El final de ETA, en punto muerto

Ocho meses después de la declaración de cese definitivo de la violencia de ETA, el proceso de consolidación del final del terrorismo en Euskadi está en punto muerto. Sus principales protagonistas no están haciendo sus deberes. La izquierda abertzale, que dio a la banda el último empujón para su declaración final y sigue manteniendo que ese final es irreversible, no ha dado ningún paso desde el 20 de octubre. No ha reconocido con nitidez el daño causado por el terrorismo, cuando el Gobierno vasco lo ha hecho con las víctimas de la policía durante la Transición en Euskadi. Tampoco ha actuado la izquierda abertzale de modo decidido para lograr que los presos de ETA asuman la legalidad y la reinserción individual, del mismo modo que ella misma asumió la Ley de Partidos, lo que propició la legalización de su marca, Sortu, en junio.

El resultado es que los presos de ETA siguen reclamando un imposible, la amnistía. Hay una parálisis, al haberse impuesto la minoría radical sobre la mayoría de reclusos, lo que refuerza las posiciones más inmovilistas en el Gobierno de Rajoy.

El presidente reconoció públicamente el 20 de octubre la importancia de la declaración de cese definitivo de la violencia de ETA, y una prueba de su credibilidad en el final del terrorismo vasco es la reciente y masiva retirada de escoltas.

Sin embargo, apenas ha dado pasos para consolidar ese final. Es verdad que el Gobierno se opuso a la ilegalización de Amaiur, planteada por UPyD, y enunció un plan de reinserción de presos, al que aún no ha dotado de contenido. Pero mantiene la legislación especial contra los presos etarras —con la oposición a su acercamiento a las cárceles vascas y a la excarcelación de los que tienen enfermedades graves—, lo que se interpreta, desde el País Vasco, con que, en el fondo, no ha asumido que el cese definitivo de ETA ha abierto una nueva etapa política.

La actitud del Gobierno del PP choca con la opinión de una amplia mayoría de vascos que, desde el cese definitivo, defiende el acercamiento de presos a las cárceles vascas y de que se les apliquen beneficios penitenciarios si asumen la legalidad y la reinserción individual, según las encuestas. Esto explica que el Gobierno vasco, el PSE y el PNV hayan recomendado a Rajoy que acerque a los reclusos reinsertables para romper el bloque monolítico del colectivo, en el que se han impuesto las tesis maximalistas de una minoría.

El Gobierno del PP teme que un movimiento en esta dirección lo interprete la izquierda abertzale como una concesión política. Pero teme aún más los ataques de las élites de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo y de la derecha mediática, contrarias a flexibilizar la política penitenciaria, y crecidas por el inmovilismo de la izquierda independentista y de los presos.

Tampoco el PNV y el PSE están por enfrentarse públicamente con el Gobierno del PP por esta cuestión. Por un lado, temen hacerle el juego político a la izquierda abertzale ante la proximidad de las elecciones vascas. Además, el PNV se ve en pocos meses inquilino de Ajuria Enea y prefiere capitalizar desde el Gobierno vasco el tramo último del fin del terrorismo de ETA. En definitiva, el PNV ha concedido una tregua al Gobierno del PP hasta la celebración de las elecciones vascas.

El resultado es que el Gobierno del PP ahora solo recibe presiones reales desde el inmovilismo y está llegando a alimentar la ilusión de que es posible una disolución de ETA por la vía de detener los restos de la banda que quedan dispersos por el mundo, cuando la clave del final del terrorismo vasco está en las cárceles, donde se encuentran la inmensa mayoría de sus militantes y de sus líderes.

Esta confusión se aclarará tras la celebración de las elecciones vascas. Un 85% de los vascos, según los sondeos, votará a partidos, con el PNV en cabeza, que defienden activar la política penitenciaria, lo que marcará la hoja de ruta del fin de ETA, salvo que el Gobierno central esté dispuesto a arriesgarse a abrir un abismo en Euskadi, a lo que se opondría el PP vasco.