Exteriores teme que Gibraltar planee comprar guardacostas

El actual conflicto entre los pescadores españoles y Gibraltar puede enconarse aún más si se materializa el proyecto de las autoridades del Peñón de crear una guardia costera con el objetivo expreso de ejercer la soberanía sobre unas aguas que España considera propias. El proyecto, que el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue con recelo y preocupación, fue diseñado por el anterior ministro principal del Peñón, Peter Caruana, pero su sucesor, Fabian Picardo, que ganó las elecciones en diciembre pasado, aún no ha aclarado cuáles son sus intenciones.

El Rey ha visitado  la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, que en las últimas semanas se ha encargado de proteger a los pesqueros españoles del acoso de la policía gibraltareña. La visita de don Juan Carlos se produce una semana después de la polémica estancia en Gibraltar del príncipe Eduardo, hijo menor de la reina Isabel II, que el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, calificó de “inoportuna e inadecuada”.  Sin embargo, la Casa del Rey ha intentado desvincular el viaje de estos hechos y ha asegurado que estaba previsto desde marzo, pero que tuvo que aplazarse por el accidente en Botsuana. Un portavoz aseguró la semana pasada que el Monarca no se reuniría con los pescadores, aunque finalmente sí habrá encuentro.

Don Juan Carlos ha llegado a Algeciras sobre las 12.30, acompañado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.

La creación del nuevo servicio de guardacostas está prevista en la Borders & Coastguard Agency Act (Ley de la Agencia de Fronteras y Guardacostas), en vigor desde noviembre pasado. Entre otras funciones, dicha ley habilita a la nueva agencia para “conducir patrullas en la BGTW (Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar) y las fronteras marítimas y terrestres de Gibraltar”, así como “vigilar y asegurar el cumplimiento” de las leyes gibraltareñas sobre protección medioambiental, seguridad marítima, embarcaciones de recreo y suministro de combustible en el mar (bunkering).

Por si quedara alguna duda, la norma define la BGTW como “el mar, fondo marino y subsuelo dentro de los límites del mar territorial adyacente a Gibraltar bajo soberanía británica que, según la convención de la ONU sobre derecho del mar de 1982, actualmente se extiende hasta tres millas naúticas y hasta la mitad de la bahía de Gibraltar [Algeciras]”. Esta tesis choca frontalmente con la posición de España, que considera que Gibraltar no tiene más aguas territoriales que las interiores del puerto, según el Tratado de Utrecht (1713).

Hasta ahora, los pescadores españoles no han tenido que vérselas con el nuevo servicio de guardacostas, sino con la Real Policía de Gibraltar que, al contrario que la agencia, depende del gobernador, nombrado directamente por Londres, y no de las autoridades del Peñón

Eso no significa que el proyecto esté parado. La agencia cuenta ya con un responsable (Andrew Bonfante, un exmilitar que era segundo jefe del regimiento británico de Gibraltar) y con un presupuesto que asciende a 3,2 millones de libras (casi cuatro millones de euros) para el año fiscal que acaba el 31 de marzo de 2013. Los 70 trabajadores de la empresa privada que se ocupaba del control de pasajeros y equipajes en el aeropuerto y el puerto del Peñón fueron transferidos en noviembre pasado a la agencia, que ha tomado el control de la nueva terminal inaugurada por el príncipe Eduardo en el istmo ocupado ilegalmente por Reino Unido.

“De momento no hemos visto al nuevo servicio de guardacostas intentando imponer su jurisdicción en las aguas en disputa, pero no sería extraño que los viéramos pronto”, admiten fuentes diplomáticas españolas. No lo sería, pues su ley de creación permite a la agencia la adquisición de embarcaciones y aviones.

Un portavoz del Gobierno gibraltareño precisó a EL PAÍS que la agencia ha asumido ya la gestión de la frontera terrestre, así como la aduana del puerto y el aeropuerto. Sin embargo, Picardo “aun no ha tomado la decisión política” de desarrollar el apartado de la ley que atribuye a la agencia el control de las aguas en disputa con España.