Oriol Pujol “impulsó” la trama corrupta

El secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, no solo ayudó, presuntamente, a una red de corrupción: participó en ella con ánimo de lucro. Un reciente informe de la Agencia Tributaria señala que el hijo del expresidente catalán, Jordi Pujol, forma parte de una iniciativa empresarial que pretendía lograr, de forma fraudulenta, la adjudicación de estaciones de ITV y hacer negocios en el sector de la eficiencia energética gracias a sus contactos en la esfera política. Pujol “proporciona el impulso y el apoyo necesario” para que el proyecto “llegue a buen fin” y, presuntamente, “tendría indirectamente participación accionarial en Upprime Energy a través de Sergi Alsina”, señala el informe.

Upprime Energy es la empresa creada por dos de los empresarios imputados en la investigación judicial —Alsina, amigo íntimo de Pujol, y Sergi Pastor— y por responsables de Ficosa —multinacional de componentes para el automóvil— para obtener adjudicaciones de ITV y promover cambios legislativos que hagan obligatorias las inspecciones sobre ahorro de energía en los hogares. Uno de los implicados llega a proponer, en una conversación que figura en el sumario, que el consumidor pague 50 euros por inspección. Hacienda remarca que la participación de Pujol es “indirecta”, ya que su nombre no figura ni en Upprime ni en ninguna de las empresas interpuestas en torno a esta.

Los investigadores estiman que fijó los “porcentajes” de cada uno en la operación

Los funcionarios de Hacienda no aclaran cuál es la vía por la que se preveía que el dinero llegase a manos de Pujol. Pero subrayan que su papel en ese engranaje es clave y que es él quien definió, supuestamente, “los porcentajes de participación” de cada uno de ellos. “Oriol le ha dicho a Alsina que apriete”, dice el empresario Pastor, en alusión a las negociaciones. Se da la circunstancia de que la esposa de Pujol, Anna Vidal, emite facturas de forma regular a través de su empresa (Avima) a una firma de Alsina. Una de ellas, del pasado octubre, asciende a 200.000 euros. Hacienda sospecha que se trata de facturas fraudulentas porque no se corresponden, en realidad, con ningún trabajo realizado.

El proyecto empresarial viene de lejos, pero se concretó en 2011. Hace exactamente un año, Alsina envió un revelador SMS a su amigo político: “Oriol, ya hemos firmado. Esto empieza. Será un buen proyecto”. Esa misma noche, todos los implicados cenan en casa de Alsina, en Barcelona. La felicidad embarga al empresario aún al día siguiente, cuando vuelve a comunicarse por mensaje de texto con Xavier Pujol, de Ficosa: “Oriol y yo muy ilusionados con el proyecto juntos. Un abrazo”. Ese verano constan al menos tres encuentros entre Pujol y los imputados. Estos son conscientes de que las empresas deben crearse “con la máxima opacidad”, dice Alsina, al que llegan a sugerirle incluso que no figure su nombre “para que no le vinculen con Oriol”.

Las sospechas de la Agencia Tributaria sobre Pujol son compartidas, en parte, por la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía. En un auto dictado el mes pasado, la juez pide al organismo público que elabore “un informe recopilatorio de la intervención en los hechos de Oriol Pujol Ferrusola”. La magistrada explicita que “se hagan constar todas las referencias y conversaciones relativas al mismo con las correspondientes transcripciones, así como cualquier documental relacionado”. La decisión es significativa, ya que Pujol es diputado en el Parlamento catalán y, por su condición de aforado, si hay indicios de delito es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que debe decidir sobre su imputación. Y para ello necesita que la juez instructora le envíe ese informe.

No es la primera vez que la juez alude al papel de Pujol en la trama. Lo hace también en un auto del pasado marzo, cuando ordenó la entrada y registro en los pisos de los detenidos: Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, del que depende el sector de las ITV; Josep Tous, el hombre de las ITV de Convergència que fue fichado como mediador con los operadores; y Ricard Puignou, empresario de las ITV, además de Alsina y Pastor. La trama es una derivada del caso Campeón, de presunta corrupción. En el auto, López señala que Alsina “es el encargado de utilizar los contactos políticos necesarios, que básicamente se concretan en la figura de Pujol”. El empresario “no duda en utilizar su amistad” con el secretario de CDC ante las “dificultades” para conseguir los objetivos que persigue la trama: anular un concurso de ITV para crear otro a su medida e impulsar un proyecto de certificaciones energéticas bajo la protección del partido que comanda la Generalitat.

“Oriol y yo muy ilusionados con el proyecto”, dice uno de los empresarios

Hay otra circunstancia que estrecha aún más el círculo en torno a Pujol, al que algunos de los implicados se refieren con el apelativo de Zumosol. Modest Llopis, un abogado “de su confianza” y que le lleva los asuntos personales, según la juez, fue el encargado de constituir y asesorar a las dos empresas instrumentales que se crearon para que gestar Upprime. Aunque en sus conversaciones es prudente —apenas hay llamadas comprometedoras en el sumario—, Oriol Pujol está en boca de todos los implicados. Estos le mantienen informado puntualmente de todo. En especial, sus amigos Alsina y Tous. La carrera política de este último ha ido siempre ligada a la de Pujol. El líder de CDC, de hecho, le propuso como número dos de la Diputación de Barcelona —nombramiento que se frustró por el escándalo— y dio su nombre para ejercer de “mediador” en las ITV. Tous, que cobraba al mismo tiempo de la Generalitat (mediante contratos a dedo) y de Alsina, fingía actuar “por el interés público” cuando lo hacía, en realidad, “representando intereses particulares”, remacha la juez.

En uno de los pinchazos, Pujol informa a Alsina de que el abogado, Llopis, está “ayudando a Tous” para mantener como obligatorias unas revisiones que el Gobierno catalán quiere suprimir. Pujol pregunta cuál sería la “remuneración legal” para ello, y Alsina le responde que 2.500 euros al mes.