Las otras realidades de Escocia y el Quebec

Cataluña no es Escocia ni Quebec, pero es innegable que se parecen y que los procesos de secesión que viven esos territorios son referencia para el incierto panorama que se abrirá tras las elecciones del 25-N. Artur Mas prometió convocar una consulta pero hasta llegar ese día no está nada claro el punto de partida ni qué camino legal ha de seguirse. Si se toma como referencia la Constitución, el debate se acaba pronto por la rigidez para reformarla y su contenido. El artículo 92 prevé que un referéndum ha de ser convocado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno y previo permiso del Congreso y el artículo 2 consagra la invocada indisoluble unidad de la nación española. Con los planteamientos que defienden PP y PSOE, en España resulta impensable que un presidente de Gobierno pueda pactar con el de la Generalitat un proceso como el escocés. Y el Ejecutivo de Rajoy ya ha avisado que se opondrá por todos los medios al referéndum y que Mas podría cometer un delito si convoca una consulta al abrigo de una ley del Parlamento catalán.

El Reino Unido no tiene constitución escrita pero sí está vigente desde 1707 un tratado de unión de Inglaterra con Escocia y eso ya la hace distinta a Cataluña. En el caso británico, la competencia para convocar un referéndum corresponde al parlamento inglés, pero en el acuerdo firmado el día 15 entre el primer ministro británico, David Cameron y el ministro escocés, Alex Salmond, se ha cedido esa potestad al parlamento regional. En esa consulta, que se celebrará antes de que finalice 2014, solo habrá una pregunta y no varias, como pretendían los escoceses, y su redactado deberá ser claro e inequívoco. No es eso lo que ocurriría en Cataluña si Mas cumpliera el anuncio de la pregunta que sometería a referéndum: “¿Desea que Cataluña sea un nuevo Estado de la Unión Europea?”. Pero si triunfa la secesión, eso de entrada no sería así. Mas ha admitido que en ese caso Cataluña quedaría fuera de la UE, pues la incorporación debe ser aprobada por unanimidad por todos los socios y España ya ha dicho que vetaría el ingreso. No debe olvidarse tampoco el precedente yugoslavo. Tras crearse la federación de Serbia y Montenegro, este último territorio reclamó a la UE un referéndum. Le fue negado pero al final lo autorizó el Consejo de Europa. En 2006, el 55,5% de la población apoyó la independencia. Montenegro se declaró independiente 12 días después.

La Corte Suprema de Canadá emitió en 1998 un dictamen en el que sostuvo que la pregunta de un referéndum ha de ser clara e inequívoca. En 1995, los ciudadanos del Quebec habían contestado esa enrevesada cuestión: “¿Acepta que Quebec se convierta en un Estado soberano después de ofrecer formalmente a Canadá una nueva asociación política y económica en el ámbito del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?”. El “no” se impuso por 50.000 votos (50,58% frente a 49,2%). Ese dictamen de la Corte de Canadá ha producido una "juridificación internacional del derecho de secesión", en palabras del exdiputado de ERC Joan Ridao, profesor de Derecho Constitucional. Ha servido de referencia para lograr el acuerdo entre los gobiernos de Londres y de Edimburgo y sentó las bases legales en Canadá para que el Gobierno central y el regional negocien si los quebequeses expresaran una voluntad clara de separarse. En el caso catalán resulta indiscutible que esa voluntad se expresará en las elecciones del 25-N. Frente a la rigidez constitucional española, los jueces canadienses establecieron que hasta que no se pactasen los términos de la secesión seguiría vigente la Constitución canadiense, todo lo contrario de lo que ocurre en España, donde el marco constitucional se invoca como un obstáculo insalvable. Quizás por eso, Mas ya ha llegado a reclamar a Rajoy que si quiere rebajar el sentimiento independentista reforme la Constitución para buscar un encaje de Cataluña.