Claridad

En los tiempos que corren, el destino de los ciudadanos depende de dos formas opuestas de comunicación política que se apartan de los foros convencionales de debate. De un lado, los opacos conciliábulos a puerta cerrada del selecto grupo de mandatarios europeos escoltados por sus sherpas que se juegan nuestro futuro en el tapete de las eurocumbres. Este fin de semana se han congregado en Chipre. Y del otro, las multitudinarias concentraciones que ocupan el espacio público para representar con espectacular escenografía sus performances reivindicativas, según el modelo indignado del 15-M emulador de la Primavera Árabe. Este sábado tuvimos buen ejemplo en Madrid con la manifestación del 15-S convocada por la Cumbre Social. Pero mucho más relevante resulta la masiva Diada que el martes pasado ocupó Barcelona, logrando introducir su demanda de independencia en la agenda pública española. Aquí me centraré en esta última.

Todo parece indicar que la Diada de 2012 ha supuesto el paso irreversible del Rubicón por parte del nacionalismo catalán: alea jacta est. ¿Conseguirá, pues, alcanzar su objetivo máximo? ¿Ha empezado la cuenta atrás de la independencia de Cataluña? Tres son los factores que explican el éxito actual del independentismo catalán. Ante todo, el efecto de la crisis del euro, no por coyuntural menos capaz de transformar bruscamente las condiciones de vida y las percepciones políticas de la ciudadanía. Los catalanes, que son los alemanes o los luteranos de España, se han cansado de pagar con el recorte de sus derechos y sus ingresos el coste del subdesarrollo meridional peninsular.

También influye la sutil manipulación de las balanzas fiscales interterritoriales, traducida en la demanda de un concierto foral equivalente al vasco-navarro. Es verdad que el modelo de financiación actual viola el principio de ordinalidad, por lo que convendría sustituirlo por un modelo federal como el alemán. Pero el déficit fiscal de Cataluña es menor que el de Madrid o Baleares, que no por ello acumulan tanta deuda ni reclaman un concierto foral. Lo que ocurre es que, debido a la distinta naturaleza de su derecho sucesorio, los catalanes se resisten como primogénitos a repartir su patrimonio con el resto de hermanos peninsulares, según la lógica de la familia troncal que privilegia al hereu: el mismo tipo de familia que comparten con vascos y navarros o alemanes y suecos. En cambio, el derecho civil castellano es igualitario, lo que lleva a repartir el patrimonio a partes iguales entre todos los hermanos: de ahí la preferencia por el café para todos.

Llegó la hora de que el catalanismo renuncie a la ambigüedad y formule con precisión sus demandas

Pero el factor políticamente más influyente es la suicida política catalana de los dos grandes partidos estatales. El PP es culpable de haber consentido y animado desde el año 2000 una injusta campaña de catalanofobia populista. De ahí que muchos catalanes, al sentirse acosados y perseguidos como si fueran judíos, prefieran fugarse de un país que les aborrece casi tanto como les envidia. Pero lo del PSOE resulta casi peor. La irresponsabilidad de Zapatero le llevó en 2003 a tirar por la borda el federalismo del Pacto de Santillana para sustituirlo por el confederalismo de Maragall y su Pacto del Tinell, lo que abrió la caja de Pandora de la reforma anticonstitucional del Estatuto catalán sin el necesario consenso con el PP. Una reforma destinada a fracasar que, al ser desvirtuada y minimizada por el Constitucional, provocó la resentida indignación de la ciudadanía catalana.

¿Y ahora qué? Ha llegado la hora de la claridad. Pero claridad en un doble sentido. Ante todo, para que el catalanismo renuncie a la ambigüedad, formulando con precisión sus demandas. ¿Pacto fiscal o independencia? Una cosa u otra, pues son incompatibles y contradictorias. Pero me refiero sobre todo al Pacto de Claridad que haría falta acordar por consenso entre los dos grandes partidos estatales y los dos nacionalistas (PNV y CiU) para abrir una segunda transición que resuelva de una vez por todas la actual deriva autonómica mediante una definitiva reforma constitucional que reconozca y regule el derecho de secesión en la misma línea marcada por la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá que resolvió la cuestión de Québec. Una sentencia que rechazó el derecho de autodeterminación (al no haber situación colonial que lo justifique) aceptando el de secesión con tres condiciones: que la pregunta a formular en referéndum sea de claridad meridiana, que se logre una mayoría cualificada del censo electoral (majorité élargie) y que de aprobarse abra una negociación para pactar las reparaciones al perjudicado Estado nodriza. ¿Es imaginable que PSOE y PP tengan la valentía de llegar a un consenso como ese? ¿Está el nacionalismo secesionista en disposición de ganar una consulta así?