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Los grupos minoritarios exigen retroactividad para los ya desahuciados

La oposición incluirá sus propuestas como enmiendas al proyecto ley del Gobierno

El decreto ley del Gobierno no agota el debate sino que ahora empieza en el Parlamento

Se han desgañitado para que sus propuestas se hicieran paso entre el planteamiento del Gobierno y del PSOE sobre los desahucios, el cambio de la ley hipotecaria y la moratoria en la ejecución de desalojos por impago de las hipotecas. Los grupos minoritarios del Congreso saben que sus proposiciones de ley, no de ley, interpelaciones y mociones ya no tienen sentido como tales, ante la fuerza del decreto ley del Gobierno de hoy, pero todo ese caudal de propuestas y soluciones lo aprovecharán como enmiendas. En efecto, una vez que el Gobierno ha decidido convertir el decreto ley en proyecto de ley, permitirá a los grupos parlamentarios luchar por cambiar las propuestas del Gobierno para hacer frente a ese drama social. La mayoría de los grupos de oposición piden retroactividad en la norma, o medidas para rescatar a los que ya han sufrido los rigores de la actual ley y la inflexibilidad de las entidades financieras que les han expulsado de sus casas y les mantienen la deuda.

Además del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV y CHA); UPyD, CiU, PNV, BNG, ERC y Coalición Canaria, aún no han dicho la última palabra sobre qué votarán cuando el Gobierno someta a su convalidación el decreto ley que aprueba el Gobierno en la reunión del Consejo de Ministros. Todos o la mayoría pueden mantener sus posiciones en esta votación, es decir, oponerse, ya que el Grupo Popular solo con sus votos triunfará sin problemas. Sí tendrá una votación mayoritaria la convalidación del decreto como proyecto ley porque ese paso permite a los grupos parlamentarios la presentación de enmiendas y la discusión tanto en comisión como en pleno. Por tanto, hay margen para la negociación.

Con toda claridad ha manifestado su voto a favor de esa convalidación la portavoz de UPyD, Rosa Díez. “Ahí aprovecharemos para luchar por mejorar el texto y hacer nuestras aportaciones”, ha señalado Díez. De manera preventiva los responsables de IU e ICV, Cayo Lara y Joan Coscubiela, respectivamente, han puesto todas las dudas de las que son capaces sobre el contenido del decreto ley del Gobierno.

La “suspensión inmediata de los desalojos” y la “retroactividad de la dación en pago”, es la exigencia de la que no se apea Cayo Lara, según ha expresado en el Congreso, al reconocer que, finalmente, todos podrán colaborar en la mejora de la ley al tramitarse como proyecto de ley. Los dirigentes de IU, comparten con ICV, de Joan Coscubiela, y con Olaia Fernández Dávila del BNG, la utilización del “banco malo” para que las viviendas que queden bajo su cobijo tengan un componente “eminentemente social” y puedan ofrecerse a los que se han quedado en situación de precariedad y no pueden pagar la hipoteca. La propuesta de establecer un “alquiler social”, figura en las iniciativas de todos los grupos minoritarios, además de en la proposición del PSOE.

Las medidas citadas anteriormente contemplan que los inmuebles que pasen al banco malo, que se creará en diciembre, tengan un componente "claramente social" puesto que este instrumento —ha precisado— se pondrá en marcha con fondos públicos.

El otro pilar en el que se sostiene la iniciativa de IU va encaminado a que las familias que no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas, en su mayoría "abusivas", puedan reconvertir estas en un alquiler social.

La retroactividad de las medidas la defenderán todos los grupos minoritarios así como elevar el umbral de ingresos para considerar que una persona o una familia puede acogerse a las medidas de protección que ponga en marcha la Administración. Se trata de que puedan beneficiarse ciudadanos que no parten originariamente de una situación de marginación pero que la pérdida de trabajo o del negocio les ha conduce a no poder hacer frente al pago de la hipoteca. Aunque hoy se aprueba el decreto ley y se confía en establecer de forma urgente la moratoria en la ejecución de los desalojos, el debate sobre el impago de las hipotecas tiene aún mucho recorrido en el Parlamento.