3.500 millones— y están dispuestos a trabajar en proyectos de mancomunidades para hacer viables los pueblos pequeños. "No se puede acabar con un pueblo; los vecinos no se van a ir de sus casas porque saben que acabarían en los arrabales de cualquier ciudad", opina un alcalde conocedor de la reunión.

PP y PSOE también se oponen a reducir en un 30% el número de concejales. "¿Por qué no un 35% o un 29%?, se preguntan. De los 8.116 municipios, que suman 68.000 concejales, el 80% no recibe remuneración, por lo que el dinero no debería ser argumento para ese recorte. No restar eficacia a la gestión y respetar el pluralismo político para que las minorías estén representadas son los criterios de los que se habló en esta cena. PP y PSOE también creen que los regidores de las grandes urbes pueden equiparar su salario al de los secretarios de Estado y, a partir, de ahí, "sentido común", dicen sin precisar más.

Tras esas reuniones en secreto, el PP, al ser el partido del Gobierno y ganador de las pasadas elecciones municipales, quedó en elaborar una propuesta para presentársela al PSOE. Si hay acuerdo, se llevará a la FEMP, donde se tratará de sellarlo. En este supuesto ideal, De la Serna volvería a La Moncloa para mostrarle a Rajoy la propuesta de los alcaldes de España y pedirle que guarde la suya.