Estado de excepción parlamentario

España no ha sido intervenida. La pasada legislatura terminó unos meses antes de lo que hubiera sido su fin natural, pero terminó como debía terminar: con la celebración de unas elecciones generales, que dieron paso a una nueva mayoría, que ha constituido Gobierno. Hemos conseguido evitar que de una manera subrepticia se nos impusiera un Gobierno no elegido, con cobertura parlamentaria únicamente a posteriori, como ocurrió en Italia. La crisis tuvo un impacto más que notable en términos económicos, pero el sistema político aguantó razonablemente bien. Con la excepción del Tribunal Constitucional, cuya renovación debió producirse y no se produjo, las demás instituciones del Estado cumplieron hasta el final de la legislatura las funciones que tienen encomendadas sin desviaciones significativas respecto de lo que la Constitución establece. No se planteó ningún problema en la Jefatura del Estado. Las Cortes Generales se vieron afectadas en el ejercicio de la potestad legislativa por un mayor recurso al decreto ley a partir de mayo de 2010, pero no se vio desnaturalizado el ejercicio de dicha potestad, y no se vieron afectadas ni en el ejercicio de la potestad presupuestaria ni en el del control de la acción del Gobierno, que se desarrolló con una intensidad extraordinaria. No hubo problemas dignos de mención en el Consejo General del Poder Judicial y tampoco en el ejercicio del derecho a la autonomía y en las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. El edificio constitucional resistió la embestida de la crisis.

Esto forma parte de la herencia recibida. Cuando Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno, los distintos órganos constitucionales del Estado ejercían las funciones que tienen encomendadas con regularidad, sin que se presentaran problemas de legitimidad respecto a los mismos.

En los poco más de seis meses transcurridos desde la investidura, la situación ha cambiado dramáticamente. No hay ninguna institución cuya actuación se pueda considerar regular en estos meses, empezando por la Jefatura del Estado, siguiendo por las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y terminando por aquellas a través de las cuales se expresa la distribución territorial del poder.

El espacio del que dispongo no me permite referirme a todas, pero no quiero dejar de hacerlo a las Cortes Generales, porque son el centro de legitimidad de todo el sistema y son la institución en la que se está produciendo la mayor desviación en el ejercicio de sus funciones respecto de lo que la Constitución establece.

En estos seis meses largos ha desaparecido la potestad legislativa. Las Cortes Generales no están aprobando leyes, sino convalidando decretos leyes, la inmensa mayoría de los cuales el grupo parlamentario del PP no permite que se tramiten siquiera como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. El Gobierno está vaciando de contenido el ejercicio de la potestad legislativa. Es obvio que hay razones de extraordinaria necesidad y urgencia que justifican que se dicten decretos leyes, pero no para que solo haya decretos leyes.

Se ha devaluado de manera inequívoca la potestad presupuestaria, no solamente porque se ha hecho depender la presentación del proyecto de Presupuestos de la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía, retrasándose de esta manera la aprobación de los mismos, sino porque, además, se despreció a las Cortes, aprobándose siete días después del depósito del proyecto de Presupuestos en el Congreso dos decretos leyes a través de los cuales se impusieron los recortes en materia educativa y sanitaria.

Se ha vaciado de contenido la potestad de control del Gobierno. La tarea más importante del portavoz del Grupo Parlamentario del PP consiste en evitar la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, habiéndose llegando incluso a la supresión del debate sobre el estado de la nación. O la comparecencia de un ministro/a, como está ocurriendo con Fátima Báñez tras la filtración a un medio de comunicación del ERE del PSOE. O la de los responsables de Bankia o la del gobernador del Banco de España, que había mostrado expresamente su voluntad de explicar en el Congreso su actuación.

En la práctica no hay ahora mismo un régimen parlamentario. Hay una apariencia de régimen parlamentario, pero nada más. Me temo que es la voluntad del Gobierno prolongar este estado de excepción parlamentario todo lo posible. Lo malo de los estados de excepción es que se sabe como empiezan, pero no como se puede acabar con ellos.