Andalucía aguanta la política social a costa de sacrificar más la inversión

El primer presupuesto andaluz elaborado a dos manos por PSOE e Izquierda Unida, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, aguanta con alfileres la política social de la Junta de Andalucía a costa de recortar bruscamente la inversión pública en un 21% y disminuir el gasto de personal. Casi todo baja en el proyecto de ley de Presupuestos de la Junta para 2013, menos el pago de las amortizaciones de la deuda (2.532 millones). Estos pagos —que suponen ocho de cada 100 euros— se comen prácticamente el recorte de todas las consejerías (2.692 millones), que disponen de un 10,7% menos de recursos.

Andalucía contará con 30.706 millones de euros para el próximo año, un 4,1% menos que el presupuesto inicial de 2012, al que a mitad de año amputaron 2.700 millones. “Es un presupuesto de resistencia, de contraste con el del PP, no de confrontación”, resumió la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

Media hora tardó la responsable del presupuesto en revelar la cifra final de las cuentas en su comparecencia. Aguayo se extendió una enormidad en explicar por qué se daba pellizcos en todas las partidas y señaló como culpable de la disminución a la política económica del Gobierno central, a la obligatoriedad de alcanzar un déficit del 0,7% en 2013, a la disminución de los ingresos estatales y a la aplicación del sistema de financiación autonómica. También reconoció que el margen del Gobierno autónomo para incidir en la economía es prácticamente nulo. Lo que vino a decir Aguayo es que en Andalucía no se cierran hospitales, ni guarderías, ni casas de acogida para mujeres maltratadas, ni colegios, pero tampoco se abren nuevas instalaciones; ni se incrementan las tasas ni los impuestos. Por ahora, porque IU, en su primer bautismo presupuestario, está empeñada en que los ajustes se hagan no solo a costa de los gastos sino de incrementar la presión fiscal.

En el mismo día, el Gobierno aprobó el presupuesto, lo registró en el Parlamento autónomo y por la tarde los consejeros salieron de romería por todas las provincias para explicar lo poco de inversión que hay prevista en cada de una de ellas.

Empecemos por la inversión. Es, de nuevo, la gran sacrificada de las cuentas. Cae un 21% y se sitúa casi al nivel de hace 10 años. En 2003, la Junta consignó 3.562 millones y para 2013 hay 3.814 millones (un 2,6% del PIB). Este recorte es el más fácil de explicar para los políticos. “No es el momento de dedicar recursos a obra nueva, ni de hacer autovías ni hospitales sino de mantener el funcionamiento de los servicios públicos”, explicó la responsable de Hacienda.

Gracias a la tijera en la inversión y a que los gastos de personal descienden un 8,3% —la tasa de reposición está prácticamente congelada y los funcionarios y empleados públicos tienen que trabajar dos horas y media más— Andalucía mantiene viva su apuesta social. También ha ayudado el recorte en un 14,5% de media las transferencias a las empresas públicas. Aquí se abre la interrogante sobre los trabajadores de este sector. Por ejemplo, la televisión autonómica andaluza contará con 185 millones (un 18,4% menos). ¿Afectarán esa reducción al empleo? “No puedo contestar a la pregunta de si se renovarán los contratos”, dijo Aguayo.

Las primeras cuentas de PSOE e IU apuestan por planes de empleo

En cuanto a las políticas, la coalición de izquierdas proclama que el empleo es su prioridad, en una comunidad donde la tasa de paro es del 35,4%. En realidad las partidas donde están las competencias de empleo bajan porque las transferencias finalistas del Estado en políticas activas han caído en un 40%, pero PSOE e IU han elaborado varios programas que afectan a distintas consejerías que suman 370 millones de euros para planes ligados al empleo. El salario social sube un 12,2%. Y las ayudas a las becas tanto de estudios como de servicios ligados a este sector (comedor, transporte), suben un 7%.

El Gobierno autónomo estima que la economía andaluza seguirá bajando el próximo año en un 1,2%, siete décimas más de lo previsto por Mariano Rajoy para el conjunto de España.