Prisión para la cuarta acusada por el secuestro de Publio Cordón

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha dictado hoy prisión incondicional para la miembro de los GRAPO María Victoria Gómez Méndez, por su participación en el alquiler de la vivienda donde fue retenido el empresario Publio Cordón en junio de 1995, su custodia y posterior enterramiento. Por otro lado, el grapo Vicente Sarasa, detenido el pasado jueves por su supuesta relación con el secuestro, ha salido de la prisión de Soto del Real (Madrid) después de pagar de la fianza.

Gómez Méndez, que se ha negado a declarar, está interna en la prisión de Cáceres desde 2000, cuando fue detenida en Francia por pertenencia a organización terrorista y por su participación en varios atentados de los GRAPO y ataques a furgones blindados.

En el auto, el juez mantiene que al menos otros dos grapos sitúan a Gómez Mendez en la vigilancia e inhumación de los restos del empresario, fallecido unos quince días después de ser secuestrado en Zaragoza, al caer por una ventana cuando trataba de huir de la vivienda de Lyon donde estaba retenido.

En concreto, el magistrado relata cómo la terrorista Concepción González Rodríguez confesó a la Policía que cuando llegó a Lyon con el secuestrado le estaban esperando en la vivienda Gómez Méndez y José Antonio Ramón Teijelo, ya en prisión, encargados de vigilar al empresario junto al dirigente Fernando Silva Sande.

En esos mismos términos, se manifestó, recuerda el auto, "el testigo protegido Alfa".

A ello se suma el que la propietaria de la vivienda haya reconocido por fotografías a Gómez Méndez como la persona que ocupó la casa junto a Silva Sande, aunque probablemente debido al tiempo transcurrido, no ha realizado una identificación "sin ningún género de dudas".

El juez argumenta la prisión incondicional para Gómez Méndez por la gravedad de los hechos imputados y el riesgo de fuga ya que, aunque permanece en la cárcel por otros delitos, existe la posibilidad de una excarcelación temporal mediante la concesión de un permiso extraordinario o una salida hospitalaria.

Los tres restantes miembros del comando fueron detenidos el pasado jueves y prestaron declaración el sábado ante Gómez Bermúdez que decidió, en contra del criterio de la Fiscalía, decretar libertad bajo fianza de 10.000 euros para Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa, arrestados en Sevilla y Cádiz. El magistrado únicamente ordenó prisión incondicional para Juan Ramón Teijelo, detenido en Sevilla y pareja de Ontanilla, argumentando que sus declaraciones “acreditan indiciariamente que tiene conocimiento de los hechos investigados”. Sarasa ha salido este lunes de la cárcel de Soto del Real (Madrid) después de pagar la fianza.

En su auto, Gómez Bermúdez consideraba que el riesgo de fuga de Ontanilla y Sarasa era bajo y les obligaba a comparecer diariamente en los juzgados más cercanos a su domicilio, prohibiéndoles abandonar el territorio nacional.

La decisión del juez, que será recurrida por la Fiscalía, ha recibido fuertes críticas en los últimos días. Consultado esta mañana sobre la polémica, Gonzalo Moliner, nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha declinado entrar a valorar las decisiones adoptadas por Gómez Bermúdez.

Carmen Cordón, hija del empresario, calificó ayer el auto del magistrado como “un mazazo tremendo” y añadió que, desde su punto de vista, el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas por parte de Ontanilla y Sarasa era “máximo”. En declaraciones a Efe, la hija del secuestrado afirmó que el juez había “tirado por tierra” el trabajo de la Guardia Civil y que su familia se sentía “rehén del sistema, igual que hace 17 años”.

Por su parte, investigadores del instituto armado manifestaron que la decisión del magistrado les había causado “perplejidad” y “sorpresa”, ya que había indicios suficientes para haber decretado la prisión sin fianza de los dos detenidos. Al mismo tiempo, mostraron su “indignación” por la decisión de Gómez Bermúdez de abrir diligencias por revelación de secretos, tras la publicación en los medios de información reservada del caso.