Un funcionario clave en el espionaje a adversarios de Aguirre pide declarar

Un funcionario que desempeñó un papel clave en la trama de espionaje pagada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para seguir a adversarios políticos de Esperanza Aguirre dentro de su propio partido, el PP, ha pedido a la juez que instruye la causa declarar de nuevo para aclarar algunas circunstancias del caso, en el que hay cinco personas imputadas.

La causa, archivada en dos ocasiones, se ha reabierto por orden de la Audiencia Provincial, que ha visto suficientes indicios de malversación de caudales públicos en la actividad de los imputados y pide que se calcule el daño hecho a las arcas públicas para sentar a los supuestos culpables en el banquillo. Los imputados dedicaron supuestamente su tiempo, pagado con dinero público, y los medios de la Administración autonómica —coches, teléfonos móviles, motos…— a un fin que no se correspondía con sus funciones y que era ilegal.

El PP nacional abrió una investigación interna sobre los hechos, que cerró sin concluir nada porque el caso llegó a los tribunales. El Parlamento de la Comunidad de Madrid creó una comisión de investigación sobre los hechos pero el PP la cerró sin que declarasen siquiera los espiados Manuel Cobo (vicealcalde de Madrid cuando ocurrieron los hechos) y Alfredo Prada (consejero de Justicia en los meses que fue seguido por agentes de la Consejería de Interior). Cobo y Prada, que denunciaron los hechos en los tribunales, no recurrieron el primer archivo y se desentendieron del asunto por orden expresa de la dirección nacional del PP. Solo el PSOE mantuvo vivo el caso con sus recursos para que la investigación continuara adelante.

El funcionario clave que pide ahora declarar se llama José Manuel Pinto y es uno de los cinco imputados en el caso. Su letra manuscrita figura en los partes mecanografiados que reflejan el espionaje, según un informe caligráfico de la policía científica que pidió la juez. Pinto lo niega. De los cinco imputados es el único que no es cargo de confianza y el que trabajaba en ese departamento de Seguridad de la Comunidad antes de que el PP llegara al poder.

El principal acusado del espionaje se llama Sergio Gamón y era director general de Seguridad cuando ocurrieron los hechos. El Gobierno de Aguirre le mantuvo con un cargo directivo muy bien remunerado hasta que la exmujer de Gamón denunció que su marido hablaba con el vicepresidente autonómico, Ignacio González, sobre los seguimientos a otros políticos del PP.

Tres guardias civiles fichados por el anterior consejero de Interior, Francisco Granados, también están imputados en el caso porque los informes facilitados por Telefónica demostraron que se encontraban en cada momento en los lugares del espionaje que reflejan los partes, siguiendo a Prada o a Cobo en sus actividades públicas y privadas de abril y mayo de 2008. Ambos políticos del PP se habían pronunciado esa primavera claramente a favor de la continuidad de Rajoy al frente del partido en un momento crítico previo al congreso de Valencia y no apoyaban a Aguirre en su amago de liderar el PP. Aguirre despidió a Prada de su Gobierno meses después de ser espiado.

Durante la instrucción de la causa, ninguno de los imputados reconoció el espionaje. Los guardias civiles que seguían a Prada a todos los sitios declararon que hacían labores de contravigilancia por indicación de su jefe, Sergio Gamón. Este negó que se hicieran contravigilancias o que él les diera órdenes porque eran asesores del consejero Granados.

Pinto quiere ahora aportar a la juez nuevos datos para esclarecer lo ocurrido. Pinto nunca estuvo en los seguimientos a Prada y Cobo. El rastreo de sus llamadas telefónicas le sitúan siempre en su lugar de trabajo y no en los sitios frecuentados por Prada o Cobo.

Sin embargo, el informe pericial caligráfico apunta que Pinto escribió de su puño y letra sobre los partes que recogían las actividades de los dos políticos.

José Manuel Pinto estuvo de baja un año y medio a raíz del estallido del caso, al verse señalado como una de las piezas claves de la trama. Tras esta situación, Pinto pidió en 2010, ya con el alta médica, volver a su puesto de trabajo pero desde la consejería se le impidió regresar durante al menos otro año y medio, según denuncia su abogado. Pese a ello, cobró su nómina sin hacer nada. Pinto ha optado no solo por pedir declarar de nuevo al ver que la Audiencia ha reabierto el caso sino que ha demandado en un Juzgado de lo Social a la Comunidad de Madrid por atentar contra su derecho al trabajo. Su abogado anuncia “grandes sorpresas” aunque de momento la juez no le va a citar a declarar a la espera de que se resuelva un recurso del PP contra la reapertura del caso por parte de la Audiencia Provincial.