Interior endurece la ley para castigar a las asociaciones de guardias civiles

El Ministerio del Interior quiere acabar con el asociacionismo en la Guardia Civil, al menos como se practica actualmente. Y quiere hacerlo con una batería de medidas disciplinarias que permitirán, por ejemplo, expulsar del cuerpo a todos los miembros de la cúpula directiva de una asociación por organizar, como representantes de los guardias civiles, una manifestación para reivindicar la mejora de las condiciones de trabajo de sus afiliados, aunque no acudan de uniforme.

También podrá ser sancionada colectivamente la cúpula de una asociación de la Guardia Civil por expresar su apoyo a un sindicato o su crítica a un partido; o por difundir un comunicado en el que exprese alguna solicitud o queja relacionada con el servicio, incluso en términos respetuosos.

Esta vuelta de tuerca al derecho de asociación, que homologa a los guardias civiles con los militares, figura en la reforma de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil que Interior ha colado como disposición final del proyecto de código disciplinario de las Fuerzas Armadas, que tramita Defensa.

La principal novedad es la introducción de las sanciones disciplinarias colectivas, y no solo individuales como hasta ahora, que servirán para castigar a toda la cúpula directiva de una asociación de la Guardia Civil.

Según la reforma, “los miembros de los órganos de gobierno y representación” de las asociaciones profesionales, así como quienes obrasen en su nombre, “responderán disciplinariamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus actividades asociativas”.

Y añade: “Cuando los actos y omisiones se realicen en ejecución de acuerdos adoptados por las juntas directivas u órganos de representación” de las asociaciones, “responderán disciplinariamente todos los miembros de dichos órganos, salvo los que se hubieran opuesto o no hubiesen intervenido en su adopción”.

La AUGC avisa de que dará “una respuesta contundente” al nuevo código disciplinario

La reforma no se limita a introducir la responsabilidad colectiva. También regula nuevas faltas. Así, se considerará falta muy grave “organizar, participar o asistir en lugares de tránsito público a reuniones o manifestaciones de carácter político, sindical o reivindicativo, haciendo uso de su condición de guardia civil”. También se sanciona, pero en un precepto separado, “asistir a reuniones o manifestaciones portando armas o vistiendo el uniforme reglamentario”. Lo que significa que se podrá ser castigado por hacer uso de la condición de guardia civil, aunque se vista de paisano.

Las faltas muy graves se castigan con la separación del servicio (es decir, la expulsión), la suspensión de empleo hasta por seis años o la pérdida de puestos en el escalafón.

Además, se tipifica como falta grave “cualquier manifestación, expresión pública o acto de propaganda, por cualquier medio oral o escrito, a favor o en contra de partidos o sindicatos \[...\] siempre que quede de manifiesto la condición de guardia civil de quien las efectúe”; así como ocultar la condición profesional del agente ante las autoridades o superiores. Se trata de castigar también al guardia civil que no reconozca su condición de tal cuando sea identificado en una manifestación.

Finalmente, será falta leve “hacer reclamaciones o peticiones en forma o términos irrespetuosos u omitir el conducto reglamentario para formular cualquier solicitud, reclamación o queja relacionada con el servicio”. En consecuencia, una petición realizada al margen del conducto reglamentario —a través de un comunicado de prensa— puede ser castigada con pérdida de hasta cuatro días de haberes.

Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), considera la reforma un “ataque muy grave en la línea de flotación del derecho de asociación”, que devuelve a la Guardia Civil “a tiempos preconstitucionales”. Moya acusa a Interior de endurecer “por la puerta de atrás” el código disciplinario para taparles la boca ante la remilitarización de la Guardia Civil, que se está convirtiendo en “un apéndice de las Fuerzas Armadas”.

La AUGC —que agrupa a 33.000 agentes, un 40% de la plantilla total— ha pedido al director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, la retirada del proyecto. En caso contrario, advierte, habrá una “una respuesta contundente, acorde con la gravedad de la situación”.