La juez archiva por segunda vez el caso del espionaje a rivales de Aguirre

La juez que instruye el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid pagado con fondos públicos ha archivado este martes por segunda vez el caso. La Audiencia Provincial de Madrid había ordenado en marzo de 2011 reabrir la causa de los seguimientos a rivales políticos de la presidenta Esperanza Aguirre dentro de su propio partido. Durante dos meses (abril y mayo de 2008), tres ex guardias civiles y un ex policía nacional siguieron al vicepresidente, Alfredo Prada, al que Aguirre destituyó solo unos meses después de esos seguimientos; y al entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

Las llamadas telefónicas de los tres ex guardias civiles y del ex policía probaron que desde primera hora de la mañana hasta última de la tarde seguían a Prada a todos lados. Además, unos partes mecanografiados con anotaciones manuscritas obra de un empleado de la dirección general de Seguridad, según un peritaje de la propia policía, apuntalaba que se había producido espionaje político pagado con fondos públicos.

La juez que instruyó este caso entendió que no había quedado suficientemente probado que los espías autonómicos, todos ellos fichados a dedo por los dirigentes del PP con un sueldo que doblaba el de los trabajadores de la dirección general de Seguridad, destinaran bienes públicos (teléfonos, coches, gasolinas, sus propios salarios) “de forma principal a actividades ajenas a la función pública”, ni que se hubieran lucrado con ello. Y además, añadía la juez en el auto donde archivaba el caso tras más de un año de instrucción, era “imposible determinar la cuantía que se habría destinado indebidamente”. La Audiencia Provincial, tras estudiar la causa, entendió que “a título indiciario se habían utilizado varios funcionarios a los que se estaba pagando una nómina a fines ajenos a la causa pública. Esos funcionarios habrían destinado jornadas enteras durante muchos días al mes, los especificados en los partes, y al menos durante tres meses a fines ajenos a la función encomendada estatutariamente”. La Audiencia Provincial afeó también a la juez que dijera en su auto que no era posible fijar el importe de lo defraudado. “Con los datos que venimos adelantando”, señalaron los tres magistrados que firmaron la resolución, “no es en absoluto descartable el grave perjuicio para la causa pública, como tampoco es descartable hacer evaluación del perjuicio a través de las nóminas abonadas en los días acreditados de los seguimientos, los vehículos usados en esos días, el combustible reportado, los consumos de móviles con sus correspondientes facturas”. “La complejidad”, concluyó la Audiencia Provincial, “no puede ser sinónimo de impunidad. Además, el bien jurídico de estos delitos no tiene solo un contenido puramente económico, sino que incluye la garantía de la confianza que se deposita en el recto actuar de la Administración pública y en la legalidad de su actuación”.

La juez reabrió el caso, pidió los datos sobre coches (los cuatro espías usaron tres vehículos propiedad de la Comunidad), teléfonos, gasolina y otros gastos de los espías autonómicos, pero volvió a archivar con la excusa de que, pese a tener los datos de lo supuestamente malversado, “no era posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hayan sido utilizados en los presuntos seguimientos objeto de las actuaciones, ni por tanto consumos telefónicos o de combustible puedan estar vinculados con los hechos imputados, ni como consecuencia de lo anterior se haya producido un destino de los mismos ajeno a la función pública. Tampoco la prueba practicada ha permitido concretar el importe de la defraudación y, por ella, si ha existido”. La juez mantiene los mismos argumentos que ya fueron tumbados por tres jueces de la Audiencia Provincial.

En la instrucción del caso, los propios agentes autonómicos reconocieron en los interrogatorios que habían estado varios meses siguiendo a todos los sitios al entonces vicepresidente Alfredo Prada, aunque alegaron que lo hacían para prestarle un servicio de contravigilancia para el que carecían de competencias.

La juez ha desestimado la petición del PSOE, que ejerce de acusación popular en el caso, para que se identifiquen algunas de las llamadas hechas por el supuesto jefe de los espías, Sergio Gamón, ex director general de Seguridad al que fichó Esperanza Aguirre.