El ocaso de ‘La Princesa’

Maria Antònia Munar es aún para su clan “sa presidenta” o “la princesa” y, con distancia, la llaman “na [ella es] Munar”. Ha sido constante protagonista periodístico y personaje omnipresente en la vida política y en las tramas de influencia de Mallorca.

Con su minoría de Unió Mallorquina (UM), marcó el rumbo y el ritmo de la política, a derecha e izquierda, desde que se convirtió en la alcaldesa más joven de España, con 23 años, en 1979, hasta febrero de 2010, cuando tuvo que dimitir por el caso Maquillaje, que la convirtió en reo.

Además de en ese caso, está implicada en otros cuatro escándalos graves de cuando ella y su micropartido, UM, disfrutaban de su máxima cuota de poder político. En 1999 y 2007 votó para la presidencia de Baleares al socialista Francesc Antich. Entre 2003 y 2007, aliada con el PP, tuvo el control del Consell de Mallorca con apenas tres consejeros electos de los 33 del plenario.

De su etapa de alianza con el PP proceden una buena parte de los escándalos que la acosan, y en concreto el caso maquillaje, demostrado por la Audiencia. De su último pacto con el PSOE hay sumarios secretos y una condena de tres años de cárcel a Tomeu Vicens, uno de los ex secretarios generales de UM, por prevaricación y malversación en el Consell de Mallorca.

UM y Munar siempre tuvieron cerca los códigos y las llaves del Urbanismo, el mapa del tesoro de Mallorca. Las figuras de la cúpula de UM están imputadas o investigadas por corrupción. El partido ha sido disuelto y los dos sucesores de Munar en la presidencia de UM, Miquel Nadal y Miquel Ángel Flaquer, han sido detenidos. Nadal ha sido condenado a dos años y siete meses en el mismo caso maquillaje, una pena baja comparada con la de su exlíder, gracias a que confesó que Munar le pasó 300.000 euros para comprar una televisión que después subvencionaron. Otro colaborador de Munar, el exconsejero de Turismo Francesc Buils, fue condenado a otros tres años de prisión por malversación

El PSOE y el PSM expulsaron del Gobierno al partido de Munar en 2010. Hubo unas 200 destituciones: tres consejeros de UM y un batallón de cargos y contratados a dedo. La justicia documenta en otras causas la posible ilegalidad de la xarxa (red) de agentes partidistas que pagaban las empresas concesionarias del Consell.

La primera pista sospechosa sobre la gestión pública de Munar apareció en EL PAÍS en 1992, cuando su departamento de Cultura dio 800.000 euros en contratos a una firma de Malla Publicidad, que presidía Maximiliano Morales, su socio en un despacho privado y fundador de UM. Morales, con su empresa Itema, se adjudicó la inspección obligatoria de vehículos, la ITV, tras haber sido consejero de Industria. En 1995 el Tribunal Supremo declaró la “nulidad de la adjudicación del concurso” por la incompatibilidad de un socio.

Munar siempre aguantó bien, amparada por sus medios. Dura negociadora, implacable ante sus interlocutores, durante el juicio susurró que los jueces y los fiscales estaban en su contra. Sus exégetas dijeron que estaba siendo sometida a un juicio político. En los años 90, el ahora popular juez José Castro investigó, en vano, el posible cobro de dádivas en forma de obras de arte en el entorno de Munar.