El pantallazo de la ‘filtración Báñez’

Una filtración pende sobre la cabeza de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Y, además, no es una filtración cualquiera. La ministra facilitó a un periódico, La Razón, los datos secretos del Expediente de Regulación de Empleo recién tramitado por el PSOE, su partido rival. Todos los ERE son reservados, por lo delicado de su información. De hecho, los funcionarios del registro de la Dirección General de Empleo tienen prohibido dar cualquier tipo de detalle al respecto, por insignificante que parezca, porque tienen la guarda y custodia de esos aspectos de la vida empresarial y laboral de los empleados. En este caso —que el PSOE ha llevado ya por su gravedad al Parlamento y que quiere que sea investigado por la Agencia de Protección de Datos y por la justicia— no sucedió así.

Los trabajadores de la dirección de Empleo tienen prohibido dar datos

La ministra había enviado un correo electrónico desde su dirección en el ministerio (ver gráfico) a las 14.46 horas del pasado lunes 25 de junio a un periodista de La Razón con un documento adjunto (ERE nacional.doc). Tras inspeccionar las propiedades de ese documento, se puede comprobar que fue creado por una de las colaboradoras directas de la ministra, Nuria Paulina García Piñeiro, profesora de derecho laboral y con buenos contactos en la patronal CEOE, que queda identificada como autora con su DNI, que coincide con el de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.

El pasado viernes 22 de junio el PSOE tramitó, cómo muchos de sus trabajadores se venían barruntando hace meses, un ERE sobre su plantilla en el Ministerio de Empleo según la nueva redacción que permite la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (excepto en la posibilidad de calcular el despido con solo 20 días por año trabajado). La dirección del partido se vio abocada a esa solución tras los sucesivos malos datos electorales que cosechó en las últimas elecciones. Entre el 70% y el 80% de los ingresos del PSOE proceden de ese tipo de subvenciones electorales, frente al 20% que suponen las cuotas de los afiliados. Pero el PSOE no había facilitado aún públicamente los datos concretos de cuántos despedidos iba a suponer su ERE. En la documentación oficial enviada al ministerio sí se dieron todas las explicaciones y justificaciones.

El correo llegó a ‘La Razón’ el día antes de que saliera la noticia

El periódico La Razón anticipó en portada el lunes 25 de junio esa noticia a toda página: “ERE en el PSOE”. La información interior no daba muchos datos, pero sí la filosofía del expediente con fuentes internas de la secretaría de Organización: ahorrar 17 millones de euros. Al día siguiente, el mismo diario, La Razón, informaba de todos los pormenores del ERE del PSOE bajo el titular: “Rubalcaba despide a más de 180 trabajadores y pone en los primeros puestos de la lista a los mayores y a los jóvenes”.

Esa información exclusiva reproducía párrafos exactos a los contenidos en el documento elaborado por la asesora de la ministra. Bajo el encabezamiento Nota sobre las medidas de regulación de empleo (despidos colectivos, suspensión de contratos y reducciones de jornada) presentadas por el PSOE... se desgranaban los aspectos clave de ese ERE. En suma, que iba a afectar a 186 despidos de trabajadores y 61 suspensiones o reducciones de jornada, y que abarcaría el periodo comprendido desde ahora hasta 2015, cuando el PSOE piensa recuperar el pulso económico con mejores resultados políticos.

Fuentes oficiales del ministerio optaron, en un primer momento, por desmentir la información de la filtración de la ministra publicada este lunes por EL PAÍS y subrayaron que se trataba de un montaje. Esa versión se ha ido modulando a la espera de que fuera el periódico el que aportara más pruebas. La ministra no ha dado ninguna explicación pública, ni tampoco en privado al PSOE. En el Gobierno y en el PP hay división de opiniones sobre cómo afrontar la solución de este caso por su gravedad y porque toca a una ministra como Báñez, con buena conexión con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.