Falciani reclama a la Audiencia que cite al fiscal que descubrió su lista de evasores
De Montgolfier encontró en su ordenador los datos de 130.000 defraudadores La declaración sería de gran valor para evitar la extradición del informático
El exempleado del HSBC de Ginebra Hervé Falciani, que copió en su ordenador los datos de 130.000 evasores fiscales de distintos países con cuentas en esa entidad y está preso en España desde su detención el pasado 1 de julio en Barcelona, ha empezado a jugar fuerte para evitar su extradición a Suiza, que lo reclama por revelación de secretos y vulneración del secreto bancario. El informático francoitaliano ha solicitado a la Audiencia Nacional, el tribunal que debe decidir si lo entrega, la declaración del fiscal francés Éric de Montgolfier, el descubridor de la información que, posteriormente, ha servido a las Haciendas de varios países para recuperar miles de millones de euros en impuestos impagados. El tribunal español, por ahora, no se ha pronunciado sobre la petición de Falciani.
El 20 de enero de 2009, la fiscalía de Niza, dirigida por De Montgolfier, ordenó registrar la casa de Falciani en Castellar —donde el francoitaliano se había refugiado después de ser detenido e interrogado por la policía suiza por la supuesta sustracción de datos del que le acusa ese país— accediendo a una petición de la justicia helvética que reclamaba a Francia “una serie de datos robados”, sin más explicación. Lo que Berna trataba de recuperar eran los ficheros que Falciani guardaba en su ordenador, pero al descubrirlos la policía francesa, De Montgolfier decide no entregárselos y abre investigaciones contra los supuestos evasores fiscales franceses de la lista.
Después, París envió todos esos datos a distintos países europeos con los que tiene tratados de cooperación en materia fiscal. Entre ellos España, lo que permitió a la Agencia Tributaria abrir “el mayor proceso de regularización de la historia del fisco”, como aseguró el exsecretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña en octubre de 2010. A esa fecha, la lista Falciani había permitido descubrir a 659 evasores españoles, entre ellos el presidente del Santander, Emilio Botín, y algunos miembros de su familia. Los fondos no declarados que pueden salir a la luz gracias a esa documentación pueden superar los 6.000 millones de euros, según algunas fuentes. Francia también envió la lista a Grecia, donde su publicación en la revista Hot Doc con los nombres de varios políticos y altos cargos, ha estado a punto de llevar a prisión al periodista autor de la información, Kostas Vaxevanis.
La declaración de De Montgolfier en la Audiencia Nacional, si finalmente se acepta, será, con toda seguridad, de gran valor para evitar la extradición de Falciani, a la que, además, la fiscalía española ha opuesto importantes reparos al considerarlo un individuo protegido por haber denunciado una de las mayores tramas de blanqueo jamás descubiertas. El fiscal francés —que ha sido trasladado de Niza a Bourges— explicó el pasado mayo ante la Comisión de Investigación sobre Evasión de Capitales del Senado francés que la colaboración del informático francoitaliano fue fundamental en su investigación.
“No se trataba de listas, sino de datos informáticos en los que había que penetrar. No lo hubiéramos conseguido sin la ayuda del señor Falciani”, declaró De Montgolfier ante los senadores, a los que aseguró que la información facilitada correspondía, según el exinformático, a “la totalidad de las cuentas de la entidad HSBC Patrimonie” y, por tanto, tenían importancia “para los intereses generales” de Francia. “Yo ordené a la Gendarmería que transformara, con la ayuda de Falciani, aquellos datos informáticos en datos que se pudieran investigar”.
La declaración de De Montgolfier ante esa comisión de investigación aporta datos, además, de la importancia de la información que Falciani todavía puede todavía proporcionar. Para facilitar las pesquisas en Francia, la Gendarmería, durante el análisis de la lista Falciani que realizó, solo se centró en los datos relativos a personas físicas, no a sociedades, y el grueso de la evasión fiscal se suele hacer a través de estas últimas. Además, la investigación francesa, desarrollada con la ayuda de Falciani, para facilitarse el trabajo, se centró únicamente en las cuentas que tenían un saldo superior a un millón de euros. Quedarían por perseguir, por tanto, los presuntos evasores con cantidades inferiores. El límite que convierte el fraude fiscal en delito en España está situado en 120.000 euros, según el Código Penal.
PSOE, IU y ERC piden al Gobierno que no lo extradite
La extradición de Hervé Falciani a Suiza está en la Audiencia Nacional, pero tras la decisión judicial, la última palabra corresponderá al Gobierno que, en caso de que el tribunal apruebe la entrega, será soberano para denegarla. Por eso, tres formaciones del Congreso han reclamado ya al Ejecutivo que rechace la extradición e indague en la información sobre defraudadores fiscales que, desde su detención, ha ofrecido el exinformático a las autoridades españolas.
El último en hacerlo ha sido el diputado socialista Pedro Saura. El pasado 6 de noviembre registró tres nuevas preguntas escritas al Gobierno en las que le pedía que manifestara si permitiría la extradición de Falciani. Saura también quiere saber si el Ejecutivo ha reclamado a Francia nuevos datos sobre cuentas en Suiza de españoles que haya podido facilitar el francoitaliano. Además, le pide su opinión sobre el hecho de que se encuentre encarcelado por suministrar información sobre casos de blanqueo de capitales y fraude tributario mientras en España se ha aprobado una amnístía para los evasores fiscales.
“Es paradógico no solo que la amnistía fiscal perdone el fraude, sino que, además, se mire para otro lado”, explica Saura. “Esas deudas tributarias se van a perdonar sin cuestionar la procedencia del dinero defraudado, que podría provenir de actividades ilícitas. Sin embargo, Falciani, que lo que ha hecho es denunciar a defraudadores, se encuentra en prisión”, añade. El diputado socialista afirma que, en caso de que el Gobierno apruebe la extradición “se pondrá en duda la recaudación de millones de euros porque, al considerarse la lista ilícita, podrían anularse los procesos pendientes y, en los casos en los que Hacienda ya haya recuperado el dinero, los evasores podrían volver a reclamarlo”. Por eso, el grupo socialista pedirá mañana la creación de una subcomisión en el Congreso que analice lo conseguido por Hacienda gracias a la información suministrada por el antiguo empleado del HSBC.
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