“Se amañaban contratos en Madrid, Valencia, Baleares y Castilla y León”

Los Gobiernos del PP en Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla y León amañaron contratos a favor de la empresa de publicidad Over MC mediante procedimientos irregulares negociados sin publicidad, según confesó al juez Daniel Mercado, dueño de esa firma que recibió por esa vía decenas de adjudicaciones de esas administraciones entre los años 2003 y 2007.

Al finalizar su declaración ante el juez José Castro, que también instruye el caso Urdangarin, el publicista Daniel Mercado, que había detallado sus relaciones con cuatro Gobiernos del PP que le habían contratado para hacer autobombo de la gestión de ese partido político al frente de las instituciones, resumió así su experiencia: “La práctica de invitar a tres empresas de mi grupo en los contratos negociados sin publicidad ha ocurrido en Baleares, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y en la Junta de Castilla y León”.

La denuncia de Mercado viene a corrobar unas prácticas corruptas que desde 2009 se investigan en los cuatro tribunales de justicia de esas comunidades autónomas. Los Gobiernos del PP despilfarraron millones de euros en campañas de publicidad para ensalzar su gestión al frente de las cuatro comunidades.

El Gobierno autónomo de Madrid, por ejemplo, llegó a facturar con la red corrupta de Francisco Correa hasta tres actos a la semana, a razón de 25.000 o 30.000 euros por acto, con la única intención de hacerse autobombo por obras públicas iniciales, o proyectos estrella de algunas consejerías, e incluso llegó a pagar por montar actos para contar a la prensa lo bien que lo habían hecho durante sus años de gestión.

Para estas campañas de autopublicidad pagada con dinero público, los Gobiernos autónomos del PP tenían dos grupos empresariales de cabecera, la red Gürtel, dirigida por Francisco Correa, y la trama Over MC, que encabezaba Daniel Mercado, a los que adjudicaban numerosos contratos mediante sistemas aparentemente legales pero fraudulentos.

Por un lado, según han acreditado las distintas investigaciones judiciales abiertas, troceaban contratos de manera que evitaban el concurso público adjudicando determinados servicios por menos de 12.000 euros.

Daniel Mercado ha reconocido esta práctica y otra algo más compleja pero igual de fraudulenta. En los contratos que por su cuantía era imposible adjudicar a dedo, se inventaban un procedimiento de urgencia para adjudicarlos y ponían en marcha el mecanismo del contrato negociado sin publicidad. Eso implicaba que había que invitar a tres empresas y elegir la mejor oferta. Según ha confesado Daniel Mercado al juez y según consta en las investigaciones abiertas tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana y en Baleares, el sistema elegido por los Gobiernos del PP para adjudicar esos contratos a la red de Correa o a la trama de Mercado era que se invitase a tres empresas del mismo grupo empresarial para, de esta forma, evitar que la adjudicación fuera a parar a una empresa distinta de la que deseaban los dirigentes políticos.

Este sistema corrupto propiciado por políticos del PP, del que se beneficiaban Correa y Mercado, tenía siempre una contrapartida. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la contrapartida eran comisiones ilegales a los alcaldes o consejeros autonómicos que facilitaban la contratación, según ha acreditado documentalmente la investigación abierta hace más de tres años.

Over Marketing contra el clan Gürtel

El Bigotes avisa.

Correa no le quiere en Madrid.

Daniel Mercado, propietario de Over Marketing, se topó con un obstáculo mayor al negociar contratos con Gobiernos del PP. El clan Gürtel se cruzó en su camino y le dificultó lograr más contratos públicos. En su declaración ante el juez, cuenta así sus encontronazos:

“Una vez iba por la Plaza de la Reina, en Valencia, y me encontré con Álvaro Pérez [El Bigotes], delegado de Orange Market [la empresa de la red Gurtel en la Comunidad Valenciana], y le comenté de manera ingenua que estaba satisfecho porque me habían adjudicado un contrato. Y él me dijo: ‘Estás totalmente equivocado si te crees que vas a trabajar con la Comunidad Valenciana y no vas a hacer la creatividad de la consejería de Familia’. Yo no le di importancia, pero días después recibí una llamada de la consejería de Familia anulando el encargo”.

"En 2008, me encontré con Francisco Correa en la calle Goya y me amenazó si seguía intentando trabajar con organismos públicos de comunidades gobernadas por el PP. Sentí miedo".

En el caso de Baleares, según el publicista Mercado, el primer beneficiario de estas prácticas era el Partido Popular, que conseguía financiar sus actos gracias al empresario que recibía los contratos de la Administración pública. El propio Mercado se lo cuenta así al juez: “Yo no he pagado comisión alguna por esos contratos. Quizás el beneficio que podían obtener es que las personas que me contrataron no facturasen la totalidad de las dos campañas electorales del PP en 2003 y 2007. Además de esas compañas, mi empresa Over ha cubierto actos, a los que han acudido líderes del PP, por los que no ha cobrado absolutamente nada. El beneficio lo ha obtenido el Partido Popular”.

Durante ese cuatrienio, la empresa de Daniel Mercado tenía barra libre para contratar con las principales consejerías del Gobierno balear, según ha confesado él mismo al juez. La inmensa mayoría de los contratos que recibió en esa etapa estaban amañados. El entonces presidente balear, Jaume Matas, que puso la publicidad de la campaña electoral de 2003 en manos de Mercado, le facilitó después que su empresa fuera adjudicataria de decenas de contratos públicos de la comunidad autónoma que presidía.

En todos estos casos de corrupción descubiertos en las comunidades autónomas gobernadas por el PP hay dirigentes políticos imputados. En la Comunidad de Madrid tuvieron que dimitir un consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y cinco alcaldes; en la Comunidad Valenciana, el escándalo se llevó por delante a su presidente, Francisco Camps, que fue absuelto por un jurado popular (cinco votos frente a cuatro) del delito de cohecho impropio. En esa autonomía hay abierta una causa por financiación ilegal con excargos del Gobierno valenciano imputados. En Baleares, el expresidente Matas fue condenado a cárcel en primera instancia en una de las numerosas causas que tiene abiertas por corrupción.