Campaña sucia

Es difícil no estar de acuerdo con el presidente del Gobierno cuando afirma, como ha hecho esta misma semana en uno de los mítines en el que ha participado en Cataluña, que las elecciones autonómicas del próximo domingo son, posiblemente, más importantes que unas elecciones generales. Se podría decir incluso que son las elecciones más importantes desde la entrada en vigor de la Constitución. Pues en todas las elecciones celebradas hasta la fecha jamás se ha puesto en cuestión el principio de unidad política del Estado, en el que descansa la Constitución. La unidad política del Estado ha sido aceptada desde el momento constituyente hasta hoy como el principio que no puede ser siquiera sometido a discusión.

En estas elecciones por primera vez dicho principio está siendo sometido a discusión. Explorar la posibilidad de que Cataluña se constituya como un Estado independiente del Estado español, aunque no se utilice expresamente el término independencia en el programa de CiU, es la razón de ser de la disolución anticipada nada menos que en dos años del Parlament y de la convocatoria de elecciones para mañana, domingo.

Se trata de la exploración de una posibilidad y no de la toma de decisión definitiva. Únicamente el resultado electoral indicará si la posibilidad tiene una opción razonable de materializarse o si, por el contrario, está lejos todavía de poder hacerlo. Nada más, pero también nada menos. Es para pronunciarse sobre la piedra angular de la fórmula de gobierno de España y de las “nacionalidades y regiones que la integran”, para lo que los ciudadanos españoles incluidos en los censos electorales de las provincias catalanas han sido llamados a las urnas. Es sobre la apertura, o no, de un proceso que conduzca a una ciudadanía catalana distinta de la ciudadanía española sobre la que los ciudadanos españoles residentes en Cataluña van a pronunciarse.

Dado lo que está en juego, debería haberse extremado la exigencia de juego limpio. El proceso de formación de la voluntad general por parte del cuerpo electoral catalán debería haberse respetado al máximo, sin que se produjeran interferencias en el mismo con la finalidad de encajonarlo mediante información prefabricada sobre cuentas en paraísos fiscales del presidente y expresidente de la Generalitat. El Gobierno de la nación era quien estaba obligado a que no hubiera duda alguna sobre la diafanidad del proceso.

No ha sido así. Es verdad que el Gobierno no puede impedir que un medio de comunicación publique un presunto informe policial con acusaciones gravísimas de corrupción contra el presidente y expresidente de la Generalitat. Pero no es menos verdad que, ante la publicación del presunto informe policial, el Gobierno debería haber reaccionado de una manera completamente distinta de como lo ha hecho. Si el informe no ha sido elaborado por la unidad a la que se le atribuye, si el jefe de la unidad lo desconoce, como ha declarado ante el juez, si el ministro afirma que también lo desconoce, es obvio que estamos ante una cadena de presuntas conductas delictivas. Por parte de los funcionarios que han “fabricado” el informe y lo han, no filtrado, porque aquí no hay filtración de un informe realmente existente, sino entregado al diario que se encarga de la publicación. Y por parte del diario, que lanza acusaciones gravísimas con base en un informe inexistente.

El Gobierno de la nación debería haber actuado de manera inmediata, ordenando una investigación interna para averiguar qué funcionarios habían fabricado el informe y lo habían puesto en circulación y poniendo el asunto en manos del Ministerio Fiscal para que exigiera las responsabilidades penales pertinentes. Independientemente de cuál fuera la reacción del presidente y expresidente de la Generalitat, era el Gobierno el que tenía que haber reaccionado en primer lugar, ya que era en funcionarios del Estado, y de un aparato especialmente sensible del Estado, donde estaba el origen de la información.

Ha hecho todo lo contrario. No solamente se ha negado a responder políticamente en sede parlamentaria a las preguntas de diputados de CiU, sino que ha publicado una nota informativa con la finalidad de restar credibilidad al desmentido ante el juez del responsable de la unidad a la que se atribuye el informe y ha ordenado al fiscal general del Estado que desautorizara la actuación del fiscal jefe de Cataluña contra el medio de comunicación que publicó el presunto informe.

Después del 25 viene el 26 y el problema de la integración de Cataluña en el Estado va seguir estando presente. ¿Es de esta manera como se pretende hacerle frente?