Del 3% al ‘caso Palau’

“Ustedes tienen un problema que se llama 3%”. Era el 24 de febrero de 2005 cuando el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, acusaba en sede parlamentaria a CiU de hacerse con comisiones por adjudicación de obras. “Ahora mismo acaba de mandar esta legislatura a hacer puñetas y ha roto la confianza”, respondió con cara de pocos amigos Artur Mas, que daba por finiquitada la participación de los nacionalistas en la redacción del nuevo Estatuto de Cataluña. Maragall rectificó de inmediato. El proyecto de carta autonómica concluyó con el desgastador y magro resultado conocido. Las sombras sobre las comisiones a CDC persisten.

El caso Palau, que estalló en 2009, ha supuesto un goteo constante de dinero desviado hasta llegar a los 35 millones de euros. Paralelamente se ha ido llenando el vaso de la sospecha razonable sobre la financiación de Convergència a través del auditorio, gracias a donaciones de empresas. El primer aviso serio llegó desde dentro del Palau. Los nuevos administradores empezaron a hallar irregularidades. La primera fue un convenio firmado por Àngel Colom, actual miembro de la dirección de CDC, que siguiendo la recomendación de un “amigo” llamó en el año 2000 a la puerta del Palau de la Música: el objetivo confeso era conseguir fondos para contribuir a “la pedagogía de la cultura catalana entre las nuevas migraciones”. Ahí entró el factor Palau. La prosaica realidad enterró el noble propósito. Los 75.000 euros que recibió de Fèlix Millet, saqueador jefe del Palau —150.000, según el asiento contable de la entidad—, se emplearon en pagar deudas del Partit per la Independència, fundado y liquidado por el propio Colom tras su fracaso electoral.

El goteo continuaba. La Agencia Tributaria, en 2010, concluyó que Millet actuó como comisionista entre las empresas adjudicatarias de obras y Convergència Democràtica. Dos años después, la Unidad de Delincuencia Económica de la policía apunta a que el partido de Artur Mas se financió con dinero de grandes empresas, vehiculado a través de la Fundación Trias Fargas, que recibió, entre 2002 y 2008, 6,5 millones de euros. Según la tesis policial, CDC se garantizó económicamente la travesía del desierto en la oposición. Cada vez que se adjudicaba un tramo de metro, había movimiento en la caja.

Ahora, CiU y el PP han decidido enmendar la ley de transparencia catalana. Pretenden limitar el poder de inspección y de sanción al protectorado de fundaciones, creado para garantizar transparencia, y suprimir el acceso público al registro de esas entidades. El caso Palau invita a lo contrario.