El Gobierno restringe los coches oficiales

Nivel orgánico mínimo de subsecretario (rango siguiente al secretario de Estado). Ese es el límite que marca el real decreto, que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), sobre quienes tendrán asignado un vehículo del parque móvil del Estado. Los directores generales dispondrán de coche oficial “de acuerdo con los recursos”.

El Consejo de Ministros aprobó el 8 de noviembre aprobó una reforma del parque móvil del Estado con el objetivo de ahorrar 10,5 millones de euros hasta 2014 tanto por la reducción de vehículos como por la jubilación de conductores.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló ya entonces la limitación del uso de los coches oficiales y sostuvo que los subdelegados del Gobierno en las distintas provincias tendrían asignado un coche de representación para compartir. El decreto publicado hoy, sin embargo, indica que estos cargos mantendrán los mismos “privilegios” que hasta ahora.

La medida supone la reducción del 66% de los coches de representación de altos cargos de la Administración General del Estado y se limita el número de altos cargos y autoridades con coche asignado, de forma que los directores generales tendrán que compartir vehículo.

Según datos del Gobierno, en diciembre de 2011, el número de vehículos ascendía a 921 vehículos, de los cuales 819 eran coches, 66 motos y 36 vehículos de otras categorías (furgoneta, motocicleta, monovolumen). La previsión es que al cierre de 2014 el total de vehículos se habrá reducido hasta 652 vehículos.

En este contexto de “contención del gasto público”, el Real Decreto menciona los cargos que sí dispondrán de coche oficial. Además de los dependientes de la Administración general del Estado hasta el rango de subsecretarios, dispondrán de vehículo del parque móvil estatal (con conductor), los presidentes y vicepresidentes del Congreso, del Senado, y del Gobierno, así como los secretarios de las Mesas del Congreso y el Senado. También lo tienen a su disposición el presidente y todos los miembros del pleno del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas y los consejeros permanentes del Consejo de Estado, así como la defensora del Pueblo, sus dos adjuntos y el fiscal general del Estado. Entre quienes quedarán a merced de que haya recursos se encuentran los que lo precisen en representación del presidente, los presidentes de Sala y miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los expresidentes del gobierno.