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El juez reclama datos a la SGAE, el BBVA y Telefónica de los trabajos de Nóos

El magistrado actúa a petición de un apoderado del duque y la infanta, Mario Sorribas, imputado

La causa se centra en la supuesta malversación de caudales públicos

Ninguna firma privada denunció al yerno del Rey

Urdangarin, el segundo día que acudió a declarar ante el juez Castro, en febrero.
Urdangarin, el segundo día que acudió a declarar ante el juez Castro, en febrero.

Tres grandes marcas españolas (SGAE, BBVA y Telefónica) han de entregar al juez del caso Urdangarin la documentación sobre sus contratos con el Instituto Nóos, del duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y Diego Torres. La petición de información, decidida ayer miércoles por el magistrado José Castro, responde a la insistencia del imputado, Mario Sorribas, apoderado del duque del Palma y la infanta Cristina, en su firma particular Aizóon.

Sorribas, persona de total confianza del duque de Palma, quiere demostrar ante el juez que los pagos realizados por las tres entidades privadas corresponden a asesorías, informes y análisis efectivamente realizados. En cinco años estas compañías abonaron al grupo Nóos más de 500.000 euros cada una por servicios contratados, según las informaciones recabadas por la Agencia Tributaria, que constan en la causa. En total, Urdangarin y Torres recaudaron en estos cometidos más de cuatro millones de fondos de origen privado, casi la mitad de la facturación en cinco años.

La investigación judicial sobre este escándalo está centrada, desde 2010, en la supuesta malversación de caudales públicos, por parte de los propietarios y gestores de Nóos. Esta institución que se declaró sin ánimo de lucro, percibió 2,3 millones de euros del Gobierno de Baleares de Jaume Matas y 3,5 millones de la Generalidad Valenciana de Francisco Camps y del Ayuntamiento de Valencia de Rita Barberá. Urdangarin logró convencer a estas Administraciones, regidas por el PP, para organizar dos Forums Illes Balears, tres Summit Valencia y desarrollar el proyecto de los Juegos Europeos, nunca celebrados. La gestión económica y la liquidación de los fondos públicos en estos eventos está bajo sospecha.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez han investigado la realidad de las relaciones con Nóos de la gran mayoría de las empresas privadas, clubes deportivos y consorcios que efectuaron donaciones de patrocinio o contrataron prospecciones y eventos. Ninguna de las compañías que se relacionó con la red de fundaciones y empresas tejida por la cúpula de Nóos ha planteado reclamación o denuncia judicial. Tampoco ninguna se ha personado como acusación particular en la causa. El Gobierno de Baleares, el Partido Popular y el pseudosindicato ultra Manos Limpias comparten las acusaciones particular y popular con la que ejerce la Fiscalía Anticorrupción.

El juez José Castro siete meses atrás solicitó a la compañía Telefónica que detallara tres abonos, por más de 400.000, efectuados a Nóos entre 2006 y 2008. La SGAE entre 2005 y 2008 abonó también más de 400.000 euros a Urdangarin y Torres.