El imposible encaje constitucional

Los juristas suelen decir que “el papel lo aguanta todo”, pero no parece que eso valga también para la Constitución. Varios especialistas en derecho constitucional consideran que el proceso secesionista reclamado en Cataluña y el anuncio hecho este miércoles por Artur Mas de dotarse de “estructuras de Estado” resulta imposible de encajar en la Ley Fundamental.

“La Constitución es muy clara y en ella no cabe convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, porque es competencia exclusiva y excluyente del Gobierno”, explica Javier Pérez Royo, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Sevilla. Con él coincide Enoch Albertí, catedrático en la Universidad de Barcelona: “Buscar en la Constitución una salida secesionista es buscar en vano, por más ingeniería constitucional que se quiera”.

“Una cosa es el contenido político de las declaraciones de Mas y otra, las consecuencias jurídicas que se derivan”, tercia Julia Sevilla, catedrática en la Universidad de Valencia. En su opinión, el artículo 2 de la Constitución, que consagra la indisoluble unidad de España, es una barrera infranqueable porque requeriría la votación en el Congreso y el Senado, la aprobación en referéndum y la posterior disolución de las Cortes.

Pero que el vigente texto constitucional no permita la secesión de Cataluña no quiere decir que no pueda producirse, advierte Albertí. “La Constitución se puede cambiar para reconocer un estatus distinto al que tiene ahora Cataluña. Es cuestión de negociar hasta dónde se quiere llegar”, dice, al tiempo que recuerda que “la separación puede tener grados distintos”. En este sentido, Albertí apunta la “solución confederal”, que pasaría por que Cataluña siguiera manteniendo ciertos vínculos con España.

Pérez Royo entiende que “estamos en un problema constituyente y de negociación política. Ya no puede decirse que el Estado puede imponer su autoridad porque es mucho más débil”. Este catedrático recuerda el precedente que supuso la “barbaridad de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto” catalán tras el recurso del PP. “Aquello fue un pacto político entre el Estado y Cataluña que se votó en referéndum y en el que nunca debería haber entrado el Constitucional”, dice.

La futura negociación política que se propone, añade Albertí, debería realizarse democráticamente. “Eso quiere decir consultar a la población, al inicio del camino para preguntarle si Cataluña quiere iniciar esa vía de pacto con el Estado y al final del proceso, cuando concluya”.

La cuestión radica en el alcance de la negociación y es ahí donde seguramente el Gobierno central y el catalán mantienen posturas irreconciliables. “Lo que hay que hacer es ver qué es lo que pretende Cataluña, sin renunciar al orden constitucional y los valores de 1978 y sin plantearse la voladura del Estado. Es momento de que nos sentemos los políticos, académicos, los ciudadanos y hagamos un esfuerzo de diálogo”, propone Andrés de Blas, catedrático de teoría del Estado en la UNED.

Y mientras llega ese diálogo, la reivindicación del pacto fiscal es el primer escollo del camino. Los juristas consultados coinciden en que la reivindicación catalana tampoco tiene cabida en la Constitución y que el concierto vasco o navarro no puede hacerse extensivo a Cataluña.

“Cuando Mas habla de crear estructuras de Estado está hablando de una Hacienda propia y eso está vedado por la Constitución, aunque también es verdad que con el pretexto de la crisis económica no se pueden dejar de garantizar los derechos de las comunidades autónomas”, dice Julia Sevilla. “España no puede aceptar un modelo de concierto económico para Cataluña”, coincide de Blas.

Albertí recuerda que la Generalitat también es Estado y que Cataluña ya tiene sus estructuras propias. “De lo que se trata es de reforzarlas en este momento preindependentista”, señala.