“Se están poniendo en riesgo los encuentros entre víctimas y presos”

Los encuentros entre víctimas de ETA y presos de la banda que han abandonado la violencia nacieron a comienzos de 2011 impulsados por el Ministerio del Interior, entonces bajo el mando de Alfredo Pérez Rubalcaba. El programa contó con la colaboración de la oficina de víctimas del Gobierno vasco y con un equipo de mediadores. Tres de los promotores —Txema Urkijo y Jaime Arrese, asesores de la directora de la oficina de víctimas, Maixabel Lasa, junto al coordinador de los encuentros, Xabier Etxebarria— y una de las víctimas que han participado en las reuniones, Iñaki García Arrizabalaga, han enviado una carta a EL PAÍS alertando de los riesgos que, en su opinión, plantea para este tipo de reuniones el plan de reinserción del actual Ministerio del Interior.

“Creemos absolutamente imprescindible llamar la atención sobre los efectos nocivos que se derivan de la aplicación del nuevo plan de reinserción”, opinan. “Creemos necesaria una reflexión que rectifique aquellos aspectos que se perciben claramente mejorables. Creemos que nada bueno puede salir del encuentro que se anuncia para este viernes en el centro penitenciario de Zaballa [entre Consuelo Ordoñez, hermana del concejal asesinado en 1995, Gregorio Ordoñez, y Valentín Lasarte, condenado por el asesinato] promovido por una víctima cuya intencionalidad declarada a los cuatro vientos es desmontar una práctica y una trama en la que no cree, manteniéndose además las condiciones de ‘actualidad rabiosamente informativa’ que tanto daño hacen a la iniciativa original. Lamentablemente, la celebración de ese encuentro no va a tener un resultado inocuo. Las condiciones que acompañan a la cita son las menos propicias para que nada se restaure o repare. No solo se pone en serio riesgo el programa de encuentros restaurativos que tan buen resultado ofreciera a sus participantes. Mucho nos tememos que también está en juego la apuesta por la política penitenciaria seguida hasta ahora. Los únicos que tienen motivos para sonreír son quienes no creen en la reinserción y los partidarios de la amnesia y de las soluciones colectivas”.

Los cuatro firmantes defienden los encuentros que se han llevado a cabo hasta ahora, “provechosos y muy importantes para ambas partes”. Están convencidos de que aportan a las víctimas “un valor añadido (sin negar, como es lógico, el efecto reparador que la pena supone para las víctimas y la sociedad)”, prosiguen. “También proporciona una expectativa que no se puede, en absoluto, desdeñar: la recuperación del victimario; algo deseable para él y para la sociedad que aspira a recuperarlo. Los procesos de justicia restaurativa que se han ensayado, entre nosotros, no borran las asimetrías, no establecen empates entre víctimas y verdugos; se sitúan en terrenos privados cuyo alcance no pueden entender quienes hablan desde la mala fe o desde su desconocimiento”.

Hablan, también de la necesidad de “proteger estos encuentros de la publicidad mediática”: “Es positivo que se haya sabido públicamente de su existencia y que algunas víctimas y victimarios hayan querido relatar públicamente una parte de sus vivencias y de lo que les ha aportado (con el respeto debido al principio de confidencialidad pactado, que ha de regir todo lo relativo a los encuentros). Pero son evidentes los riesgos derivados de convertir estos encuentros en productos mediáticos donde lo morboso se alce y prevalezca sobre su potencial pedagógico social”.

“No parece que el nuevo Plan de Reinserción aprobado por Interior garantice el mantenimiento de este planteamiento. Entre otras cosas, se anuncia que los encuentros se producirán a instancias de las víctimas”, señalan. “El encuentro ya es ética y socialmente asimétrico: hay un exterrorista y una víctima. Técnicamente, en mediación autor-víctima, se recomienda trabajar primero con el victimario y, solo si éste está preparado y dispuesto, ofrecer el proceso a la víctima; esto se hace así para evitar generar expectativas que puedan verse frustradas y generar revictimización. Asimismo, surgen dudas respecto a la intervención de mediadores o facilitadores profesionales. Prescindir de esta participación constituiría un grave error. (...) Los riesgos de llevar por las bravas a una víctima a un centro penitenciario y sentarle en la misma sala con su victimario, sin un trabajo profesional previo, son inasumibles”.