Dos nuevos miembros del Constitucional ya se han opuesto a asuntos pendientes

El Tribunal Constitucional pierde al fin su condición de interinidad. Los dos grandes partidos han logrado ponerse de acuerdo, después de cuatro años, para ocupar la plaza del fallecido magistrado Roberto García Calvo, y también han pactado los sustitutos de tres magistrados cuyo mandato cumplió en 2010: Eugenio Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera.

Los elegidos para sustituirlos son Fernando Valdés Dal-Ré, catedrático de Derecho del Trabajo, y Encarnación Roca i Trias, magistrada del Supremo y catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, ambos propuestos por el PSOE; propuestos por el PP entran en el alto tribunal Andrés Ollero Tassara, catedrático de Filosofía del Derecho y exdiputado popular por Granada, y Juan José González Rivas, hasta ahora magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

El acuerdo se había hecho hasta ahora imposible y el bloqueo del Constitucional amenazaba con eternirzarse. Los magistrados que tenían que ser renovados llegaron a presentar su dimisión ante el presidente, Pascual Sala, para forzar a que se cumpliera el mandado constitucional de renovación, pero Pascual no se la aceptó con el argumento de la responsabilidad.

La situación comenzó a desbloquearse el pasado mes de mayo, tras la reunión que mantuvieron en La Moncloa el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del principal partido de la oposición. Y la renovación se cerró, a falta de un par de nombres, el pasado lunes. Hoy, los dos partidos han presentado los nombres en el Congreso, pero apurando el plazo límite que el propio Rajoy se dio para culminar la renovación: antes de que acabase junio.

De los cuatro elegidos, el nuevo miembro del Tribunal Constitucional es, sin duda, Andrés Ollero (Sevilla, 1944. Ollero ha sido diputado del PP por Granada en el Congreso, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid desde 1999. En el Congreso, y hasta antes de abandonar la Cámara, fue portavoz del PP en la Comisión de Justicia eInterior del Congreso y representante de esta formación en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia.

Ollero pertenece al Opus Dei y tendrá que participar en el recurso contra la ley de matrimonios homosexuales y el aborto. Sobre ambos asuntos se ha manifestado críticamente, por ejemplo, en un texto para FAES, la fundación del PP, con el significativo título El derecho a lo torcido. En 2005, en la Universidad de Navarra dijo que el matrimonio homosexual es inconstitucional y que “lo difícil es encontrar alguien que opine lo contrario sin falsear el texto constitucional o reducirlo a papel mojado”.

Valdés se pronunció de forma rotunda en contra de la reforma laboral que acaba de ser aprobada por el Gobierno de Rajoy y tendrá que pronunciarse sobre el recurso de inconstitucinalidad que el PSOE presentó contra la reforma laboral.

Roca es bien vista por CiU, porque en su momento fue propuesta por el parlamento de Cataluña, con el voto del PSC y los nacionalistas, para ocupar uno de los puestos del Constitucional que iba a cubrir el Senado.

Rubalcaba habló esta semana con Josep Antoni Durán Lleida, portavoz de CiU, para tener su apoyo a Encarnación Roca. Los nacionalistas habían propuesto a Antoni Rovira, pero aceptan a Encarnación Roca. de hecho, Duran firma la propuesta de los nuevos magistrados del Constitucional, junto con los protavoces del PP y del PSOE.

Las vacantes que se cubrirán en el Constitucional son las correspondientes al magistrado Roberto García-Calvo, fallecido en 2008, y las que ocupan ahora, aunque su mandato expiró en noviembre de 2010, los magistrados Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera.

No está en la lista del PP Enrique López, exportavoz del Consejo General del Poder Judicial y magistrado de la Audiencia Nacional, cuyo veto por parte del PSOE frenó la renovación en la anterior legislatura. Fuentes del Gobierno aseguran que podría incluirse el próximo año cuando el Ejecutivo tendrá que proponer candidatos directamente.

El secretario general del PSOE también habló con el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, para transmitirle las propuestas y pedirle opinión. Lara le propuso el nombre de María Antonia Lozano Alvarez, magistrada de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, como consejera del Tribunal de Cuentas. El líder socialista aceptó el nombre y lo ha incluido en su propuesta para el Tribunal de Cuentas.