Los acusados del ‘Prestige’ alegan falta de garantías judiciales

La lenta maquinaria judicial del Prestige es como un cíclope a punto de desplomarse a cada paso. La vista para depurar responsabilidades por la marea negra de 2002, que contaminó la costa europea desde el sur de Galicia hasta Francia, comenzó este martes en A Coruña con obstáculos. Las defensas de los principales acusados —el capitán Apostolos Mangouras y su mano derecha en el buque, el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos— utilizaron la sesión para sembrar dudas sobre la azarosa instrucción, las garantías procesales y la posibilidad de que la catástrofe se zanje con un juicio justo. El abogado de oficio de Argyropoulos, Paulino Pérez Riveiro, amenazó incluso con propiciar la suspensión del juicio: si la Xunta de Galicia no le aumenta antes del 12 de noviembre los 455 euros de honorarios que cobrará hasta que acabe la vista en abril se retirará del caso. Y si así ocurriera, el tribunal debería habilitar otro plazo de al menos tres meses para que otro letrado de oficio se sumergiera en los más de 230.000 folios del sumario para preparar la defensa del acusado. “La Xunta no está dispuesta a que se celebre un juicio justo y pretende vulnerar los derechos de defensa”, acusó Pérez Riveiro ante la sala de la Audiencia de A Coruña.

Hasta el próximo 13 de noviembre, día en que se cumplirá el décimo aniversario de la llamada de auxilio del Prestige frente a Fisterra, no está previsto que comiencen las declaraciones de acusados y testigos. Desde este martes y hasta el 25 de octubre, el tribunal recibirá peticiones de anulación y propuestas de más pruebas y testimonios, para decidir cuáles admite, un extremo importante para el desenlace del caso, porque muchas de las diligencias que están en cuestión son trascendentales para medir la culpabilidad de los tres hombres sentados en el banquillo: los dos tripulantes del monocasco y el que era director de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, un cargo del exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, que asumió toda la responsabilidad de la gestión de la crisis, para alivio de sus superiores.

El fiscal y los 55 abogados destaparon así a lo largo de la mañana las bazas con las que piensan jugar. Lo que quedó claro es que los presentes en la sala están agrupados en dos bandos: aquellos que, como la fiscalía, creen que toda la culpa del desastre la tuvieron los responsables del viejo petrolero y de su carga tóxica, que además se resistieron a obedecer las órdenes dadas por las autoridades españolas para minimizar los daños; y quienes, como Nunca Máis, responsabilizan también al Gobierno de José María Aznar de la gravedad de los daños de la marea negra por negarse a refugiar el petrolero en un puerto y pasearlo por el Atlántico con su casco escupiendo un reguero de fuel.

Uno de los informes decisivos para aclarar el futuro judicial del único político sentado en el banquillo es el que suscribió un ingeniero naval llamado Santiago Martín Criado. Este estudio establece que fue el mal estado del petrolero, botado en 1977, el que provocó la catástrofe, y no la errática travesía impuesta por el Gobierno. En él se basó la juez instructora para exculpar a López-Sors en un primer momento, una decisión que fue revocada por la Audiencia Provincial de A Coruña. El abogado de la plataforma Nunca Máis, nacida en Galicia para reclamar responsabilidades políticas por lo ocurrido, solicitó al tribunal que no tenga en cuenta ese informe pericial porque su autor, Martín Criado, fue asesor del Gobierno de Aznar durante la catástrofe y avaló el alejamiento del barco, una intervención que el perito ocultó además al juzgado cuando se le encargó el estudio.

El desenlace que tenga el juicio para Mangouras dependerá en buena parte de si el tribunal atiende dos de las peticiones realizadas por su abogado. José María Ruiz Soroa reclamó la nulidad parcial del procedimiento porque el Gobierno de Aznar “ocultó” datos trascendentales del estado en el que se encontraba el petrolero, obtenidos por sus técnicos en las expediciones submarinas al pecio que se desarrollaron en 2003. “De manera escondida”, según el relato que hizo el abogado en la sala, estos peritos realizaron mediciones en la chapa y compartimentos internos del buque que nunca fueron enviados al juzgado de Corcubión. Aquella “autopsia” secreta podría echar luz sobre un aspecto fundamental para poder imputarle a Mangouras un delito contra el medio ambiente: si el petrolero estaba o no en “un deplorable estado de conservación” cuando emprendió su última singladura y si su máximo responsable estaba al tanto de ese peligro.

Por eso el abogado del marino griego pidió también la nulidad de los registros que las autoridades españolas realizaron en el camarote de Mangouras después de que este fuese enviado a prisión. Entre los cientos de documentos allí incautados se encuentra un fax comprometedor para Mangouras, en el que un excapitán del buque le advierte tres meses antes de la tragedia del mal estado de su estructura. El abogado del principal acusado alegó que el registro en el camarote se realizó “sin autorización judicial” y que los papeles encontrados no se enviaron al juzgado de Corcubión hasta casi dos meses después, lo que pone en cuestión que se respetara su “cadena de custodia”. Ruiz Soroa proclamó ante el tribunal sus dudas sobre la capacidad de España para garantizar a su defendido un juicio justo después de que Aznar lo llamase “pirata” a los dos días del naufragio.