Los secretarios judiciales también piden un cambio legal contra los desahucios

A la presión social, política y judicial contra los desahucios se ha sumado en las últimas horas otro colectivo de la Justicia, que además está directamente implicado en la ejecución de los desalojos. Los secretarios judiciales, que se ocupan de toda la tramitación del proceso, también reclaman una modificación legal que frene el drama de la expulsión de miles de ciudadanos de sus casas. La asociación mayoritaria, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, pide una reforma que permita establecer quitas de la deuda en caso de intereses abusivos en la hipoteca, moratorias en los pagos y dación retroactiva si es acordada por las partes.

"Estamos ante un grave problema social para el que hay que adoptar medidas", asegura Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, con unos 1.500 asociados de los 3.000 secretarios judiciales que hay aproximadamente en España. Su propuesta, explica, pasa por potenciar la mediación o el arbitraje y que se configure un catálogo de posibles soluciones: entre ellas, la posibilidad de que la familia deudora pueda aplazar los pagos, que la deuda se condone si se demuestra que el préstamo contenía intereses abusivos, y la dación en pago aplicable también a los procesos ya iniciados, "si hay acuerdo". "Es necesario compensar el desequilibrio económico entre los bancos y los deudores", apunta Lara, que cree sin embargo que la reforma legal debe conjugar los intereses de las familias con "la seguridad del sistema financiero español".

Los secretarios judiciales piden tener voz en el proceso de la reforma de la ley que regula los desahucios, ya que ellos son responsables "al 99%" del procedimiento del desalojo, como afirma Ángel Maraver, de la Asociación Independiente de los Secretarios Judiciales. "Están dando unos palos de ciego tremendos, tienen que contar con los especialistas", lamenta.

Este colectivo planteará mañana en la reunión que las asociaciones van a mantener con el Ministerio de Justicia que se modifique el sistema de subasta de las casas de los deudores para evitar que los bancos "se adjudiquen las viviendas por la mitad de lo que ellos mismos habían dicho que valían", tal y como expresan en el escrito que han dirigido al ministro Alberto Ruiz Gallardón, que ya remitieron al ministerio en febrero del año pasado y que ahora vuelven a enviar. "Si los bancos tasan una finca en lo que ellos dicen, y luego encima se la pueden quedar por el 50%, el negocio para el banco es redondo, como se está demostrando con la transformación del boom inmobiliario en un boom hipotecario-bancario", dice el documento.

"En una política de asumir responsabilidades, lo lógico sería que los bancos, en caso de impagos hipotecarios, se adjudicaran la casa, como mínimo, por el precio que ellos tasaron en su día", añade el texto. Y concluye: "No es admisible que los bancos pongan el valor que ellos quieran, que den créditos con un interés de demora del 23% que la mayoría de las veces incrementa la deuda de forma desorbitada, que la deuda se mantenga de forma indefinida con la célebre cláusula de sin perjuicio de la responsabilidad personal ilimitada, y que luego, encima, se queden la casa por la mitad del valor que ellos mismos pusieron".