El Poder Judicial reduce su presupuesto pero se rebela por el recorte de días libres

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy la reducción de su presupuesto en un 12,02%, con lo que se queda en algo más de 60 millones de euros. "Ha sido una reducción consensuada", ha manifestado el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, quien ha señalado que "ha comenzado por el propio presidente", refiriéndose a si mismo, y antes de anunciar que ha optado por quedarse con un único jefe de gabinete técnico, hasta ahora había dos, y que ha renunciado al nombramiento de nuevos asesores "y lo que he hecho es recoger algunos de los que ya trabajaban en la casa, en lugar de traer a alguien más de fuera”.

Tanto Moliner como la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, se han referido a la situación de crisis actual y han manifestado la necesidad de ajustar sus cuentas con un presupuesto que "nos va a permitir cumplir nuestra función". Además, el órgano de gobierno de los jueces se compromete a, dentro de las partidas consignadas, tratar de seguir ajustando los gastos.

En lo que no está de acuerdo el Consejo es en la propuesta de reducción de días de libre disposición que incluyen las medidas de estabilidad presupuestaria, por lo que el Consejo ha formulado una serie de críticas que el presidente del Supremo y del Poder Judicial ha resumido diciendo que lo que pretenden es señalar que los jueces "son funcionarios públicos pero con unas connotaciones específicas".

El CGPJ ha aprobado el informe al anteproyecto que supondrá equiparar el régimen de vacaciones y días libres de jueces y magistrados al resto de funcionarios públicos, algo con lo que no está de acuerdo el Poder Judicial que "critica de forma drástica esta reducción de permisos" que no tiene justificación, ha dicho Bravo, que ha puesto también el acento en que el anteproyecto no presenta ninguna memoria económica que cifre el ahorro que puede suponer esa medida.

El pleno ha aprobado una modificación de crédito por si se paga la indemnización a Carlos Dívar

El pleno ha aprobado además pedir una ampliación de crédito de 44.000 euros al Ministerio de Hacienda. El dinero se destinará, tal como señala la propuesta, al pago de parte de la indemnización de 208.000 euros solicitada por el expresidente del Poder Judicial Carlos Dívar, que dimitió por cargar al erario público viajes no justificados. Sin embargo, el Poder Judicial no ha decidido todavía si efectuará ese pago y el presidente del órgano, Gonzalo Moliner, ha especificado que ese será su destino “en el supuesto de que algún día se acuerde que tiene derecho a la indemnización".

El propio presidente del Consejo ha sido el encargado de explicar que la aprobación de la modificación de crédito y no del pago de la indemnización obedece a "razones de técnica presupuestaria" ya que, tal como ha explicado, "no podemos decidir sobre algo que no podemos hacer", ya que el Consejo no tiene recursos para afrontar los 208.243 euros, que es lo que le correspondería en concepto de indemnización.

Gonzalo Moliner ha asumido que "la patata caliente" sigue en manos del órgano de Gobierno de los jueces, aunque, en este momento, esté en manos de Hacienda el posibilitar que, al menos, el pleno del Poder Judicial debata la solicitud de Carlos Dívar.

Además, aunque la semana pasada el presidente del CGPJ y del Supremo se mostró favorable al pago de la indemnización, hoy ha alegado que se atenderá "a lo que decida el pleno" y que, en cualquier caso y "me reservo la posibilidad de mantener o cambiar mi opinión".

El pleno ha afrontado la propuesta dividido, ya que hay quienes piensan que la solicitud de Dívar reúne todos los requisitos legales para cobrar la indemnización, prevista por la ley para los ex altos cargos cuando han ejercido su función durante más de dos años, y quienes apuntan a que esta opción no está prevista para quienes renuncian al cargo, como es el caso de Dívar. Además, Dívar está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas.

Como presidente del Supremo y del CGPJ, Dívar recibía una cantidad de130.152 euros brutos al año, por lo que si aprobara el pleno su petición tendrá derecho a percibir en concepto de indemnización el 80% de sus retribuciones durante un periodo no superior a dos años, un total de 208.243 euros.

La semana pasada, la Comisión de Estudios e Informes decidió, por un ajustado resultado de tres votos a dos, que Dívar cumplía con todos los requisitos legales para cobrar la indemnización. Si Hacienda prueba el crédito será el pleno el decidirá.