El Gobierno cambiará la ley para que los ‘exiliados’ vascos voten en Euskadi

Un grupo de juristas elegido por el Ministerio del Interior cree que es “constitucional” el derecho al voto en Euskadi y Navarra de aquellos ciudadanos que abandonaron ambas comunidades por las amenazas de ETA. La inicial propuesta del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, dispone ahora de un arrope jurídico, pero cosecha también la opinión contraria del resto de fuerzas políticas, que advierten del riesgo de una “alteración” del censo electoral. El ministro Jorge Fernández Díaz se ha apresurado a precisar que esta “vía libre” al voto de los exiliados no tomará cuerpo en las próximas elecciones autonómicas, ya que previamente trasladará la iniciativa a los grupos del Congreso para procurar el “máximo consenso”.

Al entregar el informe encargado por Interior, el Centro de Estudios Jurídicos y Constitucionales, que preside Benigno Pendás, entiende “viable” que el Gobierno permita el voto en las elecciones de Euskadi y de Navarra a los ciudadanos que abandonaron su residencia por la extorsión de la banda terrorista, que acrediten fundamentalmente una residencia allí entre 1977 y 2011 de un mínimo de cinco años. Para el ministro se trata de una “exigencia de justicia democrática”, necesaria en un escenario, dice, “post-ETA”.

La propuesta presentada por el Ministerio del Interior sostiene que la coacción de ETA vulneró el derecho fundamental a la libre elección de domicilio “porque se trata de casos en que el cambio de residencia no es libre, en tanto que no es debido a causas voluntarias, sino que viene determinado por la presión del entorno etarra”. Y mantiene que el proyecto pretende “neutralizar ese daño”, “anular las consecuencias derivadas de una situación radicalmente injusta, y en virtud de la cual, muchos ciudadanos vascos y navarros perdieron su derecho de sufragio en sus localidades de origen”.

Basagoiti ha abanderado la causa de los "exiliados" que han emigrado del País Vasco ante la amenaza de ETA desde hace meses, pese a las críticas que ha recibido de otros partidos vascos, como el PNV, que ha calificado de oportunista esta propuesta y ha acusado al PP de querer "manipular" el censo para cambiar "artificialmente" el mapa electoral. Su idea, que ahora ha recibido la bendición de los expertos constitucionalistas, es que esos "desterrados" puedan votar en el País Vasco aunque residan en otros lugares. "Es una medida crucial para el fin del terrorismo, porque es lo que ETA quería conseguir: una cierta depuración del censo para tener más apoyo", resumió Basagoiti en mayo. Una propuesta que llegó después del anuncio de ETA del cese definitivo de su actividad armada, el pasado mes de octubre.

Reacciones críticas

El Partido Socialista en Euskadi ha afirmado que la reforma legal es una iniciativa “loable” desde un punto de vista “moral y ético de compromiso con las víctimas”. Fuentes del partido han precisado, sin embargo, que ven “muy complicada, sobre todo desde un análisis legal y constitucional”, su aplicación práctica.

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y la Izquierda Plural también se han manifestado en esta línea. La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, considera “muy complejo” articular la propuesta, por la dificultad que supone acreditar a un ciudadano vasco que ha abandonado la comunidad por razones que tienen que ver con su seguridad, aunque ha celebrado que el Ejecutivo trate al menos de buscar una solución “razonable” a lo que considera “una anomalía democrática”. El coordinador de la Izquierda Plural en el Congreso, José Luis Centella, ha afirmado que estudiará la reforma, aunque cree que es técnicamente "muy difícil". Centella ha aprovechado para pedir al Gobierno que no se limite a hacer reformas electorales parciales, y ha apuntado que la primera preocupación del Ejecutivo debería ser que pudieran volver físicamente al País Vasco y Navarra, “no solo que pudiesen votar”.

Por su parte, el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, ha señalado en un comunicado que la propuesta es una “aberración democrática, ya que vulnera todos los principios básicos de la democracia representativa”. Zabaleta ha definido la reforma como un “claro intento de la derecha española para tergiversar los resultados electorales”.

La izquierda abertzale también se ha pronunciado en contra, y ha denunciado al PP de pretender “alterar el censo electoral vasco con una colonización a distancia”. A través de un comunicado, señala que la intención del PP es “cerrar las puertas a la izquierda soberanista e independentista, cueste lo que cueste”. La formación señala que la propuesta del Gobierno “'es la demostración más palpable de que el Estado español pretende negar a los vascos el derecho a decidir libre y democráticamente su futuro, con todo tipo de artimañas legales y medidas represivas y coercitivas”.

El Foro de Ermua ha recordado que lleva años reclamando una solución y denunciando la alteración del censo electoral "en favor de ETA" que ha supuesto la denominada diáspora vasca. Considera, no obstane, que es "el momento más inoportuno posible" para promover la medida. Su presidenta, Inmaculada Castilla de Cortázar, ha señalado que ETA “está en las instituciones” gracias a Bildu y Amaiur.