Santamaría y Valenciano acuerdan frenar con urgencia los desahucios en marcha

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, han mantenido esta tarde un almuerzo de trabajo durante dos horas en el Palacio de la Moncloa para buscar soluciones a los problemas de los desahucios. Y fuentes próximas a ambas aseguran que han llegado a un acuerdo tanto de forma como de fondo para frenar "cuanto antes" la situación de los desahucios en España. El primer compromiso consiste en modificar la actual ley a través de un Real Decreto o mediante una ley tramitada por la vía de urgencia para que entre en vigor en el menor plazo posible. No se especifica cuanto. La reunión política de esta tarde tendrá una continuidad este próximo lunes con otra cita de seis expertos, tres del Gobierno y tres del PSOE.

El objetivo primordial consensuado de entrada se centra en articular medidas preventivas y paliativas con especial atención a las familias con niños o mayores a su cargo y en general en resolver las situaciones de especial vulnerabilidad, pero no se aporta más precisión.

Tanto la portavoz del Gobierno como la vicesecretaria general del PSOE han llevado con gran hermetismo este encuentro tras constatar ambas formaciones la necesidad de corregir los fallos que han llevado a convertir los desahucios en un drama social con más de 500 ejecuciones diarias. El propio jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, reconoció ayer, en una entrevista en la Cope, que era necesario buscar una solución "equitativa" y "justa" de "aplicación inmediata".

El Gobierno ha puesto en marcha una especie de gabinete de crisis encabezado por la vicepresidenta Santamaría y que incluye a varios departamentos para estudiar las distintas opciones. El Ministerio de Economía estableció incluso conversaciones con los bancos para flexibilizar más los plazos y para valorar cómo ha funcionado el Código de Buenas Prácticas aprobado hace apenas seis meses y que ha empezado a funcionar realmente hace apenas dos.

El PSOE, que no corrigió la ley de comienzos del siglo pasado mientras gobernó, ha tomado conciencia del problema y presentó el pasado 25 de octubre en el Congreso una proposición de ley para modificar algunos aspectos. Esa proposición del PSOE se estructura en tres títulos en los que se prevén medidas para "equilibrar" la posición del deudor con la del acreedor hipotecario respecto a las tasaciones de vivienda, los "abusos" en los procedimientos de subastas y los intereses de demora. También se pedía la ampliación de las garantías contenidas en el código de buenas prácticas, haciendo obligatorio la adhesión al mismo a aquellas entidades de crédito participadas por el FROB. Y se contemplaban medidas para la reestructuración de la deuda, la dación en pago y el arrendamiento de la vivienda objeto de dación. En otro apartado se establecía un procedimiento extrajudicial previo al concursal para dar solución al sobreendeudamiento sobrevenido no doloso de la persona natural.

La propia Valenciano ha anticipado esta mañana, en una entrevista en Tele 5, algunas de esas demandas que los socialistas quieren ofrecer de forma urgente en la negociación con el Gobierno para no partir de cero y, sobre todo, para no limitarse a crear una comisión de estudio que dilate todo en el tiempo. El PSOE querría que las nuevas reformas legales se plasmasen en un plazo no superior a un mes y se tramitasen con la mayor urgencia.

Los socialistas quieren, por ejemplo, que los bancos que van a recibir ayudan estatales para su rescate en el FROB pongan los pisos desahuciados y vacíos a disposición del Estado para su alquiler social. Valenciano anticipó que iba a pedir a la vicepresidenta del Gobierno una reforma urgente que frene los procesos de ejecución hipotecaria en marcha para evitar los desahucios.

Es una idea que defiende desde hace tiempo también Izquierda Unida. Su coordinador general, Cayo Lara, que hoy precisamente ha mantenido una entrevista de trabajo en La Moncloa con el presidente Rajoy, ha aprovechado para subrayar la gravedad del problema, con 523 desahucios cada día y que ya se han ejecutado unos 350.000 desde que comenzó la crisis en 2008. IU propone que se suspendan las ejecuciones de desahucios y que se cree un "alquiler social" para todas aquellas personas que no puedan hacer frente a su hipoteca.

Lara también ha sugerido al presidente que la dación en pago pueda ser efectiva siempre y cuando el afectado esté de acuerdo para así acabar con la deuda con la entidad financiera en cuestión y que con el stock de viviendas que van a pasar al conocido como banco malo se pueda crear una agencia de vivienda pública que "pueda servir al Estado para impulsar el alquiler". El dirigente de IU ha dejado claro que el jefe del Ejecutivo no ha alcanzado ningún compromiso concreto en la reunión, pero sí que tendrá en cuenta estas propuestas. Lara ha insistido en que, "por respeto democrático, no se puede tomar ninguna decisión sobre desahucios sin tener en cuenta a los grupos políticos, sin excepción".