El Gobierno planea otorgar la residencia a quienes compren pisos de 160.000 euros

El Gobierno estudia reformar la ley para que se puedan conceder permisos de residencia a los extranjeros que compren un inmueble por importe superior a los 160.000 euros. La idea es clara: lograr colocar la cantidad ingente de viviendas construidas durante el boominmobiliario que ahora buscan desesperadamente, y sin éxito, comprador. A cambio, se concedería de forma casi automática un permiso de residencia temporal a quien se quede con la casa. Países como Portugal, Irlanda, EE UU o Canadá han introducido medidas de este tipo en sus legislaciones. En España, la propuesta ha levantado todo tipo de suspicacias. Las asociaciones de inmigrantes la han denunciado por discriminatoria y el PSOE ha acusado al Ejecutivo de “mercantilizar” el permiso de residencia.

La posibilidad de obtener la residencia de una forma distinta para extranjeros con ingresos “suficientes” ya está contemplada en la ley actual. En estos momentos, si un extranjero posee unos 2.100 euros al mes y quiere vivir en España sin trabajar, puede pedir un permiso de residencia temporal. La novedad de lo anunciado por el Gobierno radicaría, fundamentalmente, en que, según la propuesta —y a la espera de su concreción—, sería suficiente con la compra de una casa para acreditar esos ingresos y pedir el permiso. Una segunda novedad podría ser que, tal y como ocurre en otros países con permisos especiales para inversores, se dispensara además al comprador de la obligación de pasar en España cada año al menos seis meses y un día, requisito que ahora deben cumplir todos los residentes legales, para no perder su permiso.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha anunciado esta mañana la propuesta del Gobierno español en un desayuno informativo. En realidad, la reforma ya la había avanzado el pasado 14 de noviembre en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aunque ese día, coincidiendo con la huelga general, la propuesta pasó inadvertida. Rajoy ha confirmado hoy que se estaba estudiando el asunto —aunque precisando que no había decisión tomada—, y ha hablado de la necesidad de dar salida a un stock de inmuebles sin vender. Los ministerios implicados (Interior, Exteriores, Fomento, Empleo, Economía y Hacienda) se reúnen mañana para tratar la cuestión tras varios encuentros preliminares que se llevan celebrando desde antes del verano.

No se puede poner un límite de precio más bajo, porque generaría una demanda masiva

García-Legaz hizo una referencia especial a Portugal e Irlanda. El primero reformó su ley en agosto. Los residentes normales de este país deben pasar al menos seis meses allí si quieren conservar su permiso. La residencia especial para inversores, sin embargo, solo les exige la estancia de un mes (el primer año) o dos (a partir del segundo). Es decir, se permite que sigan viviendo en sus países y que puedan tener dos residencias legales. Su ley, además, no se refiere solo a aquellos que invierten en ladrillo, sino que recoge tres supuestos: los que compren un inmueble de más de 500.000 euros, quienes hagan una transferencia de capital de más de un millón y quienes creen una empresa con más de 30 trabajadores. Todos ellos quedan exentos de pasar al menos medio año en el país.

La ley española recoge ahora varias posibilidades para lograr la residencia temporal. Por un lado está el permiso habitual, que se pide junto con el de trabajo. Hay otras autorizaciones por arraigo, razones humanitarias, colaborar con la justicia, para víctimas de violencia de género... Y, finalmente, existe otra vía. Un permiso que se concede sin autorización para trabajar y que se da “a aquellos extranjeros que dispongan de medios suficientes para sí y, en su caso, para su familia”, según el artículo 31.2 de la ley de extranjería. Esos “medios suficientes” son, según el reglamento, una cantidad mensual equivalente al 400% de la renta IPREM (532 euros en 2012).

Para evitar un abuso del sistema sanitario español, en estos casos se exige que el solicitante tenga un seguro público o privado de enfermedad concertado con una aseguradora autorizada para operar en España. A lo que sí tiene derecho el extranjero es a la educación de sus hijos y a acceder al sistema de becas previsto. También a circular libremente por la UE. Para la concesión se requiere no tener antecedentes penales ni en España ni en los países donde haya residido en los cinco años anteriores.

García-Legaz habló también de que la propuesta estaba pensada especialmente para inversores chinos y rusos. Entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2012, el número de visados solicitados en los consulados por ciudadanos rusos ascendió a 878.796, según datos de Exteriores. La cifra se ha duplicado en los últimos años y ahora supone casi la mitad de los concedidos para todos los países, informa Miguel González. En el caso de China, en el mismo periodo, el número de visados fue de 63.000. Un portavoz de Comercio indicó ayer que lo que se pretende evitar es que ciudadanos de estos países, con dinero para invertir y que quieren pasar tiempo en el sur de Europa, acaben haciéndolo en otros sitios con legislaciones más favorables.

“Lo que hay que ver es cómo se concreta la propuesta”, opina Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). “No sé si hay una presión tan fuerte por parte de ciudadanos chinos y rusos para pedir la residencia a cambio de comprar vivienda, pero es cierto que muchos países como Canadá y EE UU tienen programas concretos para inversionistas. En todo caso, habría que tener cuidado con el origen del dinero, y controlar que todo esto no se convierta en una vía de blanqueo de capitales”.

El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, avisó ayer también del riesgo de arbitrariedad y de amiguismo que puede generar esta medida. Minutos antes de reunirse en el Congreso con la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, para tratar sobre la Ley de Tasas Judiciales, Carnicer señaló que esa medida parece un "parche" para solucionar una situación muy concreta, pero no es la solución que necesita un problema general como el de la vivienda.