La Audiencia abre la puerta a la liberación de los capos de la mafia china

Una resolución de la sección tercera de la Audiencia Nacional puede dar al traste con la investigación de la mayor trama de blanqueo de dinero desmantelada en los últimos años: la desarticulación de la mafia china liderada por Gao Ping que se saldó con más de un centenar de detenciones. El tribunal ha dado la razón a uno de los arrestados, Kay Yang, considerado uno de los colaboradores más próximos de Gao, al entender que su detención superó las 72 horas de plazo que establece la Constitución, por lo que lo ha puesto libertad. La misma suerte podrían correr otra decena de detenidos, entre los que se encuentran los principales cabecillas de la red y el propio Gao.

La macrooperación contra la mafia china se desencadenó el pasado 16 de octubre, cuando el juez Fernando Andreu ordenó más de 110 detenciones y numerosos registros en un dispositivo en el que participaron unos 500 policías. Entre los primeros arrestados se encontraba el líder de la trama, Gao Ping, así como sus principales colaboradores, entre ellos Kay. Tras participar en los registros, permanecieron en las comisarías madrileñas de Moratalaz y Tetuán a la espera de pasar ante el juez.

Dos días después de esas primeras detenciones, el 18 de octubre a las diez de la noche, ante la certeza que el plazo constitucional de 72 horas establecido para la detención se iba a cumplir a la mañana siguiente para 29 detenidos, el juez Andreu, con el apoyo de la fiscalía, redactó un acto en el que ordenó que estos pasaran a disposición judicial. La resolución, sin embargo, establecía que permanecieran bajo custodia de la policía ya que en la Audiencia “no existen instalaciones adecuadas ni suficientes para acoger a los mismos” y los condujeran al tribunal “según exista disponibilidad en las dependencias de calabozos”, en los que caben unas 10 personas separadas por sexos.

Para que no cupiera duda de que los arrestados ya estaban a disposición del juez, el auto mandaba a la policía que se abstuviera “de cualquier tipo de diligencia con los mismos” y pusiera en inmediato conocimiento del juzgado “cualquier novedad que pudiera presentarse”. El juez, además, envió a los oficiales de su juzgado a esas comisarías para que les leyeran los derechos y a los forenses de la Audiencia Nacional para que los exploraran.

Entre esos 29 detenidos estaba Kay Yang, que no declaró ante el juez hasta el 20 de octubre, cinco días después de ser detenido. Tras interrogarlo, el juez lo envió a prisión incondicional al considerarlo uno de los dirigentes de la trama. Kay trabajó como administrativo en una de las empresas de Gao Ping hasta 2010, pero después siguió teniendo relación con la red de blanqueo. Su abogado, Carlos Aguirre de Cárcer, asegura que desde entonces solo actuaba de intérprete.

Kay recurrió su envió a prisión argumentando que había pasado detenido más de 72 horas. Y la sección tercera, formada por los magistrados Alfonso Guevara, Clara Bayarri y Antonio Díaz Delgado, ha considerado que tenía razón y ha ordenado su puesta inmediata en libertad. La medida, según fuentes de la Audiencia, afectará a más de una decena de detenidos, entre ellos el propio Gao, su esposa y el jefe de sus sicarios Li Haibo, que, con toda probabilidad, serán excarcelados en los próximos días. El juez podrá imponerles medidas cautelares, pero en ningún caso privarlos de nuevo de libertad.

El tribunal entiende que el auto de Andreu del 18 de octubre supone en realidad una prórroga de la detención, algo que, asegura, solo está permitido cuando es la policía la que dispone los arrestos y no en este caso, en el que fue el juez quien los ordenó. Los magistrados afirman que lo que tenía que haber hecho el instructor al comprobar que no le daba tiempo a tomarles declaración antes de que transcurrieran las 72 horas era ordenar directamente la prisión sin escucharlos antes de que se cumpliera ese plazo y posponer sus interrogatorios y las comparecencias para decidir las medidas cautelares a imponer.

Tras pedir perdón por lo ocurrido a la policía, a la Fiscalía Anticorrupción y a sus propios funcionarios y asumir toda la responsabilidad, Andreu se ha mostrado en desacuerdo con la resolución de la Sala. El juez admite que las órdenes de detención partieron de él, pero recuerda que también ordenó a la policía que practicara varias diligiencias, entre ellas decenas de registros en los que los arrestados tenían que estar presentes. Además, asegura que consideraba necesario escucharlos antes de decidir si los enviaba a prisión, ya que la detención es una medida menos gravosa que la cárcel. Decretar prisión antes de interrogarlos es algo excepcional que, según el magistrado, solo se ha hecho en casos como los de los piratas somalíes, en los que había que legalizar su arresto antes de su declaración ante la imposibilidad de que llegaran antes de que se cumplieran las 72 horas al haber sido detenidos en un barco.