Magistrado y ministro andan a la greña

El juez Javier Gómez Bermúdez está dispuesto a aclarar quién ha divulgado datos sobre el caso Publio Cordón que él cree que no deberían haberse revelado porque ponen en riesgo la investigación. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y sus subordinados de la Guardia Civil están “indignados” por la decisión del juez de abrir diligencias por revelación de secretos. El incidente ha causado un choque poco habitual entre los investigadores y la autoridad judicial. La semana pasada, el juez de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional no podía salir de su asombro cuando escuchó en una radio datos sobre las pesquisas del caso. Pero su asombro, según fuentes jurídicas, fue aún mayor cuando se enteró de que el propio ministro del Interior había informado de las detenciones de varios miembros de los GRAPO por el secuestro del empresario Publio Cordón en 1995.

Interior en ningún momento pidió autorización ni acordó con Gómez Bermúdez la difusión de tales noticias. El juez, según fuentes de la Audiencia Nacional, considera que eso supone un delito de revelación de secretos y que él no puede permanecer impasible.

Por eso, el día 21 abrió una investigación para conocer quién ha filtrado datos incluidos en una comisión rogatoria remitida desde Francia y que contenía las pesquisas realizadas en ese país. Datos como que el empresario estuvo cautivo en una casa de Lyon, o que realizó marcas en la pared, mediante palotes, a modo de peculiar calendario; o los nombres de los supuestos grapos a los que acusa el testigo protegido Alfa (en realidad el grapo arrepentido Fernando Silva Sande). Fuentes jurídicas señalan que la divulgación de esos detalles entorpece las pesquisas que dirige el juez y, además, hace peligrar la buena colaboración policial y judicial lograda de las autoridades francesas.

En la rueda de prensa celebrada el día 20 en Interior para hablar de la operación, el ministro invitó al estrado a tres altos mandos de la Guardia Civil, encabezados por el general Cándido Cardiel. Ninguno quiso decir ni una palabra. Chitón. La Guardia Civil, a petición de Gómez Bermúdez, le ha entregado a este un informe en el que sostiene que en ningún momento se rompió la cadena de custodia de la comisión rogatoria francesa. O sea, el instituto armado viene a decir algo así como “nosotros no hemos sido”, “nosotros no hemos filtrado nada”.

Según fuentes de la investigación, el juez está resuelto a tomar declaración a la cadena de mando de la Guardia Civil y llegar hasta donde sea preciso para aclarar quién y por qué se informó del caso Publio Cordón. Por eso, en Interior hay “preocupación”. Este episodio se une a las fricciones suscitadas entre Interior y el juez por la puesta en libertad bajo fianza de dos de los detenidos. El juez cree que no hay riesgo de fuga. Pero la Guardia Civil no oculta su “perplejidad”, cuando no su abierta discrepancia, con tal decisión.