El juez del ‘caso Madrid Arena’ ya tiene 9.257 entradas a mitad del recuento
El juez y las partes personadas en la causa examinan esta mañana cuatro de las ocho urnas Se calcula que la mitad que falta, contiene una cifra similar, lo que daría más de 18.000 tiques El próximo miércoles se reanuda el examen de las cajas
Primer avance a la mitad del recuento de las entradas para la trágica fiesta de Hallowen en la que murieron cuatro jóvenes: 9.257. El juez del caso Madrid Arena y las partes personadas en la causa han examinado esta mañana cuatro de las ocho urnas que contienen los tiques y se calcula que la mitad de las cajas que faltan por revisar, que se verán el próximo miércoles, contiene una cifra similar, lo que daría más de 18.000 tiques en total. Los tiques fueron hallados el miércoles pasado dentro de unas urnas en un local anexo al lugar de celebración del evento y la Policía precintó las urnas por orden del magistrado.
Esta prueba pericial es clave para dilucidar la principal hipótesis sobre la causa de la avalancha en la que murieron las cuatro chicas y que dejó a otra gravemente herida: que en el pabellón municipal había la noche del 31 de octubre más de 10.600 personas, el aforo máximo permitido. Y había más gente porque se colaron a las bravas, como sostiene el empresario que organizó el evento y la policía, porque las mismas entradas se usaron varias veces, porque había muchas falsificadas o por todo a la vez. Muchos jóvenes que asistieron a la fiesta señalan que el paso por los accesos fue "un descontrol", que no había lectores de códigos para evitar que las entradas fueras fotocopiadas y que no se rompían las entradas para impedir que fueran reutilizadas.
El recuento ha comenzado a las diez de la mañana, hora en la que ha acudido el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop, acompañado por su secretario judicial, a las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. Las labores, que se han prolongado hasta las dos de la tarde, se han llevado a cabo en la sala de control de la Jefatura (en la planta baja), donde el juez no ha permitido la entrada de la prensa.
Nada más llegar, López Palop ha avisado a las partes personadas en la causa, todas presentes durante el procedimiento, de que el recuento podía durar hasta 10 horas porque se quiere hacer "de forma muy exhaustiva". Finalmente, se ha decidido hacerlo en dos partes, una esta mañana y otra el próximo miércoles. En la urna A había 2.475 entradas, en la B, 2.123; en la C, 2.888; y en la D, 1.760. Entre las 9.257 que suman las cuatro urnas se incluyen las entradas de internet, talonarios e invitaciones. Todavía quedan por contabilizar la mitad de las urnas y fuentes del caso apuntan a que contienen más o menos el mismo número. En opinión de Abdon Núñez, abogado de la familia de Belén Langdon, una de las fallecidas, "el número de entradas vendidas puede ascender a más de 18.500".
Además del juez, han examinado las entradas la fiscal del caso y los abogados de las partes personadas en este proceso, así como miembros del Grupo V de Homicidios encargados de la investigación. Con esta diligencia se pretende conocer el número de entradas que se vendieron y de personas que pudieron entrar en la fiesta del Madrid Arena y, sobre todo, si se superó el aforo que había sido comunicado al Ayuntamiento de Madrid para el permiso de la fiesta: 10.600 personas. Se trata de comprobar si las entradas están rotas y si se guardaron o no, lo que pudo facilitar la reventa de los tiques.
El martes, el responsable de la empresa Diviertt que organizó el evento, Miguel Ángel Flores, reiteró ante el juez lo que ya había dicho al Ayuntamiento: que se vendieron 9.650 boletos para un aforo permitido de 10.600 personas. No obstante, Flores, que es uno de los cuatro imputados en el caso hasta el momento, reconoció en su declaración que se imprimieron un total de 17.500. También aseguró que se colaron cerca de 4.000 jóvenes de los 6.000 que asistieron al botellón que se celebró en una zona adyacente dentro del recinto vallado del Madrid Arena.
Flores negó todo conocimiento sobre una supuesta segunda venta de entradas, aunque admitió que es "algo que puede pasar". Según su versión de los hechos, las entradas "eran retiradas e introducidas en unas cajas" y solo se devolvían al cliente "si éste las pide", ya que sino se guardan, como "se hace habitualmente en este tipo de eventos".
El representante de la empresa Diseño y Asesoramiento Técnico Organizativo (DATO), la empresa contratada por Diviertt para controlar las entradas, José Manuel García, presentó a los agentes del Grupo V de Homicidios un certificado en el que consta que “todos los asistentes accedieron al recinto con una entrada original y válida de las emitidas por la organizadora”. El documento afirma que no se autorizó la entrada a los asistentes que portaban “entradas falsas, duplicadas o repetidas”. García no supo precisar si el programa facilitado a Diviertt permitía saber el número de entradas registradas por los lectores ópticos.
Ayer, la Fiscalía anunció que pedirá la imputación de otras siete personas, entre ellas el exgerente de Madrid Espacios y Congresos, Jorge Rodrigo, empresa municipal de la que depende el recinto en el que se celebró la fiesta en la que murieron cuatro jóvenes. Rodrigo fue destituido el día anterior por Ana Botella. El abogado de la familia de una de las cuatro jóvenes fallecidas ha pedido hoy al juez que investiga el caso que declaren como imputados ocho responsables municipales, entre ellos, el concejal de Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos. El juez considera que el Ayuntamiento de Madrid podría ser responsable civil subsidiario de los hechos, por lo que admitió ayer su personación en la causa en esa condición.
Por otro lado, la Fiscalía de Madrid ha incoado hoy diligencias informativas con el fin de determinar cómo han podido llegar a distintos medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS, las grabaciones de las comparecencias de dos personas que han declarado como imputados. Se trata de Flores y de Carlos Manzanares, que acudieron al juzgado las mañanas del martes y miércoles en calidad de imputados. Ambos declararon ante el juez, el fiscal y los distintos abogados y quedaron en libertad con cargos.
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