El fugitivo que contrató a Julio Iglesias

El abogado sevillano José María Tabares Domínguez era un desconocido experto en comercio internacional hasta que Eduardo Zaplana se cruzó en su camino. El expresidente de la Generalitat del PP le designó en julio de 1997 director del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), el brazo del comercio exterior de la Comunidad. Y del anonimato saltó a los tribunales. En dos años en el cargo, acumuló dos imputaciones.

La primera evolucionó en 2007 a una condena firme de cinco años de prisión por estafa. Y la segunda, relacionada con los multimillonarios pagos al cantante Julio Iglesias a través de la sociedad International Concerts, radicada en las Islas Vírgenes, puede que nunca se esclarezca. El exdirectivo, de 60 años, no tiene intención de declarar por este asunto, pese a ser el presunto urdidor de los dos contratos de promoción de la Comunidad por los que el IVEX desembolsó al intérprete de Soy un truhán, soy un señor casi seis millones de euros.

Tabares huyó de España al conocer la primera condena. Es un prófugo. Distintas fuentes políticas apuntan que ahora podría residir en Tokio y trabajar desde allí como consultor de empresas y para fabricantes de azulejos de Castellón. Según esas mismas fuentes, Tabares no tiene intención de salir del país hasta que no prescriba su delito.

Está en paradero desconocido desde que fue condenado por estafa en 2007

La relación de Tabares con Japón se remontaría a una relación sentimental y unos estudios de doctorado con vistas a impartir clase que cursó en 1999 en la prestigiosa Universidad de Waseda (Tokio), donde se han formado seis primeros ministros nipones. En este centro insisten en que no hay ningún profesor español con ese nombre.

Japón no tiene acuerdo de extradición con España, por lo que el posible traslado del antiguo jefe del IVEX se antoja complicado al no tratarse de un delito de sangre o terrorismo. “Todo depende de la voluntad de colaboración entre los países”, apunta Enrique Orts, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia.

Mientras, Tabares espera a que prescriba su delito. El 22 de septiembre de 2016 será un hombre libre, según su abogado, Juan Ignacio Sáez, que dice que contactó con el fugitivo por última vez el pasado mayo a través de correo electrónico y asegura que “nunca” le ha preguntado dónde se encuentra. El letrado sostiene que su cliente “no ha pisado en los últimos años” España y carece de responsabilidad en la contratación del cantante. Afirma que los pagos a Julio Iglesias, telonero de los mítines del expresidente José María Aznar, se cocinaron en el Palacio de la Generalitat. Una tesis que también comparte el entonces diputado socialista Antoni Such, que atribuye al PP la ocultación a las Cortes Valencianas del segundo contrato —3,7 millones libres de impuestos— que el Ejecutivo autonómico suscribió con el artista en diciembre de 1997 y que el propio Iglesias confirmó la semana pasada ante un juez de la República Dominicana. El cantante, amigo personal de Zaplana, señaló al prófugo como el autor de su contratación.

Tabares aterrizó en la Generalitat en 1990. El Procova (Promociones de la Comunidad Valenciana), precedente del IVEX durante el último mandato del presidente socialista Joan Lerma, fue su primer destino. Recaló allí como un técnico catapultado por su currículum, una privilegiada agenda de contactos y el bagaje de haber pilotado las exportaciones de una firma de calzado en La Vall d’Uixó (Castellón). “Era un reconocido especialista del comercio exterior”, destaca su abogado. El desembarco del PP en la Comunidad Valenciana en 1995 y los planes del presidente Eduardo Zaplana de dinamitar los resquicios de la gestión socialista, transformaron la institución, que pasó a llamarse IVEX. Se desgajó de la Consejería de Economía y se revistió de ambición. El remozado organismo multiplicó su presencia exterior y organizó decenas de misiones empresariales a “mercados emergentes” como Rusia, Japón, México o, en EE UU, Miami. En ese contexto de cambios, Zaplana nombró en 1997 a Tabares director general del IVEX.

Algunas fuentes sitúan al ex alto cargo valenciano en Tokio

La jugada promocionaba a un técnico con fama de buen gestor, sin adscripción política (carecía de carné del PP), y poco dado a los excesos verbales. Un hombre que no cuestionaría a su mentor. “Era un reputado profesional con un máster en dirección de empresas y experiencia en el sector del comercio internacional. Su ambición era solo laboral”, explica un exalto cargo de esa etapa que define al prófugo de “metódico y austero”.

Con un sueldo cercano a los 50.000 euros anuales, Tabares tomó las riendas del IVEX. Gozaba de la confianza absoluta del jefe del Gobierno valenciano. Hacía y deshacía a su antojo. Y fue en ese universo de viajes y pabellones feriales donde el discreto técnico ajeno al protagonismo estrechó relaciones con dos personas que le empujarían al precipicio judicial: Julio Iglesias y el empresario francés Jean Luc Marie Lagier. Tabares había conocido a Lagier, un persuasivo hombre de negocios, tres años antes, durante su etapa de Procova. El industrial francés se había metido a la Generalitat en el bolsillo desde 1995 con una rocambolesca operación comercial: el IVEX adquiría productos a sus empresas de Túnez a cambio de los derechos de compensación exigidos por las autoridades magrebíes para que la planta Ford de Almussafes (Valencia) exportase vehículos a este país. La carambola triangular resultó ser una estafa que dejó un agujero de diez millones en el organismo en forma de deudas con entidades como el Arab Bank o el KBC Bank. Tabares, que rubricó la operación a espaldas del Consejo del IVEX, veía como su prestigio se desmoronaba.

“Les preguntamos que qué había pasado. No nos convencieron sus explicaciones”, relata el asistente a una reunión de urgencia en septiembre de 1999, en pleno escándalo. Esta fuente recuerda que Lagier ofreció “devolver la pasta” a cambio de que la Generalitat le financiase otra inversión. Tras la negativa a engordar la pelota financiera, el IVEX denunció a Tabares y Lagier. El Supremo confirmó en 2006 sendas condenas a cinco años de prisión por estafa, delito societario y falsedad con sanción multimillonaria incluida. El francés murió en 2010 tras ser excarcelado por un cáncer. Y el discreto directivo está huido desde entonces.