Solo el PP apoyará el lunes el copago judicial de Gallardón

El copago judicial del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, superará el próximo lunes el primer escollo parlamentario, el del debate de totalidad, con los únicos votos favorables del PP y con el rechazo de la casi totalidad de las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales y del Consejo General del Poder Judicial, entre otros. La ley establece un baremo de tasas para los recursos, que puede llegar a 800 euros en asuntos laborales. El objetivo, según Gallardón, es el contribuir a desatascar los tribunales y a financiar el derecho a la justicia gratuita, con un copago similar al farmacéutico. El Gobierno tiene una previsión aproximada de ingresos por tasas judiciales de unos 306.091.000 euros.

Está excluida la jurisdicción penal, y hasta ahora había tasas solo para la civil y la contencioso- administrativa. Con la ley se elevan notablemente las tasas y se extienden a la jurisdicción social, es decir, laboral. La norma no distingue entre niveles de renta.

De esta forma, el recurso contra una resolución laboral ante una segunda instancia implicaría una tasa de 800 euros que, según las asociaciones que se oponen, resulta prohibitiva para un trabajador que haya perdido su empleo. El Consejo General de la Abogacía elaboró también un informe muy crítico, en el que se asegura que el recurso por una multa de tráfico de 100 euros podría llevar aparejada una tasa de 200, que no es reembolsable si se gana en la segunda instancia. PSOE, CiU, BNG e Izquierda Plural han presentado enmiendas a la totalidad. El PSOE presentó este viernes enmiendas parciales para, por ejemplo, excluir la jurisdicción laboral.

Según algunas asociaciones, la ley podría vulnerar el artículo 24 de la Constitución que asegura que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”. Fuentes del PSOE aseguran que estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad si se mantiene en los mismos términos tras su paso por las Cortes.

El Gobierno respalda la constitucionalidad de la reforma de las tasas judiciales basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012 que avaló esas cargas como medio de financiación de la justicia. Esa sentencia, no obstante, se refería al recurso de una gran empresa y dejaba a salvo que no se gravaran la jurisdicción penal y la laboral, que ahora sí se incluye en la norma. La Unión Progresista de Fiscales sostiene que las nuevas tasas “impedirán o dificultarán el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, y esta legislación es similar a la de época preconstitucional”.