“Sabadell es un coto privado de Bustos”

Los empresarios imputados en la operación Mercurio por pagar, presuntamente, comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas, se mueven entre el silencio, el miedo y la denuncia. La mayoría de los 12 que fueron detenidos se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez. Tres de ellos, sin embargo, admitieron haber abonado grandes sumas en efectivo al supuesto intermediario de la trama, el exconcejal del PP en Sabadell Jordi Soriano, que en dos años se embolsó casi 800.000 euros. Si ese dinero fue a parar después a manos de los responsables políticos implicados —el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, tres concejales y diversos cargos de confianza y funcionarios— es algo que los investigadores deben probar aún.

El caso se inició hace más de dos años con la denuncia anónima de un empresario, que hizo llegar a los responsables de Iniciativa per Catalunya Verds en el municipio una serie de documentos reveladores. Unos días más tarde, la sede del partido en Sabadell sufrió un robo, aunque parte de los informes se salvaron. Los ecosocialistas denunciaron el asalto y los indicios de corrupción ante los Mossos d’Esquadra, que pusieron el caso en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Los pinchazos telefónicos a los miembros de la trama y los seguimientos se saldaron hace nueve días con 12 detenciones, otras 26 imputaciones y medio centenar de registros, empezando por el Ayuntamiento.El testimonio de ese empresario es clave en la trama y permite a la fiscalía sostener que los afectados abonaban mordidas de hasta 120.000 euros para acceder con ventajas a una adjudicación. Ese dinero iba, supuestamente, a un “fondo perdido” que se repartían los políticos. Una vez finalizada la obra, el constructor debía añadir otro 3% sobre el importe de adjudicación, según la Fiscalía Anticorrupción.

Según el citado empresario, Soriano —el intermediario— era el encargado de recaudar el dinero y conseguir las adjudicaciones. Los otros dos empresarios que admitieron haber pagado comisiones también citaron a Soriano, pero no señalaron a ninguno de los responsables políticos como perceptores de ese dinero. La clave está ahora en hallar el nexo entre el conseguidor del PP —que fue expulsado del partido el año pasado, precisamente, por su inexplicable apoyo político a Bustos— y los cargos de Sabadell, todos ellos del Partit dels Socialistes (PSC), implicados en la trama. Fuentes cercanas a Bustos consideran que los empresarios fueron víctimas de una estafa de Soriano y que los políticos nada tuvieron que ver en ello.

Más allá de sus declaraciones ante el juez —en las que les fueron exhibidas conversaciones comprometedoras— los empresarios que han decidido hablar expresan sus sospechas sobre la gestión del alcalde. “Sabadell es un coto privado del señor Bustos. No se puede ni imaginar la mafia que hay aquí”, afirma uno de ellos, que pide el anonimato. El hombre duda de que “el fiscal llegue al fondo de este asunto” porque “el alcalde y su gente tienen mucho poder”. Ese mismo empresario añade que la corrupción fue impulsada hace años por los responsables del Ayuntamiento y desde entonces es conocida (y sufrida) por los constructores locales. Muchos de ellos, sin embargo, han callado. Unos, dice, por miedo a la justicia: al pagar comisiones, ellos mismos estaban cometiendo un delito de cohecho. Y otros, por temor a represalias, tanto profesionales como personales. Según fuentes del caso, el tío del alcalde, el constructor Melquíades Garrido, dirigía el reparto de las adjudicaciones desde su posición de poder como presidente del gremio local de constructores. “Entre él y sus hombres de confianza del gremio se repartían el poder”, según esas fuentes.

La investigación es vasta. Incluye concesiones presuntamente irregulares —la recogida de basuras, las obras del cementerio—; proyectos urbanísticos —el nuevo polígono industrial— y casos de nepotismo en concursos públicos: el fiscal considera que Bustos forzó a la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, a colocar a una persona en el ayuntamiento. El alcalde está imputado por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.