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COLUMNA

Insumisión

El Gobierno encara la nueva rebelión de los catalanes y el crecimiento de la insumisión popular sin un mínimo de inteligencia política

Parece que la ventana de oportunidad abierta en el verano por el BCE de Mario Draghi, al prometer que avalaría condicionalmente la deuda española e italiana de corto plazo, se va cerrando en este otoño de efectos retardados, cuando el clima político de la eurozona se vuelve cada vez más sombrío tanto por la indecisión de Rajoy (que no se atreve a solicitar rescate) como por la de Merkel (que aplaza sine díe su respaldo a los rescates y la unión bancaria). Y mientras tanto, las cosas empeoran en España ante la nueva rebelión de los catalanes y el crecimiento de la insumisión popular: dos nuevos frentes de batalla civil que se le abren al Gobierno sin que parezca capaz de enfrentarse a ellos con un mínimo de inteligencia política. En lugar de ofrecerse a negociar pactando una agenda de cuestiones a debatir, y sobre todo un calendario compatible con el control de la crisis, el Gobierno ha preferido cerrarse en banda y atacar en tromba, empeñado en españolizarlo todo (¿o se quiso decir descatalanizar?) sin dejarse margen para reaccionar con cierta elasticidad. Tiempo habrá de volver a la cuestión catalana, sobre la que Rubio Llorente publicó en estas páginas (el pasado día 8) una tribuna ejemplar y convincente.

Entretanto merece la pena comentar la otra cuestión que ha alterado los ánimos: las repercusiones de la manifestación Rodea el Congreso convocada el 25-S por la Cumbre Social (que congrega a las centrales sindicales, las diversas mareas de colores antirrecortes y más de 100 asociaciones de indignados). Como se recordará, el Ejecutivo pretendió abortarla con una doble estrategia preventiva: ante todo denunció a sus convocantes ante los tribunales imputándoles delitos contra el Estado y sus instituciones, y además blindó el Congreso como si fuera a sufrir un asedio militar.

Por lo demás, ya en el curso de los hechos, Interior cargó contra los manifestantes con violencia innecesaria en busca de provocación, deteniendo a una treintena de activistas a los que acusó ante la Audiencia Nacional de un delito de sedición. En paralelo, la gobernadora civil (quiero decir, la delegada del Gobierno) sugería recortar (quiero decir “modular”) el derecho de manifestación, mientras la jauría de corifeos mediáticos del PP comparaba el Sitio del Congreso con el 23-F de Tejero, elevándolo a la categoría de grave amenaza terrorista y antisistema contra la democracia y el Estado de derecho. Y el tragicómico despropósito alcanzó su paroxismo cuando el juez instructor de la Audiencia Nacional rechazó procesar a los detenidos alegando con razón que se limitaban a ejercer su derecho a protestar en público contra el merecido desprestigio de la clase política, con lo que se armó contra él un feroz linchamiento simbólico que pretendía crucificarle por haber osado vilipendiar a los padres de la patria.

Cabe disculpar la torpeza de un Gobierno que, al verse rodeado por mayúsculos problemas que no acierta a resolver, pretendió aliviar la tensión magnificando un problema menor, como era la manifestación del 25-S, para montar sobre él un escándalo que distrajese la atención proyectándola sobre un imaginario enemigo interior: los insumisos activistas antisistema. Pero es evidente que le salió el tiro por la culata. Primero, porque incurrió en un pecado de populismo al decretar la persecución inquisitorial de unos falsos culpables con la esperanza de recuperar la adhesión popular y el apoyo ciudadano, pero obteniendo justamente efectos opuestos a los buscados. Y además porque al actuar así ha revelado también su verdadera naturaleza dudosamente democrática. ¿Cómo es posible criminalizar a alguien acusándole de delitos contra la democracia cuando se estaba limitando a ejercer su derecho constitucional a asociarse, reunirse y manifestarse? ¿Acaso no se dan cuenta de que, si alguien está cometiendo delitos contra la democracia es el propio Gobierno, cuando reprime, recorta o deroga los derechos civiles y políticos de los manifestantes, tal como viene haciendo habitualmente con los derechos sociales de todos los ciudadanos mediante su injusta política de austeridad fiscal?

Por lo demás, el fondo del asunto resulta incontestable. La ciudadanía española, y por ende la Cumbre Social, tiene perfecto derecho a disentir del Congreso, de las leyes en vigor y de la propia Constitución. Es un derecho constitucional que le pertenece de forma inherente, lo mismo que el de manifestarse expresando en público su disidencia e insumisión contra una clase política que gobierna contra aquellos a los que representa. La misma insumisión cuyo contenido político, a juzgar por las encuestas, también es compartido por tres cuartas partes de la ciudadanía española: una contundente mayoría silenciosa.